La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo discutió ayer la situación de los jueces cuestionados.
Imagen: Télam.

Dos jueces federales porteños, de aquellos nombrados hace veinte años en pleno menemismo y con alto perfil perdurable en este siglo, fueron citados por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, como antesala de un posible juicio político. La situación más acuciante le toca a Claudio Bonadio, quien tendrá que declarar como sospechoso de “mal desempeño” en una convocatoria comparable con una indagatoria, que puede hacer por escrito. También debe presentarse Norberto Oyarbide, en su caso para hacer un descargo, el primer paso tras la apertura de una investigación. A Bonadio se le atribuyen demoras extremas en una causa penal sobre la privatización del astillero Tandanor y en otra sobre un fraude bancario de la curtiembre Yoma. Oyarbide quedó complicado tras decir ante la Cámara Federal que había frenado el allanamiento a una financiera por un llamado telefónico del subsecretario Legal y Técnico, Carlos Liuzzi.

La semana pasada, todas las miradas enfocaban a Oyarbide, cuya citación en el Consejo había quedado postergada por decisión del kirchnerismo. Esta semana, la atención viró hacia el juez Bonadio, a raíz de que el oficialismo –con impulso del representante del Poder Ejecutivo, Julián Alvarez– desempolvó dos causas en su contra, originadas en denuncias de una ONG emblemática en temas de corrupción, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La reunión de comisión empezó poco después de las once y fue expeditiva, con ciertos contrapuntos.

Los radicales insistieron en citar a Oyarbide directo como sospechoso, por el artículo 20 del reglamento, considerando que él mismo confesó actos irregulares en su presentación en el sumario que tramita la Cámara Federal. En un oficio, relató que había frenado un allanamiento a la financiera Propyme, tras recibir un llamado del número dos del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, quien advertía que los policías pedían coimas de hasta tres millones de pesos para retirarse. Oyarbide arrastra a la vez una causa penal, que él mismo impulsó.

El abogado Alejandro Fargosi pidió suspenderlo y criticó el “escándalo social” de sus conferencias de prensa en la vereda. Cimadevilla pidió trámite rápido. El camarista Mario Fera opuso que para citar como sospechoso a alguien se requiere una exposición de pruebas sobre posibles nulidades. El abogado mendocino Daniel Ostropolsky, ajeno a la comisión, se quejó de que en otros casos se citó derecho por el artículo 20, como con el fugado Otilio Romano. A la hora de votar la situación de Oyarbide, Cimadevilla y Fargosi pedían máxima severidad. Fera se abstuvo.

Al final, fue citado para un descargo, por el artículo 11, que a veces se aplica en forma automática, pero que en este caso votaron los oficialistas: la senadora Ada Itúrrez de Capellini, el académico Manuel Urriza, los diputados Carlos “Cuto” Moreno y Wado de Pedro y el representante del Poder Ejecutivo, Julián Alvarez. Cimadevilla, que los acusó de encubridores, reclamó medidas de prueba, que todavía no se ordenaron. Pedía promover en una próxima etapa, donde incluye, desde documentación judicial, las declaraciones de Liuzzi, del financista Guillermo Greppi y de su abogado Fernando Torres hasta entrecruzamientos de llamadas telefónicas –con orden judicial– entre Oyarbide y Liuzzi y la actividad de cambio de cheques de la financiera. Iturrez, titular de la comisión, prometió dar cabida a todas las medidas.

Ya cerca del mediodía, el capítulo Oyarbide perdía protagonismo y lo ganaba Bonadio, con un cambio de alianzas, ya que Cimadevilla en este caso se sumó a los cinco consejeros oficialistas que lo citaron, aún sin fecha, a una suerte de indagatoria. Fargosi votó en contra, igual que Fera, quien tiene a su cargo los expedientes. El juez Ricardo Recondo fue el único ausente, con aviso por un viaje. Fera, en rigor, pidió una postergación porque suponía que había pruebas pendientes.

La citación a Bonadio sucede bajo una paradoja: se le imputan demoras siderales, de hasta diez años, en tramitar causas de los años noventa, mientras que estas denuncias en su contra, en el Consejo, estaban cerca de caducar. Son dos denuncias de 2011, promovidas por ACIJ. No tienen nada que ver con causas de los últimos tiempos que apuntaron al kirchernismo (desde la detención de Ricardo Jaime y su imputación por el accidente de Once, el procesamiento y envío a juicio de Guillermo Moreno, el allanamiento a la Unidad de Información Financiera por Lázaro Báez y la indagatoria de Alfredo Scoccimarro y Juan Manuel Abal Medina por un spot). En uno de los casos, Bonadio investigaba desde 1999 la venta de acciones del astillero Tandanor a un grupo llamado Indarsa, que no tenía suficiente capital y que no pagó, pero se quedó con la empresa. El fraude fue estimado en unos 45 millones de dólares. ACIJ señaló que pasaron cinco años desde las indagatorias hasta el cierre de la instrucción, y todavía no hubo juicio. La otra causa es de 1996 y apuntaba contra la curtiembre Yoma por una estafa con reintegros del Banco Nación. Pasaron cinco años hasta las primeras indagatorias y otros cinco para que el caso llegara a un tribunal oral.

Por estas causas, aunque debió hacer su descargo, Bonadio no lo concretó nunca y nadie se lo reclamó. Ahora su situación se agravó. ACIJ emitió un comunicado en el que pide que el Consejo realmente avance y muestra a Oyarbide y Bonadio como jueces que manejan el timing de las causas a su gusto.