Encauzado el proceso de Justicia por delitos de lesa humanidad en la Argentina, el CELS dedica un extenso capítulo de su informe a analizar la situación en países de la región que padecieron dictaduras. Si bien América latina “protagoniza un giro hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente”, la región es “un espacio actual de disputas, debates, promisorios avances y graves retrocesos en materia de verdad, justicia, reparación y memoria”, destaca la socióloga Lorena Balardini. El capítulo se titula “América latina en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad. Una mirada en clave regional”, y analiza en particular las situaciones que atraviesan los procesos en Chile, Uruguay, Brasil y Perú.

Las amnistías y sus efectos aparecen como uno de los puntos centrales del análisis. En el caso de Chile, la amnistía no fue anulada, hecho que provoca “serios efectos en la legitimidad y en la estabilidad del proceso” y que explica “los ‘rodeos’ que la Justicia de ese país realizó para juzgar esos delitos”, explica la profesora Cath Collins, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, autora del apartado sobre ese país. En Brasil, “la cuestión de la amnistía es más compleja, porque no partió de una estrategia de impunidad, sino de un reclamo de derechos de las víctimas”. Marcelo Torelly, coordinador de Memoria Histórica de la Comisión de Amnistía de Brasil, desarrolla las diferentes formas “en que una interpretación amplia de la amnistía por parte del Poder Judicial ha impedido hasta el momento la posibilidad de juicios”. En Uruguay, “la vigencia de la Ley de Caducidad no impidió del todo los juicios durante el gobierno de Tabaré Vázquez, aunque las trabas a la judicialización persistían”, destaca el informe. A pesar de la anulación parlamentaria mediante la sanción de una nueva norma, que devolvió la pretensión punitiva al Estado, el avance de los procesos se complicó por los planteos de inconstitucionalidad posteriores, que obtuvieron el visto bueno de la Corte Suprema oriental, destaca el CELS.

Más allá de las amnistías, el rol de las organizaciones de derechos humanos y de los poderes del Estado es central para comprender avances y trabas. En la Argentina se combinaron la lucha histórica de los organismos con el apoyo del Estado para reabrir los juicios, pese a los obstáculos que durante años impuso el Poder Judicial. En Perú, luego de hitos como la sentencia de la Corte Interamericana en la causa Barrios Altos y del juicio al dictador Alberto Fujimori, el Estado “abandonó todo el impulso de la reforma del sistema de Justicia e incluso retrocedió respecto de los avances logrados en materia de Justicia”, explica Jo-Maire Burt, directora del proyecto de investigación Human Rights Trials in Perú. En Uruguay, a pesar del “leve impulso” que significó la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman, la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831 (de imprescriptibilidad) derivó en “un preocupante cambio de escenario”. El informe enumera un “lento avance de los juicios, sobrecarga de trabajo de la jueza Marta Mota –y posterior apartamiento forzoso–, falta de recursos y dificultades para lograr que el Estado y las Fuerzas Armadas cooperen con la investigación judicial”. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en Perú, Brasil y Uruguay “las Fuerzas Armadas siguen teniendo un alto nivel de incidencia en las decisiones políticas e ignoran abiertamente los pedidos de información para acelerar y esclarecer graves violaciones a los derechos humanos”.