El ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chaín, y el jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, lograron postergar para la semana próxima su declaración indagatoria por la represión en el Hospital Borda. Como informó ayer Página/12 en exclusiva, los dos funcionarios macristas y un oficial de la policía porteña fueron citados a declarar como imputados por los delitos de “abuso de autoridad, requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública y desobediencia de una orden judicial”, cometidos cuando un grupo de choque de la Metropolitana reprimió, disparando a quemarropa balas de goma contra hombres y mujeres que protestaban por la demolición de un taller protegido en el hospital. Ayer, la Justicia porteña ratificó que continúa suspendida la construcción del Centro Cívico en el Hospital Borda hasta tanto el gobierno porteño presente un estudio de impacto ambiental y dé intervención a la Secretaría de Cultura, para que se expida sobre la protección de los espacios del hospital catalogados como patrimonio histórico. Semejante adversidad podría obligar a la gestión macrista a desistir de lo que hasta ahora era su obra insignia.

El cerco judicial sobre el proyectado Centro Cívico es doble: por un lado, la Justicia penal imputa a los funcionarios que motorizaron la demolición de una instalación hospitalaria para construir allí el nuevo centro administrativo. Por otro lado, en el Fuero Contencioso Administrativo porteño le impiden a la gestión macrista avanzar con la obra hasta que no cumpla con los procedimientos legales exigidos.

Según informaron ayer fuentes judiciales, tanto Chaín como Giménez lograron que el juez Jorge Adolfo López, a cargo de la causa, posponga su declaración indagatoria, al igual que la del jefe de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), Martín Jorge Roth. No se informó qué día de la semana próxima van a declarar los imputados.

Chaín es defendido por el ex fiscal federal Eamon Müllen, en tanto que los oficiales de la Policía Metropolitana son asistidos por el penalista Carlos Froment, quien también defendió al sindicalista José Pedraza, condenado por el crimen de Mariano Ferreyra.

La causa se inició a partir de denuncias, entre otros, del asesor tutelar Gustavo Moreno, el defensor oficial porteño Luis Duacastella y la Defensoría General de la Nación, todos en representación de los pacientes heridos durante la represión. De los tres organismos, el único que es querellante en la causa es la Defensoría de la Nación. “Este tipo de patrocinio legal a personas víctimas de violencia institucional es otorgada a través del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico, a fin de garantizar el acceso a la Justicia de quienes están en situacion de extrema vulnerabilidad”, informó el organismo.

En el mismo juzgado, prestaron declaración indagatoria esta semana los trabajadores que fueron detenidos el día de la represión y fueron imputados por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

En tanto, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo consideró que no se encuentran cumplidos los requisitos exigidos para iniciar las obras del Centro Cívico, por lo cual resolvió mantener la cautelar dictada el 28 de diciembre de 2012, hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se cumplan los recaudos exigidos.

En su fallo, los jueces Fernando Juan Lima, Esteban Centanaro y Mabel Daniele (en disidencia parcial), consideraron que no se encuentra acreditada la evaluación de impacto ambiental, como tampoco la intervención de la Secretaría de Planeamiento Urbano y la Secretaría de Cultura, todos requisitos exigidos por la ley. Es que el proyecto prevé la construcción de 49.910 metros cuadrados, y las obras mayores de 2500 ya son consideradas de relevante impacto ambiental. Por otra parte, según el Código de Planeamiento Urbano, por las parcelas adyacentes a lugares declarados Area de Protección Histórica, calificación que rige para varias construcciones del Borda, se debe consultar previamente a la Secretaría de Planeamiento Urbano y a la de Cultura.