El joven discapacitado que fue atacado en el Puente Avellaneda en una protesta del sindicato de los portuarios no presentó la denuncia por la agresión. De todas maneras, la gobernación bonaerense anunció que está interviniendo la Justicia para investigar el caso. Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, afirmó que pudo haber sido una pelea entre barras bravas, mientras el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, repudió “enfática y profundamente” los hechos de violencia ocurridos. Desde el gremio involucrado responsabilizaron a “infiltrados”.

Los incidentes se produjeron el miércoles durante una protesta del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA): Raúl Lescano, de 27 años, fue tirado desde el Puente Avellaneda cuando intentó cruzar el piquete en moto, para llevar de urgencia a su esposa embarazada a un control médico.

Capitanich llamó a que las protestas tengan un “marco de razonabilidad y prudencia, porque existe la necesidad de generar mecanismos de peticiones, reclamos y ejercicios del legítimo derecho a la protesta de otra manera, sin afectar a terceros, generando condiciones para que tengan visibilidad, pero en un marco de razonabilidad y prudencia”.

Según afirmó Berni, Lescano se negó a realizar la denuncia. El secretario de Seguridad dijo que de “los que estaban en el puente, algunos eran integrantes de la barra brava de Defensa y Justicia, y el damnificado es de la barra de Dock Sud, así que se conocerían de algunos partidos”. Berni aclaró que esos datos no son “información oficial” sino conjeturas.

Pese a que no hubo denuncia de Lescano, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, afirmó que se inició una acción penal y está interviniendo la Justicia. “Hubo unas horas –explicó Casal– donde la víctima no tenía lesiones graves, por tanto no tenía intención de iniciar la acción penal. Luego del diagnóstico, con los politraumatismos y la intervención de la familia, se dio inicio a la acción penal”, dijo, y expresó que a partir de ese instante “nos pusimos a disposición para poder contribuir a la identificación” de los agresores.

La madre del joven atacado se mostró agradecida porque el Ministerio de Salud bonaerense se hará cargo de reponer la pierna ortopédica de su hijo, que fue destrozada por los manifestantes cuando intentó cruzar el piquete.

El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Juan Corvalán, quien había dicho sentirse “afectado” por el ataque al punto de anunciar su renuncia al gremio, ayer manifestó no saber si lo hará. Luego de mencionar la posibilidad de que el ataque al joven haya sido obra de “infiltrados”, porque –según dijo el dirigente ligado al moyanismo– “había pibes menores que no son trabajadores del puerto”, reconoció que tuvo que “llevar gente (al piquete) porque teníamos una amenaza de una villa”. Sobre su dimisión dijo: “Yo me alejé, pero anoche no pude dormir. Ahora, la gente de la otra terminal no quiere trabajar hasta que tenga una reunión conmigo. Estuve reflexionando toda la noche: yo me retiro del puerto y tengo once trabajadores en la calle. No es que me arrepiento, pero tengo una reunión, vamos a ver cómo seguimos”. Y agregó: “Tengo que arreglar el tema de las once familias que quedaron en la calle. Me dijeron: ‘Vos te vas y nosotros, ¿qué hacemos ahora?’. Se hizo un nudo que no sé cómo desatarlo”, justificó el líder del SUPA.

El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, central a la que pertenece el SUPA, repudió el hecho, pero afirmó que el principal responsable de esto es el Gobierno, “porque no hay respuesta a estas situaciones”. Y consideró que “esto no puede seguir así, las organizaciones gremiales no pueden permitir que se les desborde una situación de esa naturaleza”.