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Por Irina Hauser y Felipe Yapur

El Gobierno y el presidente de la Comisión de Juicio Político, Ricardo Falú, se juegan una nueva carta con la que apuestan a sellar la suerte de Eduardo Moliné O’Connor. Aseguran que tienen en sus manos documentación que revela que el juez de la Corte Suprema posee un seguro de 750 mil dólares en una empresa norteamericana que le tramitó Juan Carlos Hurtig, uno de los medio hermanos de María Marta García Belsunce, conocido como “John”. El dato se convertiría en un nuevo elemento fuerte de acusación porque existe una ley que obliga a contratar seguros en el país, algo que –además– una persona inmersa en el Derecho no puede desconocer.
Por el seguro en cuestión el amigo de Julio Nazareno y “cerebro” de la histórica mayoría automática, paga 2100 dólares anuales, de acuerdo con la información que analizan tanto Falú como colaboradores de la Casa Rosada. El Hurtig que le consiguió la póliza importada –según funcionarios al tanto del tema– es el que encontró en un pozo ciego el famoso “pituto” del crimen de María Marta. Su hermana Irene Hurtig también se dedica al contrato de seguros.
Falú pondrá los nuevos elementos a discusión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en su reunión de consenso del próximo martes. El diputado, según pudo saber Página/12, evalúa la posibilidad de formular una nueva acusación basada en la violación de la ley 20.091 que regula el ejercicio de la actividad de seguros y su control. El artículo primero de esa norma obliga a cualquier ciudadano, no sólo a los cortesanos, a contratar seguros a empresas nacionales o al menos radicadas en Argentina, como forma de proteger a esta industria.
Cuando ayer los legisladores finalmente formularon los cargos contra el dirigente del tenis argentino, se desató una ola de rumores que pintaban su despedida del tribunal como algo inminente. El revuelo en la Corte era enorme y la intranquilidad de su nuevo presidente, Carlos Fayt, también. Apenas recibió la primera versión sobre la renuncia, el supremo llamó a Moliné con quien en los últimos tiempos mantiene un excelente vínculo, e incluso en sus respectivos juicios políticos tienen el mismo abogado, el constitucionalista Gregorio Badeni.
Moliné intentó tranquilizar a Fayt en una conversación telefónica, según pudo saber este diario, y le dijo que pensaba continuar en su lugar y por lo menos hacer su descargo, para lo que tiene una semana de plazo. En otros despachos de la Corte atribuían las versiones sobre la renuncia a “un proceso de desgaste al que apuesta el Gobierno similar al que implementó con Nazareno”. Describían al supremo tenista como “un duro” y decían apostar a que “resistirá mucho más”. “No es lo mismo que Nazareno. A él lo terminaron sacando de la Corte la mujer y las hijas”, explican. Lo que nadie niega es que Moliné se deprimió al enterarse que las acusaciones en su contra se convertían en un hecho, a pesar de que tres legisladores menemistas (Alejandra Oviedo, José Figueroa y Lelia Chaya) habían intentado calmarlo esta misma semana diciéndole que todavía había chances de salvarlo, incluso en Diputados.
La novedad sobre el reaseguro millonario que el dirigente del tenis tendría fuera de los confines del país fue ganando dimensión ayer, y más todavía en la medida en que el oficialismo confirmaba que el hombre no estaría dispuesto a dejar su toga de inmediato. El asunto, de todos modos, demoraría unos días en pasar a formar parte de las acusaciones. Aunque los abogados de Moliné se presenten hoy, como tienen previsto, ante la comisión investigadora de Diputados, no podrán acceder todavía a este expediente que se está conformando.
Por ahora los cargos formulados contra el ex vicepresidente de la Corte –quien, al igual que los otros supremos, siempre se negó a hacer públicas sus declaraciones juradas– son los mismos por los que se impulsaba la remoción de Nazareno. En la causa Meller S.A. se lo va a acusar de causar un grave perjuicio al Estado por habilitar un pago de 400 millones que nocorrespondía. En la que involucra al grupo Macri está cuestionado por obstruir una investigación por contrabando y perjudicar también al Estado. Y, en el tercer caso, se cuestionan las sanciones que la Corte le impuso al juez Héctor Magariños por emitir una opinión, invadiendo la jurisdicción del Consejo de la Magistratura. La semana pasada, además, el plenario de ese órgano judicial ratificó sus facultades disciplinarias y pidió al alto tribunal que se devuelva a Magariños la multa aplicada sobre su salario. En los próximos días se agregará una acusación contra Moliné por no haberse apartado en el jurado de enjuiciamiento contra el ex juez Luis Leiva, un caso sobre el que previamente había opinado. Ese punto, al igual que los cuestionamientos por contratar un seguro norteamericano, creen en el Gobierno, serían el tiro de gracia.