La procuradora general Alejandra Gils Carbó pidió suspender y someter a un jurado de enjuiciamiento al fiscal José María Campagnoli, a quien le atribuye “abuso de poder” y “mal desempeño” en una causa en la que apuntó al empresario Lázaro Báez, lo que podría costarle el cargo. Según la denuncia, que deberá analizar ahora el jury, Campagnoli transformó un expediente contra Federico Elaskar por posible administración infiel en la financiera SGI en una investigación en la que devino víctima, cambió de eje y empezó a duplicar en forma paralela otra causa que tramita en el fuero federal, en la que el financista está imputado junto con Báez y el contador Leonardo Fariña. La jefa de los fiscales sostiene, en base a las conclusiones de una comisión evaluadora, que Campagnoli “avasalló reglas básicas de competencia” para orientar el caso y divulgó información capaz de afectar la pesquisa “sin respetar reglas de confidencialidad”.

El origen de este enredo fue una emisión de abril del programa televisivo Periodismo para Todos (PPT), donde aparecieron Elaskar y Fariña, con estilo farandulero, aludiendo a presuntas operaciones realizadas a través de la financiera SGI, por las que se habrían girado al exterior 55 millones de euros que ambos vincularon con Báez. Por lo que dijeron en la tele, se abrió una causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán sobre una posible red de lavado de dinero que incluye a Elaskar, Fariña, Báez, su hijo, y el contador Daniel Pérez Gadín, entre otros. Campagnoli, titular de la Fiscalía de Distrito de Saavedra y Núñez y de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con autor Desconocido, también promovió una causa horas después del show televisivo. Pero el juez Rodolfo Cresseri se declaró incompetente y la mandó al fuero federal.

Sin embargo, Campagnoli encontró que en la Fiscalía 10, donde subrogaba, había otra causa, iniciada en septiembre de 2012, con una denuncia contra Elaskar. Sus socios lo acusaban de haber asumido una hipoteca en forma inconsulta. Para el fiscal, el financista en realidad era víctima de una extorsión para vender SGI (La Rosadita) a un precio vil, pero nunca lo citó ni como testigo. Comandó entonces una investigación en espejo con Marijuán y el juzgado federal y se adelantó a pedir la indagatoria de Báez con una frondosa lista de medidas de pruebas que un día después fueron publicadas en ciertos medios. Ante pedidos de las defensas, la sala V de la Cámara del Crimen reafirmó la competencia del fuero federal, señaló una “duplicidad simultánea en la investigación” y una “sobreactuación”.

Según Gils Carbó, “para mantenerse en la investigación de los hechos el fiscal transformó una causa iniciada por el delito de defraudación en una por extorsión y convirtió, del día a la noche, a un imputado en víctima”. Las denuncias que dieron origen al expediente fueron presentadas por abogados particulares y por el director de Migraciones, Martín Arias Duval, a quien Campagnoli acusaba de negarle información, lo que el funcionario desmintió.

Otra de las denuncias, por la que además se inició una causa penal contra Campagnoli, dice que en un expediente civil que Edgardo Raúl Levita le inició al Grupo Clarín porque lo habían pegado falsamente al caso Báez, el abogado del multimedio presentó como prueba un borrador de dictamen del fiscal con medidas e indagatorias.

El material fue analizado por un Consejo evaluador creado en 2004 por el ex procurador Esteban Righi, quien nombró a la mayoría de sus integrantes: el fiscal de Casación Javier de Luca, el fiscal de Paraná Ricardo Alvarez, el del trabajo Eduardo Alvarez. Los otros dos, Alejandro Alagia y Diego Luciani (de Rosario), entraron tras renuncias recientes. El Consejo concluyó que la conducta de Campagnoli debería ser directamente analizada por el tribunal de enjuiciamiento. Sólo Ricardo Alvarez planteó que prefería, primero, un sumario administrativo.

Campagnoli presentó descargos ante las denuncias que interpretó como un ataque del que sacaron “provecho los imputados y los abogados defensores” de la causa Báez. Defendió su investigación, reconoció que repartió copias (por ejemplo a Graciela Ocaña y Manuel Garrido) y también ironizó: “Tal vez fui demasiado eficiente”. También presentó una lista de las causas en las que intervino como para demostrar que no ha tenido inclinaciones políticas específicas. Citó, por ejemplo, la causa de la venta de La Rural en los noventa, que consideró una operación fraudulenta. En esa época fue parte de un grupo de fiscales autodenominados Los Centauros, donde estuvo muy cerca del ex fiscal Norberto Quantín, con quien trabajó en la Secretaría de Seguridad Interior en los inicios de la presidencia de Néstor Kirchner. Terminó implicado en una causa por no desalojar la comisaría 24 ante la toma de piqueteros de Luis D’Elía.

Gils Carbó sostiene que Campagnoli quiso “marcar el camino a su colega competente en el fuero federal”, “obstaculizando” su trabajo, para lo que cambió el objeto de la causa. Le cuestiona la filtración a la prensa de sus dictámenes porque de ese modo puso “en riesgo la suerte de la investigación”, ya que los imputados podían anticiparse a las medidas. Ahora el planteo será evaluado por el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por Ernesto Kreplak (presidente y representante del Poder Ejecutivo), Daniel Adler (fiscal general), Rodolfo María Ojea Quintana (por el Senado de la Nación), Juan Octavio Gauna (ex procurador general durante el gobierno de Raúl Alfonsín, designado por la Corte Suprema), Rodrigo Sebastián Bacigalupi (de la Federación Argentina de Colegios de Abogados), Adriana Olga Donato (del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), María Cristina Martínez Córdoba (por la Defensoría General de la Nación).