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Por Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Domingo Bussi pudo ganar las elecciones gracias a la impunidad. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que hay que respetar la decisión del pueblo. Sin embargo, ese tipo de decisiones deben ser tomadas por un pueblo que pudo hacer justicia y conocer la verdad de hechos aberrantes que lo han tenido como víctima. No es el caso del pueblo tucumano, que continúa padeciendo la impunidad, la mentira y el autoritarismo. En tal estado, no se puede hablar de decisiones libres, pues fue tomada sin justicia, sin verdad. Para que pueda haber justicia el Gobierno debe, de una buena vez, tomar la decisión política que aún no adoptó: derogar el decreto de De la Rúa que impide las extradiciones (entre ellas la de Bussi) y pronunciarse por la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. En su discurso ante las FF.AA., Kirchner circunscribió la cuestión a responsabilidades individuales, cuando también existió –y existe– una responsabilidad institucional de las FF.AA. La frialdad de los militares ante el Presidente ha sido una respuesta institucional en ese sentido y guarda relación con su frontal oposición a cualquier acto de verdad y justicia. Existen trascendidos de que el Gobierno estaría analizando derogar el decreto de De la Rúa pero impidiendo que los militares queden detenidos en el marco de un proceso de extradición. Ello implicaría obstaculizar la intervención de los jueces, una violación a la ley de extradición y de cooperación judicial, al tratado existente entre España y la Argentina, y la imposición de un nuevo privilegio para los uniformados. También, que Bussi pueda seguir jugando a la democracia mientras los argentinos aún esperamos justicia.