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Los hechos de la semana que se repasarán describen a un gobierno presente e hiperactivo, que actúa sobre las consecuencias de la devaluación. Anticipemos una hipótesis: las devaluaciones causan efectos inmediatos negativos para los trabajadores con ingresos fijos, los importadores y el nivel de actividad. También mejoran la ecuación de las exportaciones y el ingreso de divisas. El modo de procesarlas no es neutral, lo que impide igualar lo que ocurre hoy con otras experiencias anteriores, de las que (más vale) tampoco se diferencian ciento por ciento. El kirchnerismo busca atenuar o hasta invalidar ciertas consecuencias, especialmente sobre empleo, capacidad adquisitiva de los trabajadores, inflación y poder relativo del Estado.

De cómo resulten varias pulseadas consiguientes depende que se mantengan indicadores valiosos obtenidos en estos años. La mayoría de los argentinos, aun aquellos que lo cuestionan duramente, tiene su futuro ligado al éxito contingente del Gobierno.

Las importantes diferencias con vivencias de otras épocas, que se van insinuando y sustanciando, son básicamente tres. Hay un gobierno bien diferente de los anteriores, un Estado más dotado que el de años atrás, una sociedad más combativa y poderosa. Las tres variables se construyeron, adrede y en buena proporción, en la ya larga década kirchnerista. Son capital del sistema democrático, lo que no obsta (más bien contribuye) a que haya demandas y exigencias de gremios y organizaciones sociales que le meten presión al Gobierno, en buena hora.

El nuevo índice de precios al consumidor del Indec, la compra de la empresa Apache, las movidas para sostener la cotización del dólar y acrecentar reservas, el programa Progresar, las tratativas con Repsol y el Club de París más las incipientes paritarias integran un paquete de objetivos sofisticado y muy arduo.

Se cuenta con un equipo económico más coherente y afiatado que el de los años previos. Eso no les garantiza el éxito a quienes “bailan con la más fea” en la más difícil coyuntura que afrontó el kirchnerismo, pero los califican para “pelearla” mejor.

El consultor Miguel Bein, a quien la Presidenta le propició el rato de fama del que habló Andy Warhol, tituló su informe mensual “No lo dicen... Es un Plan”. Expresó algo certero, como cuando denunció que había grandes operadores que querían generar un caos financiero que pusiera en jaque la gobernabilidad democrática, como se anticipó semanas ha en esta columna.

Hay equipo, hay un programa de coyuntura, hay una carta de ruta... y el partido es durísimo.

Vamos por partes, como proponían Aristóteles, Descartes y Jack el Destripador.

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Alto y creíble: El Indice de Precios al Consumidor (IPCNu) nació gordito; pesó 3,7 mensual para enero. La cifra refleja un preocupante nivel de inflación aunque al mismo tiempo tiende un puente firme para recuperar la credibilidad del Indec. Funge de correctivo (y de reconocimiento tácito) tras años de desaciertos... no será sencillo recobrar la legitimidad social. De cualquier modo, influye pronto en los grandes actores de la economía y la política. Muchos economistas y dirigentes opositores reconocieron su pertinencia. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que el Gobierno se acerca, aunque contradiga su verba inflamada de años atrás.

La medición verosímil puede servir para orientar la puja distributiva y para relegar al canasto las mediciones alternativas chantas que prosperaron, favorecidas por la mala praxis oficial.

El cronista no es quién para adentrarse en los densos análisis sobre la hechura del flamante índice. Personas avezadas de distintos “palos” coinciden en señalar que los de consultoras privadas sólo mensuran la Capital y la Zona Metropolitana, en la que el aumento del transporte y otros servicios fue mayor que en el conjunto nacional. Si se aísla esa variable, las distancias con el Indec son nimias. Y la profesionalidad del índice oficial es mucho mayor. El mejunje apodado “índice del Congreso” no es tomado en serio por casi nadie, tampoco en esta columna.

Para los sindicalistas cercanos al Gobierno es una ayuda tener una referencia verosímil y no voluntarista. Con el arrastre a febrero, aunque se carezca de un número para diciembre, se tendrá un trimestre con el diez por ciento de inflación, redondeando. Eso da una pista seria para sentarse a negociar, sin entregar a los compañeros y sin prendarse de números exorbitantes.

Rara es la victoria del Gobierno versus su propio proceder anterior. Lo esencial no es medir la inflación, sino combatirla. Una herramienta que tenga consenso es apenas y, nada menos, un instrumento para avanzar.

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El verde y el blue desteñido: Las acciones del Banco Central dan la impresión de haber conseguido otra victoria táctica. El dólar ilegal se desinfla, los que compraron a doce pesos sufrirán lo suyo. Da pena el “chiquitaje” que creyó en los consejos de los grandes medios y los economistas VIP. Casi causan gracia las pérdidas de grandes inversores, aunque sus reacciones siempre son temibles.

Se frenó, por ahora, el drenaje de divisas del Banco Central. Y hay condiciones para que afluyan remesas de los bancos, de los “grandes del campo” que acopiaron en silos bolsa. Otro tanto pasa con la cercana cosecha de soja, que cuenta con el incentivo de la nueva paridad, del aumento de las tasas de interés. La perspectiva de merma de los precios internacionales en meses sucesivos favorece la perspectiva.

Absorber pesos y sumar dólares es positivo para fortalecer al Estado, pero tiene contrapartidas negativas en el nivel de actividad. La sintonía fina y las medidas reparadoras son otro reto para el equipo económico.

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Inversiones en danza: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo enunció varias veces el año pasado. El Gobierno no rechaza dogmáticamente las inversiones extranjeras, aunque le pone varias condiciones. Simplificando apenas: que no sean “golondrina” o pura especulación financiera, que se vuelquen a la producción o a la obra pública.

Las negociaciones con el Club de París y con Repsol llevan su tiempo. En el ínterin se encarecieron las tasas de los créditos internacionales y el valor en pesos de la indemnización a Repsol.

“Formadores de opinión” de los medios dominantes confunden su discurso con la realidad y acusan al Gobierno de incoherencia. No es para tanto... Con la camiseta de Repsol sobre el pecho clamaron que hubo confiscación ignorando que el Congreso dictó una ley de expropiación. La norma estipulaba el pago del precio, supeditado a un lapso de tratativas, cuyo fracaso derivaría en un proceso de tasación. La oratoria oficial fue más drástica que lo escrito, como es habitual en todo regateo y puja de poder... el marco institucional lo da la ley.

Arreglar con Repsol tiene para la Argentina un (ventajoso, si que imperioso) costo de oportunidad. Las inversiones en energía, particularmente las ligadas a Vaca Muerta, son imprescindibles. Siempre se supo que, por su magnitud, sería necesario el capital extranjero. Pero los interesados, que los hay y muchos, quieren precaverse de demandas futuras de la multiespañola. La insistencia de la petrolera estatal mexicana, Pemex (socia de Repsol, además) y del propio presidente de México fueron una señal nítida.

La ingeniería financiera del pacto con Repsol es densa: las autoridades de YPF y del Gobierno creen que si prosperan “se cambiarán” bonos a futuro por inversiones inmediatas. Uno de los mecanismos explorados era y es garantizar parcialmente la deuda con bonos estatales de España. Según explican protagonistas avezados, no resentirían las reservas del Banco Central y les darían más confianza a los españoles. Una digresión, ya que estamos: el creciente escándalo en el Canal de Panamá en el que está envuelto otra multihispana revela las características de ese neocolonialismo de rapiña. También muestra que los corsi e recorsi de la historia no son una exclusividad de estas pampas.

Vaca Muerta es uno de los proyectos a mediano plazo en el que está comprometida esta gestión. En el mejor de los casos, el megayacimiento generará gran riqueza durante la próxima presidencia, sea de quien fuere. En el tránsito se puede ir produciendo más, bajando el gigantesco déficit energético.

La estatización de YPF es una gran medida del gobierno de la presidenta Cristina, que se contrapone a varios desaciertos de la política sectorial del kirchnerismo. Claroscuros hay, también ideas fuerzas notables que dejan su aporte al patrimonio nacional.

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Un Apache nacionalizado: YPF compró Apache, una empresa hidrocarburífera extranjera, a un costo superior a los 800 millones de dólares, con recursos propios. La movida interesó poco a la galaxia opositora aunque (¿por qué?) es más que interesante. Tiene varias finalidades, entre ellas mejorar pronto los niveles de producción y de reservas. Además convierte a YPF en el principal operador de gas del país y a la Argentina en el segundo productor de la región, detrás de Bolivia.

Aunque se diga menos, también se busca revertir el cuadro de fragmentación que obró la política de los ‘90. Las cesiones a las provincias fueron duales: consiguieron adhesión a las aciagas políticas nacionales y permitieron mejorar los ingresos de los territorios. Es endiablado y sería injusto hacer un balance general de lo que pasó, no ha de ser homogéneo cuando se habla de cerca de la mitad de las provincias, de distintos gobiernos, distintas etapas económicas. Puede insinuarse que en promedio las provincias resultaron contrapartes débiles contra empresas trasnacionales con mucha espalda. Y que se privilegiaron los ingresos de corto plazo contra las estrategias de largo, el control ambiental.

Que YPF, que tiene como socias a las provincias, tome el control es parte de un cambio de paradigma digno de mención. Se fortalece el patrimonio nacional, en estas semanas de órdago.

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Ponerse en movimiento... para ponerse: Progresar es una acción novedosa, que eleva el piso de protección social. Apunta a una población vulnerable y desvalida. En buena dosis busca sostener un apoyo económico sostenido para quienes saldrían de la tutela de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Interpelar y convencer a los potenciales titulares del nuevo derecho es trabajoso. La Nación, las provincias, las municipalidades y organizaciones militantes están actuando. De nuevo: los niveles de activismo y de eficacia varían dada la multiplicidad de actores.

El Estado nacional ofrece la cobertura y desde sus autoridades “baja” una consigna, que es tener cientos de miles de chicas y chicos que puedan cobrar a principios de marzo. Es un programa de ingresos ligado a condicionalidades: terminar primario, secundario o universidad (“finalidad educativa” en jerga) o capacitarse laboralmente. Una parte de la labor futura concierne a los ministerios nacionales de Educación y de Trabajo. Otra a las provincias o municipios y a institutos de formación profesional.

Articular todas esas instancias es peliagudo, máxime porque hay iniciativas similares ya funcionando. De cualquier modo, el afán oficial es simétrico con el itinerario que deben seguir los pibes: lo primero es proveerles estar inscriptos y tener un ingreso. En tiempos sucesivos, breves por definición y por exigencia legal, habrá que encontrarles los espacios para educarse o formarse.

El Progresar es un programa paliativo, de proyección al largo plazo y también funcional para la coyuntura. Nadie pone en duda, en la era kirchnerista, que los fondos estarán y serán pagados en tiempo y forma. Eso es una novedad respecto de tiempos pasados y para nada remotos.

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Lo que hay: Es un ejercicio instructivo comparar la eficiencia y poder de la Anses o de la AFIP con lo que supieron ser y rendir. Falta mucho en materia de reforma del Estado, pero esos ejemplos concretos demarcan un rumbo. Se recauda y se redistribuye a través de Agencias que cambiaron cualitativamente. Programas como el Pro.Cre.Ar, la AUH y el Progresar hubieran sido mera ficción durante los mandatos de los presidentes Carlos Menem o de Fernando de la Rúa. Estaban lejos de su imaginario, de su libido y de sus aptitudes. En un trance de crisis cabe evocar esas diferencias y también utilizarlas para compensar inequidades de vieja data, a las que se añaden las del “modelo” más las surgidas en este nuevo contexto.

El sociólogo Pablo Semán, en intercambio amable con el cronista, pinta así el cuadro de situación, tan complejo cuan dialéctico, con mayor espacio para los reclamos populares: “La Argentina de 2013 resume en su composición fragmentaciones, antagonismos, tensiones de toda la vida. Las resume acumulativamente, sin síntesis, y con desigualdades más marcadas (a veces). Pero hay un cambio cualitativo que no está garantizado para siempre aunque hasta ahora funciona. En comparación con otras épocas es más legítimo y más efectivo protestar. El costo de la protesta disminuyó y la territorialización de la ‘lucha de clases’ es un efecto de la destrucción del perfil más integrado del viejo mercado internismo, y un síntoma del incremento de las asimetrías sociales. Pero el hecho de que no se la pueda reprimir ni eficaz ni legítimamente, de que no se pueda hacerlo sin clausurar la representación política popular que ejerce el peronismo de las más diversas formas (o sin arruinar a los dirigentes del peronismo) hace que las soluciones económicas ‘crueles’ sólo puedan ser, hasta ahora, el plan alucinado de una estudiantina de derecha que no necesariamente puede ser tomado en serio por el establishment”. El cronista se permite resaltar el “no necesariamente” de la última frase.

Esa derecha, de cualquier modo, opera y presiona. Con escasa prospectiva en las urnas, juega en otros tableros.

La Presidenta sugirió “moderación” en la negociación colectiva a los gremialistas más afines. No las suspendió, ni las desvirtuó: llevan años. Tampoco le forzó un techo. No quiso y tampoco podría hacerlo. Ocurre que el poder sindical creció en “la década”, lo que enaltece al Gobierno aunque lo complica al pedir templanza. En buena hora existe esa dialéctica cuya tramitación y desenlace serán cruciales.

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