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Organizaciones y personalidades que integran el Acuerdo por la Seguridad Democrática (ASD) convocaron a una audiencia pública en el Senado para expresar su rechazo a quienes se oponen al debate del anteproyecto del nuevo Código Penal con un “discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública”. A la propuesta que se expondrá hoy a partir de las 15 en el Salón Azul de la Cámara alta adhirieron legisladores de distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales y de derechos humanos, así como integrantes del propio Poder Judicial. “Las falacias demagógicas deben poner a la ciudadanía y a todo el espectro político en estado de alerta: se trata de un ideario que sostiene sin fundamentos que el aumento del poder de la policía, el incremento de las penas y el encierro masivo son las soluciones a los problemas de inseguridad”, sostiene la convocatoria.

“Están en juego los principios democráticos que protegemos como sociedad y los modos en que lo hacemos. Con la excusa de impedir el avance del anteproyecto elaborado por una comisión redactora con representación de diversas fuerzas políticas se impulsa una campaña basada en mentiras y distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar proyectos políticos de corte antidemocrático”, afirma uno de los párrafos de la convocatoria bajo el título “Para más seguridad, más democracia”.

Los convocantes mostraron su preocupación sobre “la gravedad de los argumentos de la demagogia punitiva (aumentados por los discursos de alerta en torno del narcotráfico)”, que “ha instalado una lógica en la que los referentes políticos compiten por liderar las propuestas de mayor endurecimiento y el componente represivo se presenta como única solución. Una competencia en la que se argumenta a partir de mentiras y se desprecian las instancias institucionales de debate”.

El ASD advierte que “la falta de democratización de las fuerzas policiales produce día a día mayor violencia, altos niveles de corrupción y connivencia con el crimen organizado y una gran ineficacia para prevenir y reprimir el delito. Problemáticas complejas, como el narcotráfico, son usadas como coartada de modo irresponsable para justificar y extremar recetas autoritarias. Pero sabemos que la violencia no se resuelve con la guerra ni dejándose seducir por atajos que consolidan la discriminación social y empujan la agenda de seguridad hacia la militarización”.

También afirmó que “muchos” de los convocantes “tenemos críticas, modificaciones o agregados al anteproyecto de Código Penal”, además de “explicitar que no se trata de una defensa del anteproyecto”. La propuesta –insistió– es “apostar a reencauzar los términos y ámbitos de la actual discusión y, de cara a la sociedad, debatir con claridad y rigor técnico, las bases de una política criminal y de seguridad que sea democrática y eficaz”.