Después de un debate denso con intervenciones de la oposición obsesionadas con el movimiento crítico conocido como Justicia Legítima y focalizadas en “la ideología” de los candidatos a ocupar cargos en el sistema judicial que suscriben los planteos anticorporativos de esa nueva asociación, el Senado aprobó los 51 pliegos de jueces, fiscales y defensores que habían sido enviados por el Poder Ejecutivo. Entre ellos están los diez integrantes de la nueva Cámara de Casación Penal ordinaria, el tribunal que presidirá María Laura Garrigós de Rébori, uno de los nombres más atacados en la sesión de ayer, junto con el del aspirante a fiscal Carlos Gonella y el de Daniel Morín.

El pliego de Garrigós fue aprobado por 40 votos a favor y 19 en contra. Y el de Gonella por 42 a 17. El resto de los candidatos fueron respaldados por más de 50 votos y algunas pocas objeciones.

El radical Ernesto Sanz arrancó exaltado, alegando que su bloque evalúa a los candidatos por “su ideología” y “convicciones personales”. En ese contexto dijo que no daría su voto a Garrigós, quien preside Justicia Legítima, agrupación a la que definió como “una facción” cuya “única actividad pública” es “apoyar los proyectos del Gobierno” y “denostar a los jueces que fallan en contra” del oficialismo. Le adjudicó “fanatismo ideológico”. Cuestionó una protesta ante el Palacio de Justicia tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura.

Para responder, Marcelo Guinle (FpV) leyó lo que dijo Garrigós de Rébori la semana pasada en la audiencia pública: “Los jueces hablan a través de sus sentencias en los casos en que tienen que dictar sentencia. Cuando no están dictando sentencia, no hablan a través de la sentencia. Y el hecho de que seamos jueces no nos inhibe como ciudadanos. Nosotros como ciudadanos votamos, pensamos. ¿En qué nos diferenciamos de los médicos en este aspecto?”. Aquel día la jueza relató cómo se gestó y evolucionó Justicia Legítima, lo que ponía en evidencia que seguramente el Gobierno tomó de sus debates algunas ideas para sus propuestas democratizadoras, y no al revés.

A Sonia Escudero la entramparon sus propias palabras. Dijo que Justicia Legítima promovía, contra sus principios, a dos personas con vínculos familiares en la Justicia de Salta. Hablaba de Francisco Snopek, candidato a fiscal, y Oscar del Campo, a defensor. “El discurso va por un lado y las acciones por otro”, criticó. Igual anunció que apoyaba esos pliegos. Guinle le recordó que quien propone nombres es el Ejecutivo.

Como ya había adelantado, Gerardo Morales –con apoyo del bloque radical– dijo que no votaba a Morín para la Casación porque como juez subrogante en Jujuy le falló en contra. Morales y el auditor general Leandro Despouy habían denunciado a Milagro Sala y su organización por agresiones. Morín, como suplente, dijo que el caso no era de competencia federal.

Otro radical, Luis Carlos Pietcoff Naidenoff se concentró en Gonella, titular de la Procuraduría antilavado (Procelac) que aspira a una fiscalía de juicio en Formosa, y también es de Justicia Legítima. Pidió –sin éxito– retirar su pliego. Lo acusó de haber eludido requerir la investigación contra el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero y en cambio se concentró en Federico Elaskar y Leonardo Fariña. Quiere “proteger a los amigos del poder”, afirmó. Y señaló que tiene una causa abierta –también contra la procuradora Alejandra Gils Carbó– por aceptar una supuesta designación irregular como fiscal subrogante por la que actuó como fiscal en varios juicios de lesa humanidad.

Guinle recordó que Gonella no era fiscal en el caso Báez, sino un apoyo especializado para la fiscalía, por esos días a cargo de Ramiro González. Pero defendió el enfoque de la investigación. Agregó que “el sistema” funciona desde hace años con fiscales subrogantes (que ocupan 25 por ciento de las 326 fiscalías) y ad hoc, que actúan como soporte, en especial en juicios contra represores.

Mario Cimadevilla se aventuró a comparar el discurso de Justicia Legítima con la Corte de 1930 que, ilustró el senador, “justificó el golpe de Estado diciendo que era para asegurar la paz, el orden la vida y la libertad de las personas”. “Es la verdadera dictadura de los jueces”, anunció cual título catástrofe. Dijo que se oponía a las reivindicaciones gremiales de los jueces, que en rigor fueron originarias de la tradicional Asociación de Magistrados y se buscó un atajo para criticar a Gils Carbó. “Lo único que falta es que Justicia Legítima diga que el Papa la copió cuando dijo que salgan a hacer lío”, ironizó desde el Frente Amplio Progresista, Jaime Linares. En los antípodas, el senador fuegino Osvaldo López (Afirmación para una República Igualitaria) reivindicó: “No creo que no se pueda protestar desde adentro del sistema”. Avaló las críticas a través de “la teatralización” y pidió “libertad de expresión”.

Guinle defendió especialmente a Garrigós. Enfatizó sus “20 años de trayectoria probada” y que “no está militando en función de una política partidaria”. La nueva Casación, que descomprimirá a la Casación Federal al asumir todos los casos de delitos comunes, estará también integrada por Gustavo Bruzzone, Horacio Días, Luis García Morín, Pablo Jantus, Carlos Mahiques, Mario Magariños, Luis Niño y Eugenio Sarrabayrouse. “Yo creo en una justicia que piense cómo hacerse la autocrítica”, señaló Guinle.