La discusión por la situación del juez federal Norberto Oyarbide hizo tambalear, en la recta final del plenario de ayer, el anunciado consenso dentro del Consejo de la Magistratura. Fue ya entrada la noche, cuando el oficialismo se opuso a darles un tratamiento más rápido que el habitual a las denuncias presentadas contra Oyarbide, cuestionado por haber frenado el allanamiento ordenado por él mismo a una financiera, tras recibir –según sostuvo ante sus superiores de la Cámara Federal– la llamada de un funcionario del Gobierno que le advertía que la policía a cargo del procedimiento pedía sobornos y amedrentaba con armas. Los radicales pedían a gritos que en la misma jornada se notificara al juez del expediente y se le pidiera un descargo. El kirchnerismo se negó a dar los votos necesarios. Aceptó, eso sí, que se designara un consejero para instruir el caso. El resto se debatirá el jueves que viene.

Oyarbide fue tema central desde la mañana. El Consejo recibió tres denuncias: una de los diputados radicales José Cano, Mario Negri y Manuel Garrido; otra de los consejeros del radicalismo Mario Cimadevilla y Oscar Aguad; y fue clave la de la Cámara Federal, que instruye un sumario contra el juez, y que advirtió que el asunto podía superar una mera falta administrativa. El tema no estaba en el orden del día del plenario. Lo puso en la mesa el abogado Alejandro Fargosi, al pedir las presentaciones. Los dos radicales reclamaron el tratamiento urgente por considerarlo un “escándalo” sin precedentes. “No conozco a Oyarbide, por mí que vaya preso, pero por una situación mínima de respeto tengo derecho a leer las denuncias”, lanzó el diputado Carlos “Cuto” Moreno (Frente para la Victoria). Propuso hacer el sorteo del consejero instructor y reanudar la reunión a las cinco de la tarde. En el medio, discutirían el reglamento (ver aparte). Los demás aceptaron.

Todo había empezado el 19 de diciembre, cuando la Policía Federal, por órdenes del juzgado, allanó la mutual Propyme, en Maipú 311, en una causa por lavado de dinero. Con un texto manuscrito, el juez suspendió el procedimiento mientras se estaba realizando. Lo decidió, dijo, ante la “denuncia de la comisión de hechos graves de corrupción”, que no precisaba. Al día siguiente citó al presidente de la financiera, Guillermo Greppi, y el mismo Oyarbide terminó presentando una denuncia penal, asignada al juez Luis Rodríguez. Greppi declaró que dos policías pedían 300 mil dólares, luego 3 millones de pesos, luego 2,5 millones.

En el sumario de la Cámara Federal, Oyarbide presentó un oficio esta semana que sorprendió: decía que había frenado el procedimiento tras ser “alertado” por un llamado del subsecretario Legal y Técnico Carlos Liuzzi, quien advertía que “el personal policial interviniente habría cometido abuso de armas con el fin de amedrentar a quienes estaban en la oficina allanada, amén de solicitar una suma determinada de dinero para abandonar el procedimiento”. En entrevistas periodísticas, Greppi dijo que conoce hace muchos años a Liuzzi.

A la hora de la merienda empezó la auténtica discusión política. Por entonces las denuncias ya le habían tocado a Moreno. Con tono provocador, Cimadevilla preguntó si ya citaban al juez. Fargosi dobló la apuesta y dijo que proponía suspenderlo sin más. El senador kirchnerista Marcelo Fuentes los acusó de buscar “efectos mediáticos”. Hay un “procedimiento habitual”, proclamó. Moreno agregó que no puede haber suspensión en cualquier momento, sino tras analizar las pruebas y al pedir un jury. También hay un tiempo para citar a un descargo o indagatoria, remarcó. Pidió hacer todo “legalmente”, sin “un tratamiento especial, diferente” para que “Oyarbide como cualquier otro tenga la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”. Antes, los radicales lo habían toreado diciendo que no pensaban lo mismo al citar al camarista civil y comercial Francisco de las Carreras, por el caso Clarín.

El kirchnerismo dejaba expuesto al estamento de los jueces, con quienes están ahora en son de paz y acercamiento, tras concederles la presidencia y la vice del organismo. Pero el vice, el camarista Ricardo Recondo, reclamó que el plenario se constituyera en Comisión de Disciplina y Acusación para citar a Oyarbide. El abogado Daniel Ostropolsky lo apoyó. Detrás, enfurecido, se les sumó el senador Cimadevilla, que acusó a los kirchneristas de violar un acuerdo establecido unas horas antes, por la mañana, para tratar la apertura acelerada. “No distorsione las cosas”, se enojó el académico Manuel Urriza.

“Hay un clamor general, un problema de imagen de la Justicia”, imploró Ostropolsky, con acento mendocino. Cimadevilla quiso leer, a los gritos, lo que había enviado Oyarbide a la Cámara, pero no tuvo eco. “Le daremos la trascendencia que queramos”, le devolvió Fuentes con igual vehemencia. Como había hablado de la influencia de los medios, el radical le espetó, saliendo por la tangente: “Si creés que Clarín y La Nación tienen la culpa de la inflación, te equivocás”.

Con Oyarbide, dijo Cimadevilla, “cometen un error, es un tema grave”. Fargosi empezó a enumerar sus causas. Finalmente, habló el presidente del Consejo, el juez cordobés Alejandro Sánchez Freytes. “Veo un hecho de gravedad inusitada”, arrancó. Luego le concedió al oficialismo: “Debemos conservar la mesura y prudencia (...) es como si algunos pensaran que hay que acribillar a Oyarbide sin derecho a nada, esto no lo puedo consentir”. “Tengo la seguridad y la confianza de que en el seno de la Comisión de Disciplina y Acusación se puede proseguir y terminar bien esta cuestión”, afirmó. Los kirchneristas empezaron a ponerse de pie. Ni siquiera se votó. Oyarbide fue protagonista, pero ni siquiera estaba en el orden del día, aunque será el único tema que tratará la Comisión de Disciplina la semana próxima.