La reacción de la patota del sindicato portuario que arrojó desde el Puente Avellaneda a un joven discapacitado que intentó cruzar con su esposa embarazada y en moto el piquete que habían montado sobre el puente reabrió el debate sobre la posibilidad de establecer una normativa que impida el uso abusivo de los bloqueos y cortes de rutas como metodología de protesta, como propuso la Presidenta ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Desde el kirchnerismo insistieron en que no se busca “criminalizar la protesta” y propusieron un trabajo “conjunto entre gremialistas, políticos, policías y fiscales” para tener un código de normas de convivencia. La UCR, el Frente Renovador y el PRO se mostraron partidarios de legislar algún tipo de normativa, mientras que el socialismo tomó distancia de sus aliados radicales y consideró “riesgoso” limitar las manifestaciones.

“El gobierno nacional no pretende criminalizar la protesta, sino que busca el equilibrio para que no haya un daño mayor”, sostuvo el diputado oficialista y abogado laboralista Héctor Recalde, al tiempo que marcó que “hay abusos” en cortes de calles y avenidas por parte de pequeños grupos que afectan los derechos de los demás habitantes.

La secretaria parlamentaria del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Teresa García, siguió la misma línea: “Todos tienen derecho a la protesta y este gobierno desde el 2003 no reprimió y no lo va a hacer”, sostuvo. Y consideró necesario “un código de convivencia, porque no puede ser que miles de trabajadores pierdan su premio a la asistencia” por estos cortes que a veces “son realizados sólo por diez personas”. “Nosotros (desde el oficialismo) vamos a trabajar en aproximar alguna norma”, insistió García. Pero la diputada también advirtió que “si no hay colaboración de gremialistas, policías y fiscales fundamentalmente es muy difícil encontrar una solución a estos problemas porque la Justicia debe actuar en forma inmediata”.

El ahora massista y diputado del Frente Renovador Darío Giusto-zzi se plegó a la propuesta. “Necesitamos reglas de convivencia claras en donde los derechos de uno no avasallen los de otros”, dijo y planteó que se debe alcanzar un status en el que “el derecho de peticionar no impida el ejercicio de otro a transitar con libertad. Necesitamos un empate entre ambos derechos”. “El método de protesta del tipo piquete se volvió violento y ha ido perdiendo legitimidad. Una cosa era Cultral-Có en 1994 y otra cosa es que hoy cualquiera haga cualquier cosa”, opinó.

“Salvo casos de masividad excepcional, hay que buscar mecanismos de convivencia entre los dos derechos”, sumó el jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo. “Tenemos claro que el mecanismo no es pedir permiso, si tienen derecho a manifestarse no deben pedirlo, pero eso no quita informar antes y adecuarlo”, añadió Pinedo.

Sobre este tema, los aliados radicales y socialistas no alcanzaron una postura común. “La legislación puede hacerse, pero el tema es complejo y, por lo tanto, no puede abordarse sólo desde la ley”, dijo el jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri. El diputado del PS Ricardo Cuccovillo, en cambio, manifestó su desacuerdo con “limitar expresiones de protesta de sectores sociales”. “Se verá en su momento; es muy riesgoso coartar, con la prédica de ‘mejorar las condiciones de la sociedad’, porque eso remite a épocas trágicas pasadas”, sentenció el socialista.