La causa por el secuestro, las torturas, la desaparición y el asesinato de un grupo de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago durante la última dictadura cívico-militar argentina finalmente llegará a juicio oral, luego de que el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata ordenara ayer la llegada a esa instancia de la investigación en la que están imputados seis ex jefes de la Armada, dos ex jefes de Prefectura y dos oficiales de esa fuerza. Los fiscales federales platenses Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández habían presentado el requerimiento de elevación a juicio en julio pasado.

Este nuevo juicio que se desarrollará en la capital bonaerense tendrá como protagonistas a los jerarcas que permanecen con vida y que ocuparon los grados más elevados de responsabilidad en lo que se conoció como la Fuerza de Tareas Nº 5 de la Armada, una de las líneas de la represión estatal que más fuerte actuó en esa zona de la provincia de Buenos Aires.

Por los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, tres desapariciones y 36 casos de secuestros y torturas en centros clandestinos de detención de La Plata ocuparán el banquillo de los acusados el ex comandante de Operaciones Navales Antonio Vañek, el ex comandante de la Fuerza de Tarea Nº 5 (FT5) Jorge Alberto Errecaborde, el ex titular del Liceo Naval y también comandante de la FT5 Juan Carlos Herzberg y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina

Nº 3 (BIN3) José Casimiro Fernández Carró. También están procesados el segundo comandante y ex jefe a cargo del armamento del BIN3 Angel Antonio Mocellini, quien además cumplió funciones como comandante del grupo de tareas de la FT5, y el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIN3 Roberto Eduardo Fernando Guitian. La lista de imputados la completan los ex jefes de la Prefectura Naval de la zona del Río de la Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales de la Prefectura, Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza.

Según la acusación fiscal, los imputados cometieron crímenes de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago, tres de los focos industriales más pujantes de la zona de Río Santiago en aquellos años. Cerca de 15 mil hombres y mujeres eran empleados de esas empresas a mediados de los ’70.

Para contextualizar los delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por los integrantes de la FT5, los fiscales citaron en la elevación presentada al Juzgado Federal Nº 3 al denominado Plan de Capacidades que en noviembre de 1975 determinó tareas a la Armada Argentina con vistas a lo que luego se institucionalizó como el plan sistemático de exterminio de la última dictadura cívico-militar. Conocido como el “Placintara”, aquel orden de acción indicaba a los marinos que debían “operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de la propia jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras Fuerzas Armadas detectando y aniquilando las organizaciones subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado”.