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Los diez militares acusados de fusilar a veintidós presos políticos en la Masacre de Margarita Belén en diciembre de 1976 quedaron ayer en libertad por orden de la Cámara Federal de Resistencia, que le quitó la competencia del caso al juez Carlos Skidelsky. Los fiscales que intervinieron en el trámite son subordinados de dos funcionarios que están involucrados en la causa. Esta maniobra fue repudiada por los organismos de derechos humanos que impulsan el expediente, HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), que adelantó que denunciará las “gravísimas irregularidades” ante la Procuración General de la Nación. A ellos se sumó la voz del presidente del Superior Tribunal del Chaco, Eduardo Molina, quien afirmó que se trató de “una jugada política de la ultraderecha, de jueces que han sido antidemocráticos toda la vida”.
La Cámara Federal del Chaco, integrada por Tomás Inda, Diómedes Rojas y María Beatriz Fernández, hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el defensor oficial Carlos Pujol y ordenó la libertad de los detenidos, entre los que hay tres militares en actividad. Nueve presos estaban en la Base de Apoyo Logístico del Ejército, en Resistencia, y el décimo en el Hospital Militar de Buenos Aires.
La Cámara, además, afirmó que Skidelsky, el magistrado que investiga el caso, que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y ordenó la detención de los militares, no era competente para intervenir en este expediente.
Inda, Rojas y Fernández enviaron la causa a la Cámara Federal de Rosario. La decisión se tomó en base a que fue ese tribunal el que llevó la causa en la década del ’80, cuando las cámaras federales actuaban como segunda instancia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este criterio ya fue modificado por distintos tribunales, que se inclinaron por que los delitos fueran investigados por los jueces de primera instancia de los lugares donde se llevaron a cabo los hechos. La Cámara Federal de Rosario, incluso, declinó su competencia.
Más allá de la resolución de quitarle el expediente a Skidelsky, los querellantes señalaron que no era correcto que esa decisión se tomara en un pedido de hábeas corpus. “Ese es un procedimiento en el que sólo se puede revisar la existencia de una orden de detención y las condiciones en las que se cumplen y no cualquier cuestión relacionada con la causa. La argucia de dictar la incompetencia en este procedimiento hizo que se privara a las partes de ser oídas. Además, por ley corresponde a la Corte Suprema y no a la Cámara de Resistencia resolver conflictos de competencia en esta causa”, afirmó el CELS, cuyo presidente, Horacio Verbitsky, presentó, en mayo de 2001, la denuncia por la masacre ante Skidelsky.
Reproche
El presidente del Superior Tribunal del Chaco coincidió con los querellantes al señalar a Página/12 que, “desde el punto de vista jurídico, utilizar un hábeas corpus para tomar esa resolución no es idóneo y en eso va a coincidir toda la comunidad jurídica”. Molina aseguró que el fallo de la Cámara de Federal de Resistencia “es una bofetada a las definiciones del presidente Néstor Kirchner para salvar estas definiciones del pasado y un paso atrás en el derecho supranacional y en la sanción de todos los crímenes de lesa humanidad”.
Mario Bosch, abogado de HIJOS del Chaco, aseguró que “detrás de esta decisión están los sectores enquistados en el Poder Judicial con alto compromiso directo y personal con la impunidad”. Es que Inda, uno de los integrantes de la Cámara de Resistencia, ocupaba ese cargo durante la última dictadura y no investigó la muerte de Carlos Salas, una de las víctimas de los fusilamientos de diciembre de 1976, quien tenía una causa judicial abierta ante su tribunal. Además, los fiscales chaqueños Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni fueron denunciados como cómplices de la masacre y de haber participado en sesiones de tortura. En 1976 eran, respectivamente, secretario de juzgado y fiscal del magistrado que intervino en el caso y fue funcional a la versión militar que aseguraba que se había producido un intento de fuga mientras los presos eran trasladados desde la alcaldía del Chaco a Formosa.
Flores Leyes y Mazzoni se inhibieron de intervenir en el hábeas corpus presentado por la defensa de los militares pero dejaron que participaran sus subordinados: Ana María Torres y Carlos Sanserri. “El resultado de la intervención fiscal fue la absoluta complicidad con la estrategia de la defensa. El CELS solicitará a la Procuración General de la Nación que intervenga ante esta inaceptable irregularidad”, afirmó el organismo de derechos humanos.