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Con la forma de decretos de necesidad y urgencia ingresó ayer al Senado bonaerense el paquete de medidas contra la inseguridad dispuesto por el gobernador Felipe Solá, entre ellas la ampliación de atribuciones a fiscales y la designación de los jueces de paz para resolver casos penales. Para que no se discutiera la inconstitucionalidad de los decretos, en lugar de refrendarlos, el bloque de senadores del PJ los copió textualmente y los presentó como proyectos de ley. La mayoría oficialista en la Legislatura provincial augura un tratamiento rápido. Pero los decretos amenazan con provocar cismas varios: no es homogéneo el apoyo de los legisladores. Los jueces se oponen por la ampliación de poderes a fiscales. Los fiscales se oponen porque sostienen que son reformas superficiales y cosméticas. Y todos se oponen a las atribuciones penales de los jueces de paz. Todos, incluidos los jueces de paz.
Ayer por la tarde los cuatro decretos ingresaron en el Senado, donde el oficialismo tiene mayoría propia. “Los decretos de necesidad y urgencia no requieren la aprobación parlamentaria, pero la idea era que la Legislatura los refrende para que tengan un apoyo legislativo”, dijo a Página/12 el presidente del Senado, Hugo Corvatta (PJ). Son cuatro decretos, firmados el viernes pasado por Solá. El 1111 habilita a los fiscales a realizar allanamientos y secuestro de pruebas sin previa autorización del juez de Garantías; y otorga a los jueces de paz de toda la provincia atribuciones penales análogas a las de los jueces de Garantías. El 1112, habilita a los fiscales a recibir denuncias sobre tráfico de drogas. El 1113 da poderes de policía a las fuerzas federales que intervienen en los operativos bonaerenses. Y el 1115, da 10 días a los desarmaderos para ponerse en regla. Pero así como entraron al Senado, fueron copiados textualmente y presentados como proyectos de ley de autoría de senadores del PJ.
–La idea original era refrendar los decretos. Pero se iban a presentar dos discusiones –dijo un vocero del bloque oficialista–: una sobre el contenido y la otra sobre si, como decretos, son constitucionales. Presentándolos como proyectos evitamos la segunda discusión y los tratamos en la próxima sesión sobre tablas.
–Con tan poco tiempo, evitan también la discusión del contenido.
–Y... sí. Pasan como por un tubo. Va a traer cola. Los jueces de paz empezaron a pedir más estructura y algunos no están de acuerdo.
El senador Jorge Drkos (FG) sostuvo que acompañarán los proyectos en lo general. “Pero nos oponemos a las atribuciones a los jueces de paz. No fueron electos para esa función. No están capacitados para cumplirla. Es como poner un oftalmólogo a atender en terapia intensiva.”
La estrategia del oficialismo es plantear sobre tablas la votación de los cuatro proyectos, para lo que requieren los dos tercios de la Cámara para su aprobación. En caso de no lograrlo, ingresarán los proyectos para el día siguiente en su trámite normal, para lo que les basta con su mayoría simple para aprobarlos. Con media sanción, pasarán a diputados.
Hoy se reunirán los bloques radicales de ambas Cámaras para debatir el asunto. Las aguas están divididas. “Creo que así (Solá) no va a solucionar nada –dijo el diputado Marcelo Di Leo–. El nombramiento de los jueces de paz puede dar lugar al pedido de nulidades de sus decisiones. Hay que ver si no implica sacar al imputado de su juez natural, lo que es inconstitucional. No están preparados para resolver sobre cuestiones penales. Consulté a varios de ellos y no quieren saber nada. Que los fiscales intervengan en casos de drogas es complicado. Es otro quiosquito para la Bonaerense, porque la mayoría delega funciones en la policía.”
Fuera del ámbito legislativo, la Red Argentina de Justicia para la Democracia, conformada por jueces y fiscales, sentó opinión crítica sobre el asunto. “Es una reforma cosmética –sostuvo un fiscal integrante de la Red–. La inseguridad no se trata de ausencia de leyes sino de cuestiones más profundas como la marginación y la corrupción. La ampliación de atribuciones a fiscales no es tal porque son atribuciones que ya tienenpor ley. Siempre estuvieron obligados a recibir una denuncia sobre drogas. Siempre, y no con estas reformas, un fiscal que requiere un allanamiento con urgencia y no encuentra al juez, lo hace y después eleva al juez para su consideración. Es una opción falsa: mano dura o garantismo. Y sacan reformas inútiles para decir que resuelven apretados por la urgencia.”