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Los documentos de la dictadura de hace más de treinta años que presentó esta semana el Ministerio de Defensa intervienen de lleno en un debate tan persistente y actual como la ley de medios. Cuando Clarín entregó finalmente su plan de adecuación voluntaria, un columnista del grupo empresario comentó con cierta ironía que así quedaba demostrado que “el Grupo Clarín no era tan grande”. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no abarca a todas las empresas que forman ese emporio, ya que no alcanza al diario Clarín y los demás diarios, ni a la agencia de noticias DyN, ni al monopolio Papel Prensa, ni a las numerosas empresas subsidiarias que integran ese gran multimedio.

Es una afirmación que no resiste argumentación. Si se midiera en cantidad y en volumen, el grupo es por lejos diez o veinte veces más poderoso que cualquier competidor. Pero no se trata de cuantificar esa importancia con un centímetro. No lo hicieron así los miembros de la Junta de Comandantes de la dictadura cuando dedicaron seis de sus reuniones para discutir la forma de apropiarse de Papel Prensa, que implicaba el monopolio de la producción y comercialización del papel que utilizan los diarios. De las 280 actas de la Junta de Comandantes, el tema de Papel Prensa es uno de los más mencionados. Hay otros, como la forma en que debían referirse públicamente a los requerimientos sobre los desaparecidos, o las listas de artistas que no debían ser difundidos ni mencionados.

Hay un hilo conductor en esos tres temas que aparecen abordados una y otra vez por los viejos represores, porque están hablando de comunicación, de la manera en que querían presentar la realidad ante la sociedad para facilitar sus objetivos y ampliar el sustento civil. Esas orientaciones muestran la forma en que trataban de buscar un resumen ideológico subyacente en la sociedad que pudiera sintonizar con el pensamiento de los dictadores. Trataban de encontrar una forma de comunicar un discurso que hiciera que la sociedad no rechazara, aceptara o se apropiara de ese pensamiento.

Los dictadores estaban dando una gran batalla en el plano de la economía para iniciar el ciclo del endeudamiento externo, la apertura de las fronteras comerciales y para eso debían terminar con los restos del Estado de Bienestar que había fundado el peronismo en los años ’40 y llevar adelante políticas de ajuste y marginación, de desaparición de la industria nacional y empobrecimiento de las economías regionales. En ese contexto necesitaban disciplinar una sociedad que tenía un alto nivel de politización y organización.

El despliegue brutal de la represión era necesario para extender el miedo y neutralizar cualquier despunte de rebeldía. Lo hicieron con la excusa de combatir a una guerrilla que ya estaba prácticamente derrotada. Necesitaban instalar la idea de que cualquier cosa fabricada en la Argentina sería de mala calidad. Que los mejores productos eran los extranjeros. Que ser joven y usar barba era peligroso. Que era peligroso protestar. Que el éxito se medía por la plata. Que lo importante era la cantidad de plata y no cómo se había logrado. Se trataba de construir una sociedad disciplinada, excluyente y ordenada por la renta financiera. Hubo mucha propaganda mediática sobre la guerra contra la guerrilla así como mucho material de difusión incluso para explicar que la producción nacional era una porquería.

Para el enfoque militar de la Junta de Comandantes resultaba central el desarrollo de una estrategia que les permitiera el control de las comunicaciones. Por eso prohibieron artistas o hacían listas con los vocablos que no debían usarse y los que sí, por ejemplo, no se podía decir “guerrilla”, sino “banda de delincuentes subversivos”, tampoco se podía hablar de “desaparecidos” y había que usar otras denominaciones y así en una gran cantidad de ítem. Clarín y La Nación nunca objetaron ni denunciaron ante la SIP u otros organismos internacionales estas prohibiciones y listados que implicaban censura previa y límites a la libertad de expresión.

En este contexto se entiende la importancia que le dio la dictadura a la apropiación de Papel Prensa, porque se daba cuenta de que el control del papel implicaría el control de la comunicación. En ese momento todavía los medios electrónicos no habían sobrepasado a la gráfica, que se mantenía en el centro de la agenda comunicacional. Lo que demuestran las actas de la Junta de Comandantes es que presionar y perseguir a la familia Graiver para que se desprendiera de la empresa y luego entregársela a sus aliados de los grandes medios no fue una decisión contingente, sino que fue muy pensada y decidida con total claridad por todos los protagonistas que participaban en ella, tanto los militares como los civiles. No hubo ingenuidad ni azar. Cada uno hizo lo que se propuso. Las actas respaldan así el testimonio completo de Lidia Papaleo.

Con esta estrategia de control de los medios a través de formas coercitivas desde el Estado, y con la aquiescencia de sus propios aliados en las empresas mediáticas, la dictadura consiguió instalar un relato que fue hegemónico durante bastante tiempo, incluso aún después de la caída del gobierno militar. La base de la estructura hegemónica comunicacional, con el monopolio de Papel Prensa manejado por los grandes diarios, había quedado asentada durante la dictadura y fue creciendo en democracia. Mientras la democracia se consolidaba, la posición dominante en las comunicaciones se acentuaba, primero sumando las radios y la televisión y después con el cable. Los contenidos hegemónicos desde la dictadura hasta la actualidad fueron cambiando, pero por decisión de unos pocos.

El pensamiento militar en términos de batalla tiende a simplificar la realidad al máximo y a cuadricularla. Pero tiene el mérito también de exponerla en forma descarnada. La atención que le dedicaron al escenario de lo simbólico y cultural demuestra la importancia que le asignaban para permitirles alcanzar sus objetivos y demuestra la forma en la que se fue construyendo una estructura de dominación que siguió creciendo después de que ellos se retiraron.

Ese afán de control de la información para el sometimiento de la sociedad sostiene a su vez la necesidad de que la democracia regule cualquier exceso de concentración en un área tan sensible. El fallo de la Corte sobre la constitucionalidad de la ley de medios puso de manifiesto esta necesidad y pinchó al mismo tiempo varios mitos que se habían creado a lo largo del debate. Algunas de esas actitudes aparecieron entonces como gestos grotescos. En su intento de aparecer como la contracara del gobierno nacional, el macrismo presentó una especie de pedido a la Corte para postergar la aplicación de la ley y se refirió a la falta de pluralidad en los medios públicos y al destino de la pauta pública.

Resulta casi risible que la fuerza política que en una operación publicitaria antidemocrática embanderó con sus colores partidarios –amarillo– al Gobierno de la Ciudad, algo que no hizo ninguna otra fuerza desde las guerras civiles en la Argentina, plantee estas preocupaciones. Mauricio Macri ha dicho en la campaña electoral reciente que quería un gobierno “que no usara los dineros públicos para sus campañas electorales”. Resulta interesante que la pauta publicitaria del Gobierno de la Ciudad se cuadruplicó desde 2008, es decir, que aumentó más que la pauta nacional. Una obra como el metrobús costó 190 millones de pesos. Y se usaron casi 40 millones para publicitar una obra que debía ser inaugurada en plena campaña electoral. Mauricio Macri exige que se transparente la distribución de la pauta publicitaria nacional, pero él vetó la ley que había aprobado la Legislatura para transparentar la distribución de la pauta porteña.

El macrismo ha criticado la falta de pluralidad en la radio y televisión pública nacional. Pero apenas asumió la Jefatura de Gobierno, Macri recortó la pauta publicitaria de todos los medios que lo criticaban. La Revista Veintitrés hizo una extensa y minuciosa denuncia de la forma discriminatoria en que había sido excluida de esa pauta. Y con respecto a los medios públicos, el periodista Herman Schiller tuvo durante más de diez años el programa Leña al fuego en Radio Ciudad y fue echado por el contenido crítico de sus emisiones. De la programación anterior al macrismo no queda absolutamente ningún programa. A nivel nacional hay un organismo plural, RTA, que controla la radio y la televisión pública. La radio y la televisión del gobierno porteño la dirige un periodista que es funcionario y asesor político de la senadora macrista electa Gabriela Michetti. No existe un organismo plural en la conducción de esos medios como sí existe a nivel nacional. Si no quiere caer en el ridículo, el macrismo debería tomar distancia de su microclima cuando interviene en debates que exceden el ámbito de sus adherentes.