Martes, 5 de noviembre de 2013 | Hoy
EL PAíS › EL SUBSECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, GUSTAVO LóPEZ, ANALIZA LA PROPUESTA DEL GRUPO CLARíN
López advierte que en la presentación realizada por Clarín no figuran todas sus licencias, aunque igual considera un gran avance que hayan aceptado adecuarse a la ley. Desmiente que otros grupos hayan tenido más tiempo.
Por Laura Vales
“No hay ningún proceso judicial internacional que pueda parar la aplicación de la ley de medios”, señaló el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, luego de que Clarín presentara a la Afsca un plan de la adecuación voluntaria, con la aclaración de que seguirá adelante con las acciones judiciales contra la ley. López rechazó, además, el reclamo del grupo de una extensión de los plazos legales formulado con el argumento de que si no tendría un trato de desventaja en relación con otras empresas periodísticas.
–En principio, que lo importante es que se hayan presentado. La sentencia de la Corte tiene tres dimensiones: una político-institucional, otra jurídica y la tercera de aplicación práctica. En lo político-institucional, el conflicto de Clarín no es sólo con el Gobierno, sino con el sistema democrático: a una ley que había sido propuesta por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Legislativo para democratizar la palabra, ellos la paralizaron durante cuatro años. En este sentido, la Corte puso con su fallo a la Constitución por encima de los grupos económicos. Es un tema no sólo en favor del Gobierno, sino del sistema político. La segunda implicancia del fallo es jurídica, de consagración de la libertad de expresión y de sus leyes regulatorias. La Corte no dijo “esta ley no atenta contra la libertad de expresión”, sino que dijo “sin esta ley, no habría libertad de expresión, porque tiene que haber regulación previa para que no haya concentración”. La tercera implicancia es práctica y este es su primer resultado: Clarín presentó un plan de adecuación. Ahora habrá que estudiarlo, analizarlo, y así como se decide sobre Telefónica o sobre el grupo Vila-Manzano, se va a tener que decidir sobre Clarín.
–Sí, porque ya no hay ningún proceso judicial internacional que pueda parar la aplicación de la ley. Creo que ellos lo dicen pour la galerie, como una cuestión política. La Corte Suprema es la última instancia en la Argentina, su sentencia es definitiva y no queda otra que cumplirla. Cualquier intento en los tribunales internacionales, y el único en este caso es la Corte Intera-mericana de Derechos Humanos, tiene un pronóstico desfavorable y además no causa otra cosa que una recomendación. Es decir que el grupo sabía que hacía la adecuación o se hacía de oficio.
–En un proceso de 120 días pueden haber idas y vueltas hasta que se llegue a un acuerdo total. Es decir, que pueden haber rechazos parciales hasta tanto se llegue a un acuerdo. La Afsca puede decir “esta parte sí y esta no porque está mal hecha, le doy diez días para adecuarla”.
–En principio en la adecuación voluntaria pareciera que no, sí al final de la adecuación voluntaria, si algo se rechaza.
–No, faltan licencias. Hay un mapeo que hizo la Afsca en el que están todas, y en lo que ellos presentaron se ve, con una simple lectura, que no figuran todas. Pero la Afsca sabe qué tiene el grupo y qué no.
–Creo que han tenido un debate interno. Más allá de lo que ellos pongan en la tapa de los diarios, han tenido que aceptar la realidad. Los grandes grupos nunca quisieron una ley de medios e impidieron durante casi 26 años que se sancionaran proyectos anteriores. Luego, Clarín impidió durante cuatro que se aplicara la nueva ley. Entonces, ellos tenían una estrategia que durante años les resultó exitosa, pero que hoy dejó de serlo.
–Los tiempos están vencidos, es falso que otros hayan tenido más tiempo y Clarín no. La Corte Suprema, en mayo de 2012, fijó que el vencimiento de la cautelar era el 7 de diciembre. Ellos podrían tranquilamente haber presentado un plan de adecuación ad referéndum de lo que resolviera la Corte Suprema. Si la Corte resolvía la inconstitucionalidad, no reconocían la existencia de la ley y si declaraba su constitucionalidad, tenía presentado el plan. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el desafío era político, era decir “nosotros podemos más si estamos afuera”. Y dejaron vencer los plazos, pero la propia Corte ya había dicho que estaban corriendo los plazos. Entonces, es falso que otros hayan tenido más tiempo, todos tuvieron el mismo plazo que venció el 7 de diciembre de 2012. El problema es que ellos no quisieron reconocer ni a la Afsca ni a la ley, ni al Congreso ni al Poder Ejecutivo, ni a la Constitución nacional.
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