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Los vientos de verdad y de justicia que barren Chile y la Argentina han comenzado a sentirse también en las costas del Uruguay. A los pedidos de extradición que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral formuló en 2001 contra los militares uruguayos José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira y el policía Hugo Campos Hermida se suma ahora la decisión del presidente Néstor Kirchner de considerar como una cuestión de Estado la recuperación de los restos de la ciudadana argentina María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Así se lo prometió esta semana al poeta Juan Gelman, suegro de la adolescente de 19 años secuestrada en Buenos Aires en 1976 y trasladada en forma clandestina a Montevideo, donde fue asesinada luego de dar a luz a una beba. La misma posición sostiene Suecia respecto de los dos únicos desaparecidos de su historia. En un homenaje a Raoul Wallenberg (“La caída ilimitada”), la embajadora Madeleine StröjeWilkens comparó su caso con el de Dagmar Hagelin. En los próximos días se reunirá con el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde para impulsar las investigaciones sobre su destino. Tampoco Francia olvida a sus ciudadanos desaparecidos en la Argentina. El viernes oficializó el pedido de extradición de Alfredo Astiz. Fuentes diplomáticas francesas afirman que es la primera de un centenar de solicitudes.
La excepción oriental
Desde México, donde vive, Gelman envió una carta personal a Kirchner, quien a través del secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde le pidió que viajara a Buenos Aires. Uruguay es el único país de la región en el que la impunidad de los más graves crímenes contra la humanidad fue votada en plebiscito por la mayoría de los ciudadanos. Esta decisión choca con el derecho de gentes y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que descalifica tanto la posibilidad de perdonar a los autores de tales delitos como el cese de su persecución por el mero paso del tiempo.
En Chile, según un informe oficial de la policía de investigaciones, fueron detenidos “308 integrantes en retiro y activos de Fuerzas Armadas y de Orden” y se dictaron “247 autos de procesamiento tras las detenciones”. En la Argentina las detenciones se acercan al centenar, entre las causas por apropiación de bebés, saqueo de bienes y desaparición de personas, y pedidos de extradición. El gobierno nacional propicia la remoción de las leyes de punto final y de obediencia debida (ya declarada nula por cinco jueces de cuatro provincias, tres cámaras federales y el Procurador General de la Nación), para que los procesos se realicen aquí y no en otros países que reclaman la extradición de los más altos jefes de la dictadura militar. Pasado mañana el tema comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados, a pedido de la diputada Patricia Walsh.
Uruguay tiene una diferencia fundamental con Chile y la Argentina: su dirigencia política cogobernó con los militares, lo cual creó complicidades que hoy gravan la democracia oriental. De hecho, la nieta de Gelman fue entregada a un alto jefe policial, el comisario Angel Tauriño, quien inscribió a la niña como hija propia. El comisario Tauriño era un hombre de íntima relación con el ex presidente Julio Sanguinetti y con la plana mayor de su sector político dentro del Partido Colorado, la denominada Lista 94. Eso pudo constatarse en las participaciones y ceremonias fúnebres a la muerte de Tauriño. El asesino de la nuera de Gelman, el policía militar de la Guardia Metropolitana Ricardo “Conejo” Medina, fue luego de la dictadura secretario privado e íntimo amigo del senador oficialista Pablo Millor. El actual canciller, Didier Operti, es otro militante de la Lista 94.
Las investigaciones realizadas por Gelman, su esposa Mara La Madrid y el periodista uruguayo Gabriel Mazzarovich llevaron en noviembre de 1999 al hallazgo de Macarena, la beba arrebatada a su madre 23 años antes, y abrieron un rumbo en el muro de la impunidad, que el gobierno oriental intenta apuntalar ahora con desesperación. Hace ya dos años, la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson, dijo en Montevideo que la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado contradecía la normativa internacional humanitaria, ante la que debía ceder. El Uruguay es uno de los pocos países del mundo cuya clase política considera que su legislación interna está por encima de las convenciones y tratados y de los principios generales del derecho internacional. Los otros más notorios son China y los Estados Unidos de Norteamérica. Los gobiernos de Washington y Beijing se resisten al derecho en nombre de la fuerza.
Silencio de plomo
Al concluir la audiencia con Kir-
chner, Gelman y Duhalde respondieron preguntas de los periodistas en la sala de prensa de la Casa de Gobierno. “El presidente Jorge Battle Ibáñez conoce el nombre del asesino de mi nuera y sabe dónde la sepultaron. Mantiene un silencio
de plomo, un silencio sepulcral”, dijo Gelman. Esto provocó una precipitada desmentida. El asesor de Batlle, Carlos Ramela Regules, dijo que no había evidencias de que la nuera de Gelman hubiera muerto en el Uruguay. Según Ramela lo que saben el presidente y la Comisión para la Paz, que él integró como delegado presidencial, “es una versión brindada por el propio Gelman, pero no es la única”. Y agregó que “el trabajo de la Comisión para la Paz no se basa en suposiciones, nosotros no pudimos llegar a una confirmación sobre qué fue lo que pasó finalmente”. En un reportaje concedido a la radio de Montevideo “El Espectador”, Gelman respondió: “Supongo que por la cantidad de ocupaciones que tiene, Ramela está un poco olvidadizo, incluso de lo que firma”. Se refería al informe final de la Comisión para la Paz y a su confidencial anexo II.
Su inciso 1 afirma que María Claudia fue secuestrada en Buenos Aires junto con Marcelo Gelman el 24 de agosto de 1976, trasladada en la segunda semana de octubre de ese año a Montevideo y alojada en el Servicio de Información de Defensa (SID), llevada a fines de octubre o principios de noviembre al Hospital Militar, donde dio a luz una niña y devuelta a fines de diciembre al SID, donde le fue sustraída la niña, que fue “entregada a un policía, quien la inscribió como hija legítima”. El inciso 2 dice que luego del robo de la niña, María Claudia “fue derivada a una base clandestina militar, donde se le dio muerte, enterrando posteriormente sus restos en un predio militar”. Esa versión, añade, fue “confirmada por fuentes militares”. El inciso 3 consigna otra versión, “proveniente también de fuentes militares”: luego del parto y el despojo de la beba, María Claudia habría sido entregada “a los represores argentinos de Automotores Orletti, quienes la vinieron a buscar a Montevideo y la retornaron a la República Argentina en lancha, desde el puerto de Carmelo, habiéndole dado muerte en el vecino país”. Pero en este caso las fuentes militares son interesadas. Según el mismo punto se trata de aquellos “a los que se implica como involucrados en el operativo”. El inciso 4 afirma que “el secuestro de esta joven, sin relación alguna con el Uruguay, no tiene explicación lógica y sólo pudo obedecer al propósito de sustraerle su bebé”. Luego de ello, “se dio muerte a la detenida”. Uno de los firmantes de esos anexos es Carlos Ramela Regules. Ramela sabe entonces “que no se trata de una versión de Gelman, es una versión confirmada por fuentes militares; esto está firmado por él de su puño y letra”, dijo Gelman. “Y él mismo señala que la otra versión proviene de fuentes implicadas como involucradas en el operativo. Es obvio que los involucrados no van a declarar contra sí mismos”.
Ramela es el mismo funcionario que hace dos años declaró al diario El País que la Comisión no había verificado la existencia de asesinatos deliberados de prisioneros. “Los desaparecidos fueron torturados hasta morir, pero no hubo ejecuciones sumarias y tampoco hubo vuelos de la muerte”. Ante la conmoción que causaron esas palabras explicó que sólo se refería a la mitad de los 28 casos investigados y que sobre el resto no habían llegado a conclusiones indudables. El caso de María Claudia sería uno de ellos. Pero las investigaciones de la propia Comisión refutan esa hipótesis.
13 o 14
Durante años, Sanguinetti negó que María Claudia hubiera sido llevada al Uruguay y hubiera dado a luz a una niña. Pero la persistente investigación de Gelman y La Madrid, y la paralela del equipo de periodistas conducido por Mazzarovich, del diario La República, tornaron insostenible la posición del mandatario y concluyeron con la ubicación de María Macarena. Al asumir la presidencia, Battle intentó diferenciarse de Sanguinetti y capitalizar en su favor el hallazgo de Macarena, del que supo poco antes por un amigo militar. El flamante presidente aprovechó así el descubrimiento de Gelman, dejando correr la idea de que él había encontrado a la piba. “Cuando nosotros llegamos a Montevideo, a fines de marzo de 2000, para encontrarnos por primera vez con mi nieta, nuestro propósito era hacerlo sin publicidad, porque imaginábamos el tipo de choque emotivo que podía tener la persona, de 23 años, al saber que su identidad no era la que había creído durante toda su vida. Pero el presidente Batlle insistió en hacer esto público. Conocí a mi nieta, le pregunté si estaba de acuerdo, me dijo que sí y por eso se produjo todo lo que se produjo”, contó Gelman. “Es un mérito indudable del presidente Batlle haber convalidado ese hallazgo, ese encuentro. De un modo implícito convalidó todo lo que mi investigación había mostrado, es decir que militares uruguayos trasladaron como un envase a mi nuera, embarazada de ocho meses y medio, de Buenos Aires a Montevideo, esperaron el nacimiento de la beba y dos meses después se la arrebataron, asesinándola efectivamente en Uruguay”, agregó.
En la única entrevista que tuvieron, Battle le preguntó a Gelman en qué podía ayudarlo. “Haga lo necesario para recuperar los restos de mi nuera”, respondió el poeta. Battle encomendó entonces a Ramela y al jefe de la Casa Militar de la Presidencia, general Ricardo González, que investigaran el destino final de María Claudia. También designó como intermediario para el intercambio de información con Gelman en las investigaciones restantes a Gonzalo Fernández, el brillante penalista uruguayo que era abogado de Gelman. En agosto de 2000 Battle creó la Comisión para la Paz. Presidida por el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotuño, incluyó representantes de diversos sectores. Ramela representó al propio Battle y el letrado de Gelman al candidato presidencial por el Frente Amplio, Tabaré Vásquez.
Según la investigación periodística de Mazzarovich, María Claudia había sido sepultada en terrenos del Batallón 13 de Montevideo. El propio Battle interrogó a notorios represores sobre el tema. El lunes 5 de junio de 2000, Battle le comunicó a Gelman por medio de Gonzalo Fernández que se había reunido con algunos militares que actuaron durante la represión. El presidente llegó a la conclusión de que María Claudia no había sido enterrada en el Regimiento 13, donde había torretas desde las cuales aun de noche hubiera podido observarse la operación, sino en el Regimiento 14. Dijo que el pozo fue cavado por oficiales del Ejército uruguayo. Battle le comunicó a Gonzalo Fernández, y éste a su cliente, que quien asesinó a María Claudia luego del parto fue el policía Ricardo Medina, a quien mencionó como ahijado del comisario Tauriño. El presidente agregó que conocía en forma precisa la ubicación de los restos y que ordenaría que se los entregaran en un ataúd, para realizar los estudios del caso.
“Sabemos todo”
En el mismo mes de junio de 2000, Battle recibió al senador Rafael Michelini, el político oriental que más ha insistido en el esclarecimiento y castigo de los crímenes de las dictaduras del Río de la Plata. Su padre, el ex legislador colorado Zelmar Michelini, fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires en mayo de 1976. En causas judiciales instruidas en Uruguay y la Argentina, Rafael Michelini narró esa audiencia de una hora y media con Batlle. “El tema fundamental fue el de los derechos humanos y la conformación de una Comisión para la Paz. La reunión, en el Edificio Libertad, sede del Poder Ejecutivo, fue de carácter institucional entre el Presidente de la República y quien habla, senador de la República”. Cuando llegaron al caso de la nuera de Gelman, Battle dijo:
–De María Claudia sabemos absolutamente todo.
–¿Todo? –preguntó Michelini.
–Todo, incluso quién la mató.
Michelini agregó en sus testimonios judiciales que Battle nombró “al policía Medina como autor del hecho, haciendo la salvedad de que no sabía cuál era el lugar exacto donde estaban los restos, aunque precisó que se trataba de cuestión de tiempo para saber el lugar exacto, ya que ahora se sabía sólo el área aproximada”.
Al mes siguiente, en julio de 2000, un informante militar del diario La República dijo que en el Batallón 13 de Infantería había tres pozos. La información provenía de un ex jefe de ese batallón, coronel (R) Rudier Csiocsia. “Uno [de los pozos] es el de la nuera de Gelman y hay otros dos que no sé de quiénes son. Salvo quienes los enterraron nadie sabe exactamente la ubicación, aunque todos dicen que es cerca del arroyo, dijo Csiocsia en una reunión con otros militares retirados, inquietos por los avances de la investigación. En ese encuentro, se sindicó como el informante del presidente Battle a un coronel retirado. Csiocsia agregó un detalle impresionante acerca del modo en que fue sepultada María Claudia y los otros dos asesinados: “En barriles de metal de 200 litros y cubiertos con un mortero de material arriba”. El dato es significativo. Un informe de la Subprefectura de San Fernando descubierto en 1989 describió cómo una caravana de cuatro vehículos se detuvo poco después de la medianoche del 13 de octubre de 1976 sobre el puente ferroviario que atraviesa el canal San Fernando y desde la caja de un camión arrojaron “bultos contundentes”. Con las primeras luces del día, la Prefectura rastreó el canal, hasta que dio con ocho tambores de doscientos litros, herméticamente cerrados. En uno de ellos estaba, hormigonado, el cuerpo de Marcelo Gelman. Murió a consecuencia de un disparo a quemarropa, cerca de la nuca, dice el peritaje.
Contacto directo
Un año y dos meses después de la audiencia de Battle con Michelini, el 3 de agosto 2001, el semanario Brecha de Montevideo reveló otros detalles de la conversación del presidente con el Senador. Battle dijo que era escéptico en cuanto a la posibilidad de identificar a los autores de las desapariciones de ciudadanos uruguayos. Por ello, tampoco haría pública la pormenorizada información que ya había obtenido acerca del asesinato y entierro clandestino de María Claudia. “No le puedo dar a un argentino lo que les niego a los uruguayos”, dijo. Ramela dijo que esa publicación buscaba “embarrar la cancha”, pero Michelini no la desmintió, como pretendía el gobierno. Luego de la audiencia de Gelman con Kirchner y del reportaje del poeta en la radio “El Espectador”, Ramela admitió que no se trataba de “la versión de Gelman” ni de “suposiciones”, como había dicho, pero ofreció una curiosa valoración de las fuentes militares consultadas por la Comisión.
La versión del regreso a la Argentina y el asesinato en Buenos Aires “proviene de fuentes más vinculadas”, de “quienes pueden haber tenido un contacto más directo con la cosa”. La de la ejecución en Uruguay, en cambio “proviene de personas que no tuvieron vinculación directa y que hablan en función de deducciones, supuestos o interpretaciones”, dijo el asesor presidencial a la prensa uruguaya. La respuesta de Gelman es demoledora: “¿Quiere decir el doctor Ramela, que el presidente Battle se basó en deducciones, supuestos o interpretaciones, cuando me comunicó a través de Gonzalo Fernández que Ricardo Medina había asesinado a mi nuera y entregado a mi nieta al comisario Tauriño o cuando le dijo al Senador Michelini que de María Claudia sabemos absolutamente todo, incluso quién la mató?”.
Lo único que Gelman no pudo contestar a la prensa uruguaya, porque no lo sabe, es qué pasos dará el gobierno argentino para llevar adelante lo que el presidente Kirchner definió como una cuestión de Estado. Fuentes del gobierno argentino que merecen fe dijeron que entre las medidas en consideración no se contempla la ruptura de relaciones diplomáticas.