La investigación sobre el violento desalojo del Parque Indoamericano en diciembre de 2010, donde fueron asesinadas dos personas, entró en etapa de definiciones después de incontables idas y vueltas, y de un desfile de policías indagados en los últimos meses. Por lo pronto, la jueza Mónica Berdión de Crudo aceptó el pedido del fiscal Sandro Abraldes y citó a indagatoria al ex jefe de la Policía Metropolitana Eugenio Burzaco, para el 12 de marzo. A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a los padres de una de las víctimas, Rosemary Chura Puña, reclamó el procesamiento de tres altos jefes de la Policía Federal y cuatro de la Policía Metropolitana, así como de 25 oficiales de la fuerza porteña, acusados de efectuar los disparos mortales, y ocho de la federal. Cuando Abraldes pidió indagar a Burzaco, lo señaló como posible responsable de las muertes y de las lesiones a cinco personas provocadas por los agentes policiales que reprimieron en el predio de Villa Soldati a familias que ocupaban el lugar en reclamo de acceso a la vivienda y a personas que sólo estaban allí en forma casual, como Chura Puña, de 28 años, y el otro chico asesinado, Bernardo Salgueiro, de 22. La fiscalía estableció, a partir del relato de uno de los policías indagados, Miguel Angel Ciancio, que existió una mesa de operaciones desde la cual Burzaco hacía un seguimiento de los acontecimientos y daba instrucciones de manera coordinada con la Policía Federal, que había recibido la orden judicial de desalojo.

En rigor, Burzaco había sido citado para mañana ante la jueza, pero la semana pasada se presentó avisando que estaría de viaje, por lo que su declaración quedó postergada para el 12 de marzo. Según el fiscal, el ex jefe policial tenía “injerencia directa” en el “control de la actuación policial”, decía su dictamen de fin de año.

El pedido de procesamientos del CELS insiste en que las dos fuerzas policiales, la Federal y la Metropolitana, actuaron en conjunto. Abarca a los entonces comisarios federales Hugo Lompizano (condenado por el asesinato de Mariano Ferreyra), quien en ese entonces estaba a cargo de la Dirección General de Operaciones; Juan Quintero, jefe de la Circunscripción VIII, y Emilio Miragaya, ex titular de la comisaría 36. El organismo les atribuye los delitos de homicidio y lesiones culposas, que hace extensivos también a los jefes de la policía de Mauricio Macri: los comisionados Claudio Serrano, César Menardi y Alberto Ojeda y Ciancio, el superintendente que comprometió a su jefe máximo.

Los 25 agentes de la Metropolitana están sospechados de haber efectuado disparos con balas de plomo. Chura Puña y Salgueiro fueron asesinados en extremos opuestos del parque con el mismo tipo de proyectil: balas calibre 12/70 compatibles con escopetas policiales. Por el análisis de material visual obtenido de las cámaras de la zona y de los canales de televisión, así como los relatos de testigos, la fiscalía pudo reconstruir que los disparos letales provenían de efectivos de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM). Entre los policías en cuestión se encuentra el comisionado mayor Ricardo Ferrón, quien también está involucrado en la represión en el Hospital Borda y en la Villa 31, donde actuaron agentes metropolitanos cual grupo de choque.

La Metropolitana mantuvo en funciones a los policías implicados. Incluso, advirtió el CELS, “sus abogados tienen domicilio constituido en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”. La Federal desplazó a la mayoría. Aunque el pedido de procesamiento apunta por abuso de arma a ocho federales que siguen en sus cargos.

“La investigación se ha encontrado con diversos obstáculos: las autoridades porteñas brindaron información insuficiente y contradictoria en varios aspectos claves, como la identificación del personal que participó del operativo y el armamento designado. El ministro Guillermo Montenegro insiste en que la Metropolitana no contaba con munición de plomo, mientras que está probado que para la represión disponía de 300 cartuchos de ese tipo, y que los disparos tuvieron como consecuencia las muertes y heridas”, sostiene el organismo. Recuerda también que hubo efectivos que asistieron sin uniforme, lo que contraría el protocolo previsto para prevenir alteraciones del orden público en concentraciones de personas. Ese protocolo es de la Federal, a la que respondía también la Metropolitana ese día, que carece de protocolo alguno, lo que explica el accionar represivo sin filtro ante conflictos sociales.

Las defensas de los agentes acusados de disparar insisten ante la jueza con la teoría de que las balas letales provenían de armas tumberas. En rigor, los peritajes en sí mismos concluyeron que no se puede determinar a ciencia cierta a qué arma pertenecen. Hoy declaran dos peritos de Gendarmería, pero es improbable que cambien lo que ya dijeron. En la fiscalía reconstruyeron los hechos con otros elementos y están convencidos de que los proyectiles son de armas policiales.

La jueza no tardaría en tomar definiciones en la causa, tal vez después de la indagatoria de Burzaco.