En Tucumán, ayer terminaron las indagatorias a integrantes del clan Ale en el marco de una investigación judicial por asociación ilícita, lavado de activos y evasión fiscal agravada por el uso de testaferros. Entre jueves y viernes, ante el juez federal Fernando Poviña desfilaron Angel “El Mono” Ale y Angelito Ale, hermano e hijo de Rubén “La Chancha”, respectivamente; Fabián González –sindicado como testaferro en una empresa transportista–; dos de las ex mujeres de La Chancha, Daniela Milhein –una de las absueltas en el juicio por Marita Verón– y Valeria Fernanda Bestán, y también su pareja actual, María Florencia Cuño –quien se negó a declarar–. Todos rechazaron las imputaciones.

Las indagatorias en las que sí hubo declaraciones depararon algunas sorpresas y parecieron confirmar, en algún caso, las hipótesis con que los organismos querellantes, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, alentaron la denuncia de la Procuraduría Contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac), cuyo titular, Carlos Gonella, estuvo presente en las audiencias de la semana pasada y ésta. El Mono Ale, por caso, aceptó que algunas de sus propiedades están a nombre de terceros porque, por cuestiones judiciales en las que era investigado, así se lo recomendaron sus abogados. Por su parte, Angelito, hijo de La Chancha y María Jesús Rivero, negó recibir dinero de la remisería 5 Estrellas SRL, que está a su nombre y de la mujer de su padre; negó recibir dinero de esa empresa; negó ser propietario de algunos autos que figuran a su nombre y dijo que posiblemente fueran de su padre. Dijo, además, que su padre es “ejemplar” con respecto a él y que su madre lo crió “en la cultura del ahorro, poniendo monedas en tarros de leche”. Su indagatoria, aun cuando el tono fuera exculpatorio, podría fortalecer las acusaciones contra La Chancha.

Con la jornada de ayer, terminó la primera ronda de indagatorias, en la que 12 de los 23 investigados en la causa brindaron explicaciones sobre sus patrimonios, movimientos bancarios e ingresos de dinero. En unos 10 días hábiles, Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, deberá decidir si procesa o no a los acusados.

El Mono Ale, investigado por asociación ilícita y lavado de activos, negó las acusaciones de asociación ilícita y lavado, se desligó del mundo de la explotación sexual (“la prostitución es algo aberrante, nunca estuve nombrado en una causa al respecto”), pero reconoció la propiedad de las cerca de 50 armas halladas en el allanamiento a su casa, en marzo. “Desde los 12 años trabajé en el mercado de Abasto. Allí había mucha gente atrevida y discutí muchas veces con gente del lugar para defender lo que era de mi padre. Por ello tengo armas para proteger a mi familia y soy aficionado a las armas”, contó, antes de protestar porque en el allanamiento le fueron secuestradas las armas, pero no las cañas de pescar ni los cuchillos de caza. De todos modos, continuó, el otro gran motivo detrás del arsenal –que incluía armas de guerra y fue estimado en 400 mil pesos– fue Antonio Domingo Bussi: “Me quiso matar”, dijo. En la Jefatura de Policía, contó, había una foto suya y otra de su hermano, La Chancha, “con un círculo rojo”. “Yo salí a confrontarlo públicamente, porque yo siempre di cuenta de mi vida, pero Bussi no podía hacerlo. También le dije que podía viajar a España a entrevistarme con el juez Baltasar Garzón. También es de público conocimiento que en un hecho me erraron más de 360 disparos, me dieron uno en la nuca y otro en la cabeza”, agregó, en referencia al episodio en el que, estando él y el policía Juan Salinas en un auto, sobre el vehículo arreciaron las balas y murió el oficial, pero él quedó prácticamente ileso. Por ese episodio, El Mono estuvo cerca de terminar en la cárcel. El hermano de La Chancha también historió episodios confusos que terminaron con algunos de sus hijos o de sus ex parejas heridos o amenazados. “Por eso es que tengo las armas”, dijo.

El Mono fue cuidadoso en marcar distancias entre la familia y el mundo de los negocios: a su hermano, explicó, procuró protegerlo siempre porque ambos perdieron muy jóvenes a su madre, pero “jamás compartí ningún negocio con él y pensamos diferente, inclusive en el fútbol”. No respondió preguntas de la Procelac porque “tiene animosidad en dichos y actos contra mí”, pero sí contestó las del juez. Entre otras cosas, explicó que su mujer, la ya indagada Viviana Acosta, figura como socia en la empresa de juegos de azar Point Limits SRL, pero por motivos formales, porque un contador le dijo que era preciso; que algunas propiedades suyas están a nombre de otras personas porque temió embargos por sus problemas judiciales. Fuentes de los organismos querellantes señalaron a este diario que esta declaración ratifica la inconsistencia entre el patrimonio de Ale y sus ingresos declarados.