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La Cámara Federal confirmó el archivo de una causa por los supuestos sobresueldos a jueces y pagos a periodistas durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. La resolución fue dictada por la sala II del tribunal, tras considerar que, luego de más de una década de investigación en el sumario penal, sólo hubo “magros avances” e insuficiencia de pruebas relacionada con los hechos denunciados.

El archivo ordenado en primera instancia, con el acuerdo del fiscal Carlos Rívolo, llegó a la Cámara por apelación de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa. La denuncia, presentada en 2003, mencionó que se utilizaron fondos de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para abonar sobresueldos a jueces, entre 1989 y 1999, y pagos a periodistas en el período 1999-2001. Al apelar el archivo, la OA expuso que quedaron sin producir dos medidas de prueba: el análisis de documentación agregada a la causa sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex funcionario menemista Raúl Granillo Ocampo y el testimonio de una empresaria estadounidense, Mattie Lolavar. Según la denuncia, Lolavar, titular de una consultora, habría firmado un contrato con la SIDE para mejorar la “imagen” del gobierno aliancista. La OA recordó que, durante un reportaje, la mujer habría hecho referencia a “un listado” con los periodistas destinatarios de los supuestos pagos por parte de la SIDE. La sala II de la Cámara acotó que el objeto procesal de la causa contra Granillo Ocampo es distinto y la incorporación de documentos de ésta no revertiría la situación del abono de sobresueldos a jueces y pagos a periodistas. Sobre las declaraciones de Lolavar a la prensa, el tribunal de segunda instancia recalcó que la empresaria no dijo tener un listado, sino que éste, correspondiente a cuando Menem era presidente, habría sido mencionado por el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah destacaron, además, la respuesta de Estados Unidos a un exhorto, pidiendo precisiones sobre posibles domicilios de Lolavar en ese país. “Frente a esta situación, tanto la evaluación realizada por la fiscalía como por el juzgado” sobre la producción de esas pruebas y su “conclusión negativa” para el progreso de la pesquisa “debe compartirse”, agregaron Irurzun y Farah. Los camaristas subrayaron que, como el archivo del sumario tiene “carácter provisional”, nada impide, si se modifica la situación del expediente, reanudar la investigación.

En marzo de 2004, el ex presidente Fernando de la Rúa había sido convocado a declarar en la causa por haber dicho que “existe la prensa independiente y otros que reciben sobres”. Cuando acudió a prestar declaración en Tribunales presentó informes financieros de la SIDE, de los que surgen las diferencias presupuestarias en distintos gobiernos. De la Rúa dijo bajo juramento que apenas llegó al poder terminó “con los subsidios” a periodistas, jueces y legisladores.