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El ministro de Trabajo Carlos Tomada está convencido de que en septiembre el Gobierno podrá anunciar una nueva suba de jubilaciones, esta vez ampliada a una franja mayor de bajos ingresos. Si no ocurre algo inesperado, dinero no faltará. Aunque a los consultores de la city se les erice la piel, el Estado no pondría ni un solo centavo extra para financiar los aumentos. Al contrario, la incorporación de los 200 pesos no remunerativos al salario mejorarán tanto la recaudación de la seguridad social que si el Gobierno no anunciara otro incremento de jubilaciones, entonces se quedará, después de abonar el aumento en la jubilación mínima, con 500 millones de pesos limpios en la caja. Si ese dinero irá a parar nuevamente al bolsillos de los jubilados o pagar a los acreedores, como pretende el Fondo Monetario, es lo que deberá decidir Kirchner en septiembre.
Apenas vieron las cifras, los funcionarios del FMI sonrieron complacidos. Por eso, por primera vez en mucho tiempo, guiados siempre con un criterio fiscalista, no hicieron pública ninguna objeción formal a un aumento de jubilaciones y salarios privados. Según los cálculos que manejan en Trabajo, con las medidas de la semana pasada, el Gobierno estima recaudar hasta fin de año, en aportes jubilatorios, 800 millones de pesos adicionales, mientras que el aumento de la jubilación costará unos 330 millones. A ese resultado se llega de la siguiente manera: a partir de julio, los haberes de 1,6 millón jubilados y pensionados, que cobraban el mínimo, aumentarán en promedio 28 pesos. Esta mejora, durante 6,5 meses (de julio a diciembre más medio aguinaldo), significará al Estado un costo de 330 millones.
Por otro lado, la incorporación de los 200 pesos al salario redundará en un salto de la recaudación en seguridad social. En adelante, sobre ese monto, una nómina salarial de casi 5 millones de trabajadores en el sector privado deberá tributar 27 puntos en aportes (16 a cargo del empleador y 11 del trabajador). Es decir, de cada 200 pesos que se incluyan en el recibo de sueldo con carácter remunerativo, el fisco embolsará 54 pesos. Como el proceso será gradual (a lo largo de 8 meses), el aumento de la recaudación previsional durante el segundo semestre será “sólo” de 800 millones.
Claramente, con las medidas anunciadas por Tomada y Lavagna, antes que gastar, el Estado “ahorrará”. Más aún, si el cálculo se realiza en términos anuales el superávit es exorbitante: con los 200 plenamente remunerativos, el Estado recaudaría 3500 millones de pesos adicionales, mientras que el costo anual del incremento de la jubilación mínima sería de apenas 660 millones.
Pero los ingresos previsionales tendrán este año otro impulso extra, como consecuencia del fuerte aumento en el precio de los cigarrillos. Para tener una idea, durante 2002, Seguridad Social recolectó 180 millones de pesos a través del impuesto a los cigarrillos, mientras que sólo hasta junio de este año –es decir, antes de la remarcación– embolsó 265 millones.
Para este año, antes de los anuncios, los números de la Anses no lucían tan mal. Sobre un gasto de 25.000 millones de pesos, se preveía un déficit de 700 millones. Una cifra bastante razonable si se tiene en cuenta que, además de los 18.000 millones en pagos de jubilaciones y pensiones, la Anses financia varias cajas más: transferencias a provincias por 1000 millones; 600 millones en transferencias a las AFJP para el pago de jubilaciones; 470 millones en asignaciones familiares y otro tanto en seguros de desempleo; aportes al PAMI; y las cajas especiales, del Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero además, no hay que olvidar que, como consecuencia de la privatización del sistema, el Estado deja de recaudar anualmente más de 4000 millones de pesos en aportes previsionales, los que van directamente a las cuentas de las AFJP. Así las cosas, Tomada ya le anticipó al Presidente que, si la recaudación marcha normalmente, en septiembre habrá que tomar una decisión: a dónde irá el dinero que sobrará en las cuentas del Anses.