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El presidente Néstor Kirchner dejó en claro cuál es su posición respecto de los juicios de los represores de la última dictadura. “No me va a temblar el pulso para firmar las extradiciones.” Lo hizo en una reunión en la Casa Rosada con la Comisión Provincial por la Memoria, compuesta por varios organismos de derechos humanos. Fue una entrevista en la que el Gobierno se comprometió a trabajar en la apertura de archivos de la dictadura y en el desprocesamiento de los presos sociales. Los visitantes se fueron conformes, casi seducidos por el estilo K.
Los integrantes de la Comisión por la Memoria se sentaron ayer en una gran mesa ovalada en el Salón Sur de la Casa de Gobierno junto al Presidente, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. A pesar del tamaño de la mesa, cabían justo a su alrededor, ya que la comisión acudió prácticamente en pleno, lo que suma cerca de veinte personas. Fueron para apoyar la voluntad oficial de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y para conversar sobre otros temas de interés para el organismo, como las políticas públicas de memoria colectiva, la búsqueda y apertura de archivos referidos a la represión ilegal, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y el desprocesamiento de los presos sociales.
“Interpretamos que su manifestada búsqueda de verdad y justicia no es una mera consigna, sino que, a través de diversos hechos producidos, se puede inferir que es una política asumida por el gobierno que preside”, dijeron los miembros de la comisión.
“Estuvimos viviendo tiempos en los que los problemas se escondían debajo de la alfombra, ahora es tiempo de sacarlos”, les dijo Kirchner a, entre otros, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; el Premio Nobel de la Paz y fundador del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel; el rabino Daniel Goldman, el juez Leopoldo Schiffrin, el fiscal Hugo Cañón, Laura Conte, del Centro de Estudios Legales y Sociales; Elizabeth Rivas, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, y Adelina de Alaye, de Madres de Plaza de Mayo.
Acerca de la anulación de las normas que interrumpieron los juicios a los represores de la última dictadura, el Presidente dijo que ya había hecho lo que debía y que ahora esperaba la definición del Congreso, pero que no podía darles órdenes a los legisladores. El fiscal Cañón señaló entonces que, teniendo en cuenta el funcionamiento del Poder Judicial, era importante que la anulación de las leyes no fuera una cuestión de cosmética sino que implicara justicia verdadera. Allí fue cuando Kirchner aseguró que no le temblaría la mano para firmar las extradiciones si en Argentina sigue habiendo impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado.
La comisión, que es custodia de los archivos de la Policía Bonaerense que se recuperaron en 1999, planteó la posibilidad de regular la apertura de todos los documentos oficiales del período 76-83 con una ley.
–Pero ¿qué archivos quedan? –quiso saber Kirchner.
–Por ejemplo, los de la Policía Federal –le respondieron.
–Seguro. No va haber problema.
Kirchner también estuvo de acuerdo con el desprocesamiento de los presos sociales. De hecho, cuando se mencionó el tema, se dirigió al ministro de Interior y le dijo: “Vos estás trabajando en eso ¿no?”.
El único cuestionamiento al Gobierno se hizo en una carta que ya se había entregado al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y era una impugnación al secretario de Seguridad, Norberto Quantín, quien siendo fiscal se pronunció en contra de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El Gobierno defiende al funcionario con el argumento de que es honesto y capaz. También hubo algunas críticas veladas al gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, a quien la comisión cuestionó duramente por las políticas de “mano dura” que implementó en la provincia. “Algunos están en el purgatorio, pero atrás hay otros que están en el infierno”, dijo después Kirchner a algunos de los que participaron del encuentro.
Luego de la reunión, los miembros de la comisión dieron una conferencia de prensa en la que explicitaron su apoyo a la designación de Eugenio Raúl Zaffaroni como miembro de la Corte Suprema y a las medidas kirchneristas sobre temas de memoria y justicia. “Desde el 25 de mayo veo con mucha satisfacción la presencia del espíritu de lucha, de recomposición y de justicia social que nuestros 30 mil desaparecidos querían”, dijo Carlotto, quien preside el organismo.