El Poder Ejecutivo designó oficialmente a los diez integrantes de la nueva Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional porteña. Se trata de la Cámara creada para descomprimir a la Casación Federal, saturada con los juicios por los delitos de lesa humanidad. El tribunal ahora creado tendrá como función revisar los juicios orales en los casos de la Justicia ordinaria, no federal. Además, sus integrantes podrán subrogar los cargos que están vacantes en la Cámara de Casación Federal.

Los nombrados son María Laura Garrigós, Luis Mario García, Horacio Leonardo Días, Gustavo Alfredo Bruzzone, Luis Fernando Niño, Daniel Emilio Morón, Eugenio Carlos Sarrabayrouse, Héctor Mario Magariños, Carlos Alberto Mahiques y Pablo Jantus.

Sus pliegos habían sido aprobados por el Senado el 31 de julio, y ayer las designaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de sendos decretos firmados por el vicepresidente en ejercicio del Ejecutivo, Amado Boudou, y el ministro de Justicia, Julio Alak.

Entre los designados está la titular de la agrupación Justicia Legítima, Garrigós, y otros integrantes de ese espacio. Desde Justicia Legítima señalaron que no es real que la nueva Cámara tenga mayoría de miembros de la agrupación, como publicaron varios medios y reprodujeron muchos portales de Internet. Desde esa asociación atribuyeron esta interpretación a una operación de prensa contra el Gobierno.

La creación de esta nueva Cámara de Casación era un viejo reclamo de los organismos de derechos humanos, ante la necesidad de agilizar los juicios por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, descargando a Casación Federal, que ha hecho históricamente de embudo en los juicios a los represores, de los casos de competencia ordinaria.

Su creación fue a propuesta del Poder Ejecutivo, que envió el proyecto al Congreso junto con otras iniciativas tendientes a acelerar los juicios, en el año 2008. Convertido en ley, desde ese año están aprobadas las partidas presupuestarias para que se alquile el edificio donde funcionará el tribunal. El encargado de concretarlo es el Consejo de la Magistratura, que tiene también la atribución de ocuparse del nombramiento del personal.

Es decir que la puesta en marcha de la nueva Casación no será inmediata. En cambio, los camaristas podrían desde ahora pasar a subrogar los cargos vacantes en Casación Federal.

En este momento hay cuatro vacantes en ese tribunal, fruto de las salidas de Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, que se jubiló, y las renuncias de Gustavo Mitchell, Raúl Madueño y Juan Edgardo Fégoli. El procedimiento marcado por la ley consiste en convocar a los camaristas que estén dispuestos a subrogar y definirlo por sorteo.

Por otra parte, habrá que ver qué pasa con la situación de Luis María Cabral, el presidente de la Asociación de Magistrados, que fue designado como “subrogante permanente” por seis de los integrantes de Casación. Con aquella medida, Cabral –que ni siquiera es juez de Casación– pudo mantener un interinato para el que fue designado a dedo.

Los seis camaristas que votaron la medida –Raúl Madueño, Liliana Catucci, Ana María Figueroa, Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Mariano Borinsky– fueron denunciados penalmente, así como también el propio Cabral. La denuncia fue presentada por el diputado kirchnerista Carlos Kunkel, bajo los cargos de “nombramiento ilegal y aceptación ilegal de cargo público”. Otro dato que pone en dudas la continuidad de Cabral es que la acordada que lo nombró “subrogante permanente” dice que estará como suplente de la Sala I de Casación hasta que la vacante fuera cubierta “según el sistema institucional”.

Además de la designación de los integrantes de la nueva Casación, el Ejecutivo nombró como subprocurador del Tesoro de la Nación a Javier Pargament Mariasch, en reemplazo de Elina Mecle, que renunció al cargo.