Al menos en Chaco, Rosario, Tucumán y Mar del Plata ya se abrieron investigaciones penales que apuntan a integrantes de las policías locales por el posible delito de sedición y a establecer la conexión entre sus protestas y los saqueos en los comercios. La hipótesis que subyace es que el encadenamiento de alzamientos policiales no responde a un efecto de contagio ni exclusivamente a un reclamo salarial, sino que buscaría efectos extorsivos y desestabilizadores a nivel provincial y/o nacional. Algunas de las causas son impulsadas por fiscalías en función de una comisión específica creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Otras fueron iniciativas sueltas y pedidos de gobiernos provinciales. Los robos y homicidios se analizan en expedientes separados, en los tribunales de cada jurisdicción.

Una de las primeras denuncias la hizo el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, quien afirmó que allí “un grupo de no menos de diez personas de condición policial que actuaron en connivencia con agitadores civiles, tomaron la decisión de autoacuartelarse para obtener beneficios salariales” y lo hicieron “a sabiendas de que esas acciones implicarían la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas que aprovecharían esa situación policial de brazos caídos”. “No sólo posibilitaron los robos, sino que generaron en la población un temor cierto acerca de la seguridad común, afectando el orden público”, advirtió. Hubo, dijo Adler, “un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimido por la ley penal argentina” que puso “en riesgo las instituciones de la República y la Constitución”. Señaló los delitos de asociación ilícita y sedición.

Además de la investigación que allí conduce el fiscal Pablo Larriera –por la presentación de Adler–, se investigan en la Justicia local ordinaria los saqueos, por los que hubo 55 personas detenidas, y los incendios a seis colectivos.

En Chaco, donde la policía se resistió a negociar antes de que hubiera dos muertos, el fiscal general Federico Carniel pidió que inicien investigaciones los fiscales de todas las jurisdicciones (lo que abarca Formosa, Resistencia, Reconquista y Sáenz Peña). Según una resolución de Carniel –quien integra la comisión designada por Gils Carbó–, allí los agentes de la policía y del Servicio Penitenciario se alzaron “a sabiendas de que esta acción genera la comisión de múltiples delitos” al haber zonas liberadas” y señaló la presunción de que “se estaría violando la Ley de Defensa de la Democracia”. Hay “perturbaciones a la tranquilidad de la población” y “al orden público”. Es “imperioso determinar si existen vinculaciones entre aquellos que deben custodiar la seguridad de los ciudadanos y que ponga en riesgo las instituciones y el sistema democrático”.

También el gobierno chaqueño hizo su propia denuncia y pidió a las jerarquías de la policía que realicen “un profundo saneamiento” de la fuerza. El gobernador en ejercicio, Juan Carlos Becileff Ivanoff, señaló, por ejemplo, a un alto funcionario policial de Sáenz Peña acusado de sacar presos para que salgan a robar, como promotor de los saqueos.

En Tucumán, antes de que el gobierno llegara a un acuerdo salarial con la policía, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, hizo una denuncia ante la fiscal Adriana Reynoso Cuello para que se investigue por “sedición e incumplimiento de los deberes de funcionario público” a unos 400 agentes que estaban acuartelados en la subjefatura de policía. Reynoso citó al jefe de Policía, Jorge Racedo, a informar sobre la situación. En Rosario hubo una denuncia de la gobernación para que se investigue posible sedición, y la investigación quedó a cargo del fiscal Walter Rodríguez.