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Hasta el día de hoy, los motivos expuestos por el Ministerio de Educación del gobierno porteño para justificar el abrupto y extemporáneo cambio implementado en el sistema de inscripción de alumnos/as de la jurisdicción remitían a las supuestas bondades de la “agilidad” y la “despapelización” implícitas en la nueva modalidad.

De esta manera, quedó planteado el debate entre los impulsores de la modernización tecnológica y quienes expresamos reparos con fundamento en las implicancias de la despersonalización inherente al nuevo sistema. Que el gobierno porteño no haya previsto el acceso al mismo a través de un número telefónico alternativo al de emergencias, reclamos por recolección de residuos o trámites de renovación de licencias de conducir, lo que generó su colapso, remite a su incapacidad para dimensionar el momento, las expectativas, las incertidumbres, etc., que atraviesan las familias y los niños, niñas y adolescentes al momento de solicitar vacante en una escuela.

Más allá de los problemas que surgieron en el inicio de la implementación del nuevo sistema, que presagian futuros trastornos e inconvenientes cuando comiencen a confirmarse las vacantes tramitadas a través de la nueva modalidad, considero oportuno detenernos en algunas cuestiones derivadas de esta medida.

A través de manifestaciones formuladas a distintos medios de comunicación, el ministro de Educación Esteban Bullrich ha afirmado que una de las razones de esta política está relacionada con la necesidad de la gestión educativa de “transparentar” el sistema de ingreso a las escuelas. “Buscamos evitar la discrecionalidad que se ve en algunos colegios, que deciden a qué chicos tomar y a qué chicos no.”

Curiosa explicitación de motivo, oculto hasta el día de la fecha, que instala un estado de sospecha generalizada sobre “algunos colegios” que seleccionarían matrícula. En primer lugar, cabe preguntar al ministro de Educación cuántos casos detectó a lo largo de su gestión y qué medidas arbitró a fin de hacer cesar la discrecionalidad que ahora denuncia. En segundo término, quedan aún por responder muchas dudas en relación con la “transparencia” del nuevo sistema en cuanto a los criterios de asignación de vacantes. Por último, corresponde interrogar sobre el motivo por el que su política de “transparencia” en el acceso a vacantes se agota en la educación de gestión estatal. ¿Por qué no implementa el sistema “on line” en las escuelas de gestión privada?, como le ha reclamado el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim.

Simplemente, porque el tema remite al llamado “derecho de admisión”, que legitima prácticas de selección de matrícula en las escuelas privadas, pero ahí por cierto no llegan las políticas de “transparencia” del Ministerio de Educación porteño.

La otra cuestión derivada del nuevo sistema sobre la que corresponde advertir está vinculada con el acceso a la información sobre cobertura y distribución de vacantes. La forma tradicional de recabar datos ha sido a través de las escuelas, las supervisiones escolares o la propia Dirección de Area. Así por ejemplo, hemos podido conocer a través de la Dirección de Educación Inicial que en el presente ciclo lectivo, al 3 de junio de 2013, registraban 4858 niños y niñas en las llamadas “listas de espera” por falta de vacantes, distribuidas de la siguiente forma: 278 aguardando ingreso a salas de Lactario, 1495 a Deambuladores, 1739 a sala de 2 años, 1154 a sala de 3 años y 192 a sala de 4 años. Asimismo, pudimos saber que el 68,5 por ciento de esos niños/as habita en la zona sur de la Ciudad, la más postergada en términos socioeconómicos.

Nos preguntamos quién va a proporcionar a partir de ahora esa información. ¿La empresa adjudicataria de la licitación del servicio de inscripción on line?

* Jefe de Area de Derechos de la Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.