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Lo que resuena en tribunales ya desbordó las páginas policiales y pasó a ser todo el noticiero. Cuando le aumentan la condena a Eduardo Vásquez, el ex baterista de Callejeros, que asesinó a su esposa quemándola, lo que está en discusión es el femicidio y las explicacionesjustificaciones-atenuantes que todavía provoca en una sociedad que arrastra pesos machistas.

Cuando cierran la cárcel de Campo de Mayo y trasladan a los presos por delitos de lesa humanidad a una cárcel común, se está hablando de derechos humanos y todas sus connotaciones así como de las contemplaciones que tuvieron muchos jueces con ese tipo de criminales.

Cuando la Corte bonaerense confirma la condena por pedófilo al sacerdote católico Julio Grassi, se está hablando de la crisis de la Iglesia católica por la multiplicación de este delito entre sus filas en todo el mundo. Se está hablando incluso de la protección que han recibido estos delincuentes por parte de la Iglesia.

Cuando la Corte ordena que se investigue al abogado, a la ONG y a la jueza que impidieron que una joven se realizara un aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires se está hablando de la obstrucción de un derecho establecido por una ley.

Cuando el juez Claudio Bonadío condena por abuso de poder al secretario de Comercio Guillermo Moreno en el marco de una campaña electoral, se está hablando de la forma en que muchas veces los jueces intervienen en política incluso forzando fallos.

Cuando el fiscal acusa al maquinista por la tragedia de Castelar, basándose en las pericias científicas, inevitablemente se está hablando de la forma en que los gremios, tanto La Fraternidad como la sección de la Unión Ferroviaria que encabeza el Pollo Sobrero, denunciaron que habían fallado los frenos viejos y que las vías estaban en mal estado. Se está hablando de una manera corporativa de entender el gremialismo llevada al extremo de tratar de ocultar responsabilidades o de utilizar estas desgracias con fines políticos.

Cuando un tribunal local abre la única causa en el mundo contra represores y torturadores de la época del dictador Francisco Franco en España y pide la captura internacional de cuatro represores franquistas, se está hablando de lo mucho que la Justicia argentina ha podido incorporar a partir de su propia experiencia desde 1984 en adelante.

Ni hablar del aniversario de la desaparición de Jorge Julio López, un desaparecido en democracia por su participación como testigo en el juicio contra el ex jefe de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz. Ese aniversario es el recordatorio de que las formas autoritarias del pasado y de la actualidad se enlazan y se dan continuidad, que anidan muchas veces ocultas en pliegues del aparato estatal que pueden actuar en contra de ese mismo Estado.

Femicidio, cárcel común a represores, un importante religioso condenado por pedofilia, causas abiertas para influir en la campaña electoral, una investigación por obstrucción a un aborto no punible, una concepción del sindicalismo que afecta tanto a la derecha como a la izquierda y la aplicación de avanzada en el mundo del concepto de justicia universal por la Justicia argentina, todos esos temas atravesaron los pasillos de los tribunales entre el lunes y el viernes de esta semana. Constituyen el corazón de algunos de los debates centrales que tienden a producir una gran transformación de la Argentina. Debates que resuenan en los medios, en la Casa de Gobierno y en el Congreso. Que tienen desarrollo en las universidades, en los movimientos sociales y los partidos políticos y que de alguna manera terminan por plasmarse o de manifestar sus reflejos en el ámbito históricamente menos sensible de la Justicia.

Menos sensible quiere decir que hasta no hace tantos años, la Justicia sólo dirimía las cuestiones estrictamente policiales. Pocos de los otros temas llegaban a esas instancias. Ahora, ninguno de ellos queda fuera. Podría decirse que han pasado a conformar el cogollo de la actividad judicial. Tan es así que muchas veces los abogados en causas policiales tratan de politizar sus querellas para conseguir cobertura mediática o para generar algún rédito electoral o político. El caso del asesinato de la adolescente Angeles Rawson fue un ejemplo de esa estrategia insólita que tuvo la complicidad de los grandes medios, aunque fracasó porque los agujeros del relato fueron muy evidentes. El bombardeo persistente de denuncias de corrupción con testigos que luego se desdicen en los tribunales forma parte también de otro mecanismo en el que se utiliza la Justicia. Esta semana, el ex gerente de las empresas de Lázaro Báez, Horacio Quiroga, que había sido presentado con bombos y platillos por la editorial Perfil, desmintió en los tribunales sus supuestas declaraciones publicadas por ese medio. Lo mismo sucedió con la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, y con los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña, que tras ser presentados como testigos contra Néstor Kirchner acusaron después a Jorge Lanata de “armar el libreto” contra el Gobierno. Las operaciones mediáticas están montadas como shows escandalosos que buscan –y consiguen– un golpe de efecto, pero que no tienen consistencia para un tratamiento judicial, donde por lo general son desbaratadas porque no hay pruebas documentales y los testigos han sido comprados o tergiversados y se desdicen ante los jueces.

Prácticamente todas las disputas que antes tenían su desenlace en un escenario de relaciones de fuerza sin llegar a los tribunales, ahora pasan por allí, adonde trasladan esa confrontación de poderes que así operan con todo su peso sobre los actores judiciales, jueces y fiscales. Como sucede en todos los países, el aparato estatal tiene un peso decisivo cuando está asociado a los poderes fácticos: económico, militar, religioso, mediático o de otras corporaciones, pero es el más débil cuando las confronta porque su propia estructura está inficionada por ellas y lo mismo sucede con la estructura judicial.

En cinco días, de lunes viernes, un puñado de jueces tuvo que definir cuestiones que han sido larga y previamente elaboradas, digeridas, consensuadas y decididas en espacios sociales, políticos, culturales y legislativos, donde la sociedad produce trabajosamente sus propias lógicas de convivencia. Se supone que la Justicia solamente tiene que decidir sobre lo que ya fue aprobado. No puede crear normas o bloquear las que ya han logrado esos consensos. Pero lo que fue aprobado no existe si no se aplica y ahora ese tránsito a la vida real depende de la Justicia. Es el cuello de botella. Nunca como ahora la Justicia aparece como uno de los poderes con más poder, porque se convirtió en el punto de encrucijada de todos los demás.

La agitada performance judicial de esta semana demuestra que no se puede pensar a la Justicia de la misma manera que quince o veinte años atrás. Los resultados de esa actividad tampoco pueden leerse como si se tratara de un bloque homogéneo para un lado o para el otro. Lo que se percibe es un cuerpo desigual, a veces incluso con posiciones antagónicas. La magistrada que obstaculizó la realización de un aborto no punible es antagónica a los jueces de la Corte que aconsejó que el caso de esa jueza sea analizado en la Magistratura.

Si se toma un tema que no tiene una conexión evidente con la política o con la disputa entre oficialismo y oposición, como es el femicidio, hubo un fallo que reconoció atenuantes por estrés postraumático y emoción violenta. A estos crímenes, la tradición más conservadora y machista tiende a encontrarles explicaciones que toman la forma de atenuantes en el momento de la condena. Pero otro fallo advirtió esta circunstancia, sacó los atenuantes y la pena fue mayor.

En el tema de los derechos humanos, los primeros condenados conseguían fácilmente la prisión domiciliaria u otros privilegios por la condescendencia de los jueces. Esta situación de “comprensión” que favorecía al terrorismo de Estado frente al delincuente común, acercaba la Justicia a los represores. La idea de cárcel común a los represores, la aleja.

Aunque todavía tiene preponderancia la preservación del viejo aparato judicial conservador, cada vez más aparece como un esfuerzo inútil. Para bien o para mal, el sistema es permeable a los recambios generacionales y a los debates que se producen en la sociedad. Pero además, ese viejo sistema, relegado por el protagonismo de los otros poderes republicanos, estaba pensado para una función que ya fue superada por la realidad. Como lo demuestra esta semana, que no es tan diferente de otras, el nuevo protagonismo de jueces y fiscales está reclamando una reforma, transformación o como se quiera llamar del sistema judicial. La reforma está planteada por la realidad, no es un invento político, aunque, obviamente, pensarla, debatirla y proponerla forma parte de la política.