Tamara Bulacio mueve la cabeza acompañando con el gesto su respuesta negativa cuando Página/12 le pregunta si el veredicto del Tribunal Oral N° 29 le trajo ese “poco de justicia” que esperaba por la detención ilegal y la muerte de su hermano Walter Bulacio, tal como le había dicho a este diario en una entrevista realizada en septiembre. “No esperábamos mucho, apenas un poco de justicia, que vaya preso, pero no tenemos nada que festejar, sólo que luchamos hasta el final y que hicimos todo lo posible.” Después de un mes y medio de juicio oral, el comisario retirado Miguel Angel Espósito fue condenado a la pena de tres años de prisión “en suspenso”, sin aplicación efectiva. El juicio era sólo por la “privación ilegal de la libertad” sufrida por Walter Bulacio, a los 17 años, cuando intentaba ir, por primera vez en su vida, a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La abogada querellante, María del Carmen Verdú, afirmó que no vinieron al juicio oral “a buscar una sentencia que nos deje satisfechos, porque esta instancia llegó tarde y mal, porque acá no se estaba juzgando a los responsables de la muerte de Walter, que es lo que buscamos a lo largo de más de 22 años”, desde abril de 1991.

La sentencia más dura que se oyó dentro de la sala tuvo que ver con la reacción del público presente, en su mayoría familiares de víctimas del “gatillo fácil” y de la violencia institucional: “Yo sabía, yo sabía, que a Bulacio lo mató la policía”, cantaron luego de escuchar el fallo. Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), señaló sobre la pena aplicada a Espósito que sabían de antemano que “no hay absolutamente ninguna sentencia que pueda reparar el asesinato de un pibe a manos del aparato policial que responde al Estado y encima le dieron tres años de prisión, tres años a un comisario que lo dijo todo cuando hizo su alegato, cuando agradeció a los jueces por haberlo ‘cuidado’ durante todo el proceso” oral y público.

Verdú se refirió a lo dicho por Espósito en sus últimas palabras frente a los jueces del Tribunal 29 –por videoconferencia–, antes de la lectura de la sentencia. “Quiero agradecer profundamente cómo he sido tratado, cómo me han cuidado, nada más.” Al final aclaró que se trataba de la “atención” que le habían dado respecto de su estado de salud. El ex jefe de la Comisaría 35ª, a la que fue llevado detenido Walter Bulacio, junto con otros 72 chicos, el 19 de abril de 1991, señaló, ante una pregunta del presidente del tribunal, Rodolfo Goerner, que prefería “no estar presente” durante la lectura del fallo. Prefirió no presenciar la lectura de la sentencia a través de la videoconferencia, dado que por sus problemas cardíacos fue eximido de hacerse presente en la sala de audiencia.

Espósito hizo su breve exposición por la mañana y después se pasó a un cuarto intermedio, hasta las 15, cuando se leyó sólo el veredicto de tres años de prisión en suspenso. El viernes próximo se darán a conocer los argumentos del fallo de los jueces Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvak.

María del Carmen Verdú explicó a este diario que la sentencia es prácticamente definitiva, dado que “el fiscal (Horacio Fornaciari) pidió dos años y le dieron tres, mientras que nosotros no podemos apelar porque nos dieron la mitad de los seis que pedimos; si nos hubieran dado dos años y once meses, podríamos ir a Casación, pero ahora no podemos hacer nada. Lo único que puede cambiar la sentencia, para menos, es si hay una apelación de la defensa”, a cargo de Pablo Argibay Molina.

La primera parte de la audiencia, cuando habló Espósito por videoconferencia, la sala estaba prácticamente vacía, pero el lleno fue total a la hora de la sentencia. Un grupo de manifestantes llevaba una bandera que decía: “Lo sabía, a Bulacio lo mató la policía”. Entre otros familiares de jóvenes víctimas de la violencia policial, se encontraban los padres o hermanos de Mariano Witis, Rodrigo Corzo, Jorge González, Luis Oscar Ayunta y Sonia Colman. Había muy pocos periodistas en la sala, porque no hubo acreditaciones para la prensa, por decisión del Tribunal 29, desde la apertura del debate; sólo ingresaron los invitados por Correpi.

“Teniendo en cuenta todo lo que pasó a lo largo del proceso judicial, podría tomarse como un logro que le hayan dado tres años a Espósito, pero nos hubiera gustado que fuera preso, que tuviera que sufrir algo de lo que sufrimos nosotros como familia. A Walter nada nos lo puede devolver, pero verlo a Espósito preso hubiera sido alcanzar un poco de justicia”, dijo Tamara Bulacio, que tiene 20 años y dos hijos. Ella y Walter son hijos de Víctor Bulacio, ya fallecido.

Tamara, desde niña, iba a las marchas para pedir justicia por su hermano, a quien no conoció porque murió dos años antes de que ella naciera. Iba de la mano de su abuela, María Ramona Armas, que por su estado de salud no pudo ir ni un solo día a un juicio por el que siempre luchó. “Lo que queríamos, al menos, era que le dieran seis años de cárcel, la pena máxima; en realidad, lo justo es que lo hubieran juzgado por la muerte de mi hermano, pero eso no pudo ser”. Eso era imposible porque, si bien la causa se reabrió por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca se juzgó a Espósito por la muerte de Walter, porque la carátula de “torturas seguida de muerte” que impulsó la querella siempre fue desestimada por los cerca de cincuenta jueces que intervinieron en distintas etapas del proceso.

Tamara insistió en que, a pesar de que lo sabía de antemano, igual le sigue dando “mucha bronca que no vaya preso, pensé que iba a estar presente, que iba a decir algo de Walter, para disculparse, para lo que sea, pero nada, sólo les agradeció a los jueces”. La madre de Bulacio, Graciela Scavone, no pudo estar presente porque habría sufrido “un ataque de pánico”, según se supo en la sala de audiencia.

Verdú recordó que ella misma había anticipado a Página/12 que “era muy difícil lograr una condena efectiva”, pero que al menos esperaban que los jueces del Tribunal Oral 29 “digan algo sobre la forma en que sus pares de la Justicia argentina han permitido con su accionar que este crimen quede impune”. Ahora habrá que esperar hasta el próximo viernes, para saber qué dice el fallo. La CIDH, cuando ordenó al Estado argentina que se reabriera el caso, pidió que la Justicia investigara a esos jueces. Eso, hasta ahora, no ocurrió y en el veredicto leído ayer, nada se dijo sobre ese punto.

La sala de audiencias, como se dijo, estuvo llena de familiares de víctimas de la violencia policial, que se retiraron con cánticos de crítica a los jueces, a las fuerzas de seguridad y a todos los gobiernos, desde Carlos Menem hasta el actual, por la demora de más de 22 años en hacer justicia en el caso Bulacio. Dentro del recinto era notoria la soledad del defensor Pablo Argibay Molina, quien se fue varias horas después de finalizado el acto de lectura del veredicto, cuando se habían retirado las cientos de personas movilizadas por Correpi.

Antes de que se fuera Argibay, sin hacer declaraciones, salió del interior de la sede judicial una treintena de gendarmes, con armas largas y escudos, que habían permanecido ocultos en el interior del edificio, como si se esperara alguna situación que hiciera necesaria su presencia en el lugar. No hubo incidentes, más allá de los gritos y de algunos insultos. Verdú, que hizo una “gambeta” para no saludar a los funcionarios nacionales presentes, dijo en la calle, ante los manifestantes: “Llegamos hasta acá y es un triunfo. La policía no mata sólo porque son malos los que la integran. Reprimen y matan porque ése es el rol que les hacen jugar los sucesivos gobiernos. Igual todos sabemos lo que hay que saber: que a Bulacio lo mató la policía y que esta causa demuestra hasta qué punto los gobiernos pueden defender a sus herramientas represivas”.