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Enzo Ledesma tenía 13 años. El lunes 28, a la noche, el Bebote, uno de los tranzas del lugar, le pega dos tiros por la espalda y lo mata en el barrio La Cárcova de San Martín.

“Yo sé quién es el asesino”, le dijo Juan Ledesma, padre de Enzo, al comisario.

“Si lo ven en el barrio llamame, así lo detenemos”, respondió el uniformado.

Y lo vieron. Pero el comisario nunca le atendió el teléfono.

“Qué piensan en el barrio al ver que el comisario no atiende ni hace nada para detener al asesino? Que la policía es cómplice. Lo piensan de bastante antes que mataran a Enzo. Los ven pasar una vez por semana recorriendo el espinel de transas a los que no detienen. Sospechan que recaudan y dejan crecer la violencia. Y la violencia es mucho más que un enfrentamiento entre bandas de narcos. Es el camino que muchas personas eligen para resolver toda clase de disputas. A los golpes, a los puntazos, a los tiros. Una violencia potenciada por el negocio de la droga.

La violencia y la impunidad desataron la reacción vecinal. Marcharon a la comisaría 4ª de San Martín acompañando a Juan para plantear sus reclamos al comisario. Pero no recibieron respuesta. “Vinimos a hablar sobre cómo era el asunto acá. No me dieron bolilla y los vecinos ya están cansados”, explicaría luego Ledesma a los periodistas.

Lo cierto es que estalló la indignación. Atacaron la comisaría y quemaron un depósito con distintos vehículos incautados.

El de Enzo no es un caso aislado. Ivonne tenía diez años y murió de un tiro en la cabeza cuando en el Barrio Independencia se enfrentaban dos bandas de narcos: la de Omar con la de Rolón. A este último los vecinos lo señalan vinculado a José María Fernández, que es la persona que el intendente Gabriel Katopodis designó al frente de la Secretaría de Seguridad de la municipalidad de San Martín.

Pocas semanas después de la muerte de Ivonne, una reunión en el barrio por el problema de la violencia terminó abruptamente porque a dos cuadras habían asesinado a otro pibe.

Rubén tenía 16 años y lo mataron de ocho tiros cuando aparentemente fue a comprar un porro en La Cárcova.

Los vecinos y los militantes del barrio señalan que son al menos 14 las muertes en lo que va del año vinculadas a la impunidad y los enfrentamientos de los transas del barrio.

A los diarios y a los canales de cable llegan las llamas y la explosión indignada de los vecinos. Pero hace tiempo que los vecinos reclamaban. No tuvieron respuesta al pedido de presencia y patrullaje que hicieron al intendente Katopodis. También habían reclamado la intervención de la comisaría y mayor presencia de efectivos de Gendarmería.

“Enzo presente”, “Camel tira tiro”, “Bebote traza”, “Arruina guachos”, “la gorra arregla” son algunos de los graffiti que quedaron tatuados en los muros de la comisaría.

Pero la señal de alerta estaba encendida desde bastante antes y no es una cuestión exclusiva de La Cárcova. Micaela Ruiz, de 13 años en Fiorito; Candela Sol Rodríguez, en Hurlingham, o Kevin Molina de 9 años, en Villa Zabaleta, son algunos de los casos que dan cuenta de esta violencia que muchas veces nace de disputas por la transa pero que está cada vez más instalada en los hábitos de convivencia entre las personas de esos barrios: violencia para consumir, violencia para divertirse, violencia de género, violencia con los ancianos, violencia con los niños.

La reacción del nuevo ministro de Seguridad, Alejandro Granados, estuvo a la altura de las circunstancias. En primer lugar, porque frente a la reacción vecinal no se recurrió a la represión como respuesta, lo cual hubiera concluido en una tragedia. Y porque luego separó a las autoridades policíacas, intervino la comisaría y escuchó y se puso a disposición de los vecinos que impulsan el reclamo.

El episodio es una buena muestra de la magnitud del problema que tenemos.

Al mismo tiempo que el Estado invierte cada vez más dinero en patrullaje y control, la percepción vecinal creciente es que la policía está vinculada al delito. Los mismos que piden más patrullaje pueden terminar indignados quemando una comisaría.

El análisis minucioso que se ha comenzado a realizar de los homicidios dolosos de diversos departamentos judiciales desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación da cuenta de esta situación. En términos gruesos, según las zonas, en aproximadamente la mitad de los casos los homicidios son producto de riñas, discusiones, ajustes y venganzas o se dan en un contexto de violencia intrafamiliar. Si a eso sumamos que parte de las muertes que tienen al robo por móvil (entre un 20 y un 25 por ciento de los homicidios dolosos) también expresan esa violencia, podemos tener una dimensión adecuada del problema.

En los medios suele enfatizarse el temor que viven los ciudadanos de clase media frente al riesgo de ser víctimas de un delito. Pero en los barrios humildes, la inseguridad no se expresa sólo en el temor a que aparezca alguien y te robe, porque la violencia de la transa narco y el delito es creciente, se proyecta sobre las pibas y los pibes del barrio y potencia una convivencia cada vez más violenta y angustiante entre las personas. Los gobiernos locales procuran reforzar el patrullaje, en especial en los barrios de clase media, e incorporar la tecnología a través de las cámaras y los centros de monitoreo, pero aún no existe una estrategia de abordaje integral.

Más de una vez hemos dicho que un objetivo central de esta etapa de recuperación de derechos es terminar con la pobreza. El escenario de esta convivencia violenta son precisamente los barrios en los que se concentra la pobreza urbana. Son los mismos de mayor mortalidad infantil y riesgo sanitario. También, los de condiciones de habitabilidad más precaria.

Hay que profundizar la conciencia acerca de que un abordaje integral es imprescindible. Muchas veces se habla de las causas profundas del problema como algo distante e inalcanzable, como si sólo pudiéramos echar mano a los parches de más efectivos, menos tolerancia y más mano dura.

Pero las comisarías atacadas e incendiadas son testimonio que esa mano que se pide que se endurezca es parte del problema.

Necesitamos definir un plan de recuperación y desarrollo integral de los barrios periféricos de nuestros grandes centros urbanos, que fortalezca y profundice la presencia estatal y la participación comunitaria y brinde herramientas concretas para avanzar con mucha más rapidez en encarar sus problemas estructurales: la precariedad habitacional, el empleo informal, la falta de proyecto de vida de los pibes que no trabajan ni estudian, las adicciones, la mortalidad infantil, el embarazo adolescente, la violencia de género.

Pero, a su vez, no podemos resignarnos al deterioro que los vínculos con el delito produce en nuestras policías, donde también hay efectivos honestos.

En momentos en que nos disponemos a definir el marco normativo de las policías comunales, es necesario asumir que esta iniciativa fracasará si al mismo tiempo no somos capaces de transformar la policía bonaerense y reproducir los actuales problemas si son concebidos con la misma matriz cultural de la actual policía. Tenemos por delante un debate profundo que excede y en mucho a la instalación de una cámara o la efectividad de un centro de monitoreo, que serán herramientas necesarias y valiosas en la medida en que sean parte de una política decidida a atacar el problema de raíz.

Terminar con todo vestigio de autogobierno, dar señales políticas claras respecto de los objetivos y el perfil que se pretende de la fuerza, fortalecer la profesionalización, priorizar el combate del delito organizado en vez de la administración del delito local, crear una policía judicial que sea realmente capaz de cumplir sus misiones sin recurrir a la policía de prevención para sus tareas cotidianas y descentralizar la prevención con la creación de las policías comunales conducidas de manera plena por los gobiernos locales con un estricto control social, son algunas de las cuestiones de agenda sobre las que debemos avanzar sin demora como auténticas políticas de Estado.

“Ellos saben quiénes son, pero la policía y los políticos no hacen nada. Los que venden drogas son 15 locos, pero ponen dinero. Yo quiero al que mató a mi hijo, a los otros no porque sé que arreglan en tribunales con plata. Los vecinos ya nos cansamos de tener miedo. O nos unimos o nos matamos todos”, dijo el papá de Enzo desde la puerta de la comisaría 4ª. El dolor y la indignación de ese padre viene a interpelarnos para que nos dejemos de idas y venidas y seamos capaces de ponernos a hacer lo que corresponde.

En estas líneas he tomado el ejemplo doloroso de lo que sucede en la municipalidad de San Martín y he señalado reproches de los vecinos al municipio, pero lejos está de mi intención centrar el reproche en un determinado dirigente o sector político. Afrontar este desafío requiere asumir que lo padecen gobiernos locales y provinciales de distintos signos políticos y que necesitamos compartir políticas de Estado que construyamos y llevemos adelante entre todos.

* Diputado bonaerense por el FpV.