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Ocho policías y un supuesto “informante” que colaboraba ilegalmente con ellos fueron procesados por su presunta vinculación con narcotraficantes en la provincia de Córdoba. Ricardo Bustos Fierro, a cargo del juzgado federal 1 de esa provincia, dictó la prisión preventiva para seis de los miembros de la división Lucha contra el Narcotráfico de la Policía cordobesa. Los efectivos fueron imputados por los presuntos delitos de asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público. El fiscal de la causa se mostró conforme con el fallo, aunque anticipó que apelará porque “contiene errores”.

La medida judicial recayó sobre los ex jefes de la división, comisario Rafael Gustavo Sosa, y el comisario general retirado Mario Rogelio Nieto. También fueron procesados con prisión preventiva el ex jefe de Inteligencia comisario Gustavo Julio González, el comisario Alfredo Damián Seine, el oficial Franco Sebastián Argüello y el suboficial Fabián César Peralta Dátoli.

Bustos Fierro procesó también al “informante” Juan Francisco Viarnes, por los presuntos delitos de extorsión en carácter de partícipe necesario, violación de los deberes de funcionario público en carácter de partícipe necesario y falso testimonio agravado, en carácter de autor, aunque sin prisión preventiva. El escándalo desatado por la utilización irregular del “informante Juan Viarnes” provocó las renuncias del entonces ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de Policía, comisario Ramón Frías. Viarnes había manifestado que fue utilizado por los integrantes de Lucha contra el Narcotráfico para “armar” casos, aunque supuestamente era sólo un “informante”.

En esta causa también fueron procesados sin prisión preventiva los policías Mario Enrique Osorio, por violación de los deberes de funcionario público, y Cristian Damián Ingas, por el mismo delito más el de falso testimonio agravado.

Por su parte, el fiscal Enrique Senestrari, a cargo de la instrucción, dijo que no se descartan nuevas imputaciones en el expediente. “Es bueno y positivo que se haya ordenado la prisión preventiva por asociación ilícita, porque supone que funcionaba un grupo organizado de personas, con jerarquía similar a la de la policía, que realizaba maniobras ilícitas para lograr sus fines”, opinó Senestrari. Sin embargo, precisó que la resolución dictada ayer por Bustos Fierro merece ser “apelada, porque dispone el sobreseimiento y la falta de mérito (de algunos de los imputados) respecto de otros delitos, como el de privación ilegítima de la libertad”. Aunque aclaró que la resolución tiene que ser estudiada con detenimiento, el fiscal anticipó que “contiene errores jurídicos y faltas de fundamentación”, por lo que, seguramente, “será recurrida para que resuelva la Cámara Federal de Apelaciones”. Hace pocos días Senestrari cuestionó al gobierno de José Manuel de la Sota por darles “protección” a los acusados.

El escándalo político e institucional que enfrenta la administración provincial, denominado “narcoescándalo” o el caso de los “narcopolicías”, derivó meses atrás en las renuncias del ministro de Seguridad y del jefe de la Policía. Por pedido de la fiscalía, hace cuatro meses el juez Bustos Fierro ordenó una serie de allanamientos en domicilios de efectivos policiales y en dependencias de la Central de Policía, mientras que emitió la orden de detención para los involucrados.

La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció por intermedio del testimonio del “colaborador encubierto” Juan Francisco “El Francés” Viarnes, ofrecido al programa televisivo ADN de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC, y motivó que el fiscal acelerara la investigación que ya estaba en marcha.