Los represores se fugaron hace ya diez días y son buscados para prevenir que salgan del país.
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A diez días de la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, una delegación de funcionarios judiciales y miembros de fuerzas de seguridad se trasladó el viernes a provincias del Noreste argentino, de donde son oriundos ambos militares, para profundizar la investigación. Mientras en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se reciben cientos de llamados a partir de la recompensa de dos millones de pesos dispuesta por el Poder Ejecutivo al día siguiente de la fuga, ayer y por orden del juez federal Claudio Bonadío se realizaron allanamientos en Misiones, el terruño del ex mayor Olivera, y en Formosa, otra provincia limítrofe con Paraguay, destino predilecto desde el retorno de la democracia para los represores argentinos que huyen de la Justicia.

Olivera y De Marchi son los primeros represores que se fugan después de ser condenados: el teniente Julián Corres se había escapado de la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca mucho antes de llegar a juicio y murió cuando comenzaba el proceso que le hubiera costado una condena inexorable. La fuga fue el jueves 25, luego de que el juez federal Leopoldo Rago Gallo y su par Miguel Gálvez, que lo subrogó durante la feria, autorizaran un traslado de más de mil kilómetros para que se trataran por temas médicos de rutina. La gestora del traslado, quien se presentó ante el juzgado de San Juan con una serie de certificados y turnos solicitados para ese jueves, fue la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada del Hospital Militar hasta el día de la fuga, con paradero desconocido desde entonces. Olivera tenía turnos con distintos especialistas, desde un dermatólogo hasta un psiquiatra. De Marchi se había asegurado citas con traumatólogos y psicólogos.

Los rumores sobre la fuga habían surgido en junio, durante las últimas semanas del juicio. La versión que llegó a oídos de querellantes y fiscales y luego a los jueces del Tribunal Oral Federal de San Juan había surgido de los propios internos del penal de Chimbas, según publicó el diario Tiempo, de San Juan. “Ya en febrero hubo una revuelta de internos y los guardias lo atribuyeron a un agite de los ex militares. Ahora creen que estaban midiendo cómo reaccionaban los guardias”, contó el periodista Gustavo Martínez Puga. “Entre los internos era vox populi que tenían los pasaportes listos para la evasión. Se lo hacían saber con total impunidad a los presos ordinarios, a quienes también les llamó la atención que entre los represores detenidos se seguían manteniendo las jerarquías: Olivera seguía siendo tratado como el máximo jefe, como cuando manejaba el RIM 22 como oficial de Inteligencia”, relató.

Ante los rumores, el tribunal que integraron Raúl Fourcade, Héctor Cortés y Alejandro Piña ordenó reforzar la custodia, tanto en el penal como en el trayecto de traslado y en la sala de audiencias que funcionó en el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan. El 3 de julio, Olivera y De Marchi presentaron escritos pidiendo el traslado al penal de Marcos Paz. Olivera, que en el año 2000 había burlado a la Justicia italiana con ayuda de la Inteligencia del Ejército y que estuvo prófugo varios meses durante 2008, hizo un último intento para postergar la condena: ante la evidencia de que se fijaría fecha de sentencia antes de la feria, pidió una audiencia privada (se le concedió pero ante fiscales y querellantes) y solicitó el traslado urgente a Marcos Paz para ver a su madre, por supuestos problemas de salud, y a su esposa, con quien dijo intentaba recomponer el vínculo. La respuesta fue negativa y el 4 fueron condenados.

Las gestiones posteriores fueron sólo ante Rago Gallo, quien no puso objeciones al traslado. Pese a que los condenados seguían también a disposición del Tribunal Oral porque la sentencia no estaba firme, sus miembros no fueron consultados. El resto es historia conocida, aunque con escaso detalle: los agentes del Servicio Penitenciario Federal los acompañaron hasta el tercer piso del hospital, al mediodía los condenados quedaron en manos de militares médicos y recién tres horas después los penitenciarios habrían sido alertados de la fuga. La intervención inicial por la “evasión” estuvo a cargo del juez correccional Raúl García. Esa noche, enterado de la noticia, Rago Gallo ordenó la captura nacional e internacional. Un día después, mientras el Ejecutivo disponía la recompensa, el director del SPF, Víctor Hortel, presentaba una denuncia para que se investigara la responsabilidad de sus subordinados, que quedó en manos de Bonadío. La aventura de Olivera y De Marchi derivó en el pase a retiro de siete militares del Argerich y el pase a disponibilidad de los siete penitenciarios que participaron del traslado desde Marcos Paz.

El viernes, una delegación de funcionarios judiciales y agentes de seguridad partió hacia el Noreste. Los destinos fueron Misiones, Formosa y también Corrientes, los pagos de los De Marchi, familia de ganaderos y miembros de la oligarquía local. Ayer trascendió que se allanó una estancia a 30 kilómetros de Posadas llamada La Susanita, donde se sospecha que habría estado Olivera. Luego fueron requisados un comercio de venta de repuestos y una vivienda de la zona céntrica. Una de las hipótesis es que los fugados buscarían cruzar la frontera desde las provincias mesopotámicas hacia el Paraguay, un destino histórico de los represores argentinos desde el retorno de la democracia.