“Los adolescentes están enfrentando una sociedad que les da mensajes muy contradictorios: por un lado, los incentiva al ejercicio de una sexualidad temprana, y al mismo tiempo les niega sus derechos sexuales”, consideró la brasileña Carmen Barroso, directora regional de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por su sigla en inglés), una de las mayores organizaciones en la promoción de la salud sexual y reproductiva en el mundo. Entre sus preocupaciones figuran las consecuencias en la salud de las mujeres de la criminalización del aborto. En diálogo con este diario, Barroso advirtió sobre el impacto de las leyes que despenalizan la interrupción voluntaria del embarazo y en ese sentido señaló que si van acompañadas de provisión de anticonceptivos, las tendencias muestran que disminuye la cantidad de abortos. “Si una persona está en contra del aborto, debería promover su despenalización para que haya menos abortos. Sería más coherente”, reflexionó.

Barroso tiene su oficina en Nueva York. Viajó a Buenos Aires para inaugurar un centro de salud dedicado exclusivamente a adolescentes que será gestionado por una entidad civil asociada a la IPPF, en el barrio porteño de Almagro.

“Los adolescentes son los más olvidados del sistema de salud, no sólo en nuestra región, sino en todo el mundo. Los focos están puestos en políticas para niños o adultos. Son niños muy grandes o adultos muy pequeños. No hay servicios dedicados a sus propias necesidades, que son muy importantes. Tienen cambios biológicos, psicológicos. Están en una etapa en la que están adquiriendo una identidad propia”, advirtió la experta, en diálogo con Página/12. Con larga trayectoria en el tema, Barroso es co-presidenta del Panel sobre Género y Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ninguno de los Objetivos del Milenio, las metas para mejorar indicadores sociales, educativos, de salud y equidad, a los que se comprometieron las naciones que conforman el sistema de la ONU, se refiere a esa franja etaria, apuntó. “Los adolescentes son una proporción muy grande de la población mundial: actualmente hay 1200 millones de adolescentes en el mundo. Y 16 millones de embarazos en adolescentes por año. La adolescencia es el período de la vida en el que sientan los fundamentos para una vida sana; los hábitos que adquieran pueden tener consecuencias para los sistemas de salud en el futuro”, describió, para destacar la importancia de ofrecer servicios amigables y especializados. Con esa idea es que IPPF decidió financiar y apadrinar la apertura de un centro para adolescentes, que brindará atención a bajo costo –a personas de 10 a 25 años– y orientación y acompañamiento en temas vinculados con la salud de manera gratuita. El equipo médico que lo dirigirá tiene la experiencia de más de dos décadas al frente del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, donde llevan adelante un modelo de atención pionero en el país de consejería pre y post-aborto para adolescentes que enfrentan embarazos que no desean continuar, pensado como una política de reducción de daños y riesgos, entre otras iniciativas innovadoras.

–En la Argentina se logró en la última década la aprobación de una serie de normas vinculadas con la salud sexual y reproductiva, entre ellas una Ley de Educación Sexual integral, pero su efectiva implementación avanza a paso lento. ¿Por qué hay tanta resistencia en ciertos gobernantes frente a estos temas?

–La ciudadanía se conquista cotidianamente, con el conocimiento. Para exigir los derechos, primero tengo que conocerlos. En sociedades tan desiguales como las de nuestra región, el desconocimiento de los derechos en una cuestión bastante extendida. Vengo de Brasil y me contaba la gente del Ministerio de Salud que hicieron una encuesta con más de 100 mil mujeres que habían tenido un bebé recientemente y apenas el 20 por ciento de ellas conocía su derecho de tener un acompañante en el parto. Un derecho que está consagrado en una ley brasileña. Si no conoce el derecho, no puede solicitarlo. Es apenas un ejemplo. Es una responsabilidad del Estado difundir con campañas sobre los derechos sexuales y reproductivos. Para que la gente los exija.

–¿Cómo observa el debate sobre la despenalización del aborto en la región?

–Ha habido algunos avances importantes en los últimos años, como en Uruguay, con una ley que no es perfecta y que seguramente hay que perfeccionar; en Ciudad de México, donde se aprobó en 2007, y la gente sabe que tiene el derecho al aborto en las primeras 12 semanas de gestación porque hubo una campaña muy grande. Y utiliza los servicios. En Brasil se amplió el acceso el año pasado con un fallo de la Corte Suprema que despenalizó el aborto en casos de fetos anencefálicos. En Colombia también: por una sentencia, se ampliaron las causales en 2006. Pero al mismo tiempo hay presiones para retroceder por todos lados, como en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa está haciendo una confusión muy grande entre creencias personales y políticas de Estado. Las sociedades están cada vez menos religiosas.

–¿Qué impacto tienen las leyes que despenalizan el aborto?

–En primer lugar disminuyen radicalmente las complicaciones por abortos inseguros. La salud de la mujer gana con ese resultado, que es el más evidente. Se observó claramente en Sudáfrica, luego de que despenalizó el aborto hace algunos años. Y al mismo tiempo disminuye la cantidad de abortos cuando la atención va acompañada por la provisión de anticonceptivos. La prohibición, está demostrado, no persuade a las mujeres de interrumpir un embarazo que no quieren continuar. Si una persona está en contra del aborto, debería promover su despenalización para que haya menos abortos. Sería coherente.