La fiscal Cristina Caamaño, que reemplaza al suspendido José María Campagnoli, volvió a pedir la llave de la oficina que Campagnoli mantiene cerrada sin que se sepa si adentro hay expedientes en los que corre la prescripción. En los últimos días llegaron a la fiscalía nulidades dictadas por distintos jueces. Una, porque Campagnoli pidió la indagatoria de un imputado y como el juez se la denegó, él mismo le tomó declaración testimonial. O sea lo pasó de sospechoso a testigo. La otra nulidad es por actuar sin tener competencia.

El cuadro en la fiscalía sigue siendo de tensión: quienes trabajaban con Campagnoli ahora lo hacen a reglamento. De todas maneras, la comisión interna gremial de los trabajadores del Ministerio Público emitieron un comunicado en el que señalaron que se han preservado los derechos de quienes están en esa fiscalía, así como los que trabajan en Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) y que fueron trasladados, con las mismas funciones, a un edificio del centro.

Los trabajadores autoconvocados del Ministerio Público salieron segundos en la última elección y emitieron también un comunicado recordando que en los últimos años Campagnoli tiene denuncias en su contra por “misógino, abuso de poder, hostigamiento, irregularidades en allanamientos en los que llegó a decir ‘si yo no los meto presos, les meto un tiro en la cabeza’ o tildar de ‘negra de mierda’ a la persona allanada”. Los autoconvocados están enfrentados al oficialismo del gremio de los empleados judiciales que encabeza el moyanista Julio Piumato.

Otra agrupación gremial, la Asociación Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, también dirigió una carta a la fiscal Caamaño en la que “le transmitimos la solidaridad frente a la hostilidad y acusaciones que se sucedieron en el marco de su desempeño. Existe una violencia ascendente en el ámbito de la Justicia nacional, y nos solidarizamos con usted tratándose de una persona de tantos años de desempeño a puro trabajo y sin denuncia alguna al respecto”.

La Procuración General que encabeza Alejandra Gils Carbó deberá decidir hoy si convoca a un escribano y abre las puertas del despacho que ocupaba Campagnoli hasta su suspensión para determinar si allí hay o no causas judiciales. El fiscal fue apartado provisoriamente de sus funciones por irregularidades en su desempeño. Campagnoli argumenta que fue por investigar los vínculos del empresario patagónico Lázaro Báez, pero la Cámara ya le había quitado esa causa con anterioridad por haber duplicado el expediente y sobreactuar, de acuerdo con lo que señalaron los camaristas en la resolución.