Horacio Verbitsky, Hugo Cañón y Jorge Taiana, en la presentación del documento del ASD.
Imagen: DyN.

“Con la excusa de impedir el avance del anteproyecto elaborado por una comisión redactora con representación de diversas fuerzas políticas, se impulsa una campaña basada en mentiras y distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar proyectos políticos de corte antidemocrático”, leyó el ex fiscal Hugo Cañón ante un nutrido auditorio en el Salón Azul del Senado que aplaudió de pie. El párrafo corresponde al documento que gestó el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD) para avanzar sin “un discurso oportunista de demagogia punitiva” en el debate sobre el anteproyecto de nuevo Código Penal, y que ya cosechó más de 600 firmas entre dirigentes y legisladores de un amplio abanico político, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. “Los cuestionamientos vienen de los partidos donde residen los jefes del crimen organizado en la provincia de Buenos Aires”, señaló desde el palco el presidente del CELS, el periodista Horacio Verbitsky. Minutos después, el massismo –sin Sergio Massa– salió a defenderse en rueda de prensa: “Se trata de una demagogia garantista que esconde un espíritu abolicionista de las penas en la República Argentina”, lanzó el jefe del bloque de diputados renovadores, Darío Giustozzi, para “responder a los agravios”.

“En los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática, y especula con la de-sinformación de la opinión pública”, dice otro de los párrafos del documento titulado “Para más seguridad, más democracia” y que cosechó la amplia adhesión de diputados del Frente para la Victoria, de los radicales Manuel Garrido y Eduardo Santín, los frenteamplistas Margarita Stolbizer y Virginia Linares (GEN) y del senador cordobés Luis Juez, así como de la penalista y ex diputada socialista María Elena Barbagelata, que integró la comisión redactora del anteproyecto del nuevo Código Penal. Al documento también se sumaron partidos como Nuevo Encuentro, el Movimiento Evita, la agrupación radical Los Irrompibles, Carta Abierta, la CTA que dirige Hugo Yasky, distintas ONG y organismos de derechos humanos, como el CELS, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Familiares y la bonaerense Comisión Provincial por la Memoria, entre otros.

El amplio Salón Azul del Senado fue colmándose de a poco y muchos de los que adhirieron al documento fueron volcando sus opiniones. “Las leyes se hacen en el Congreso. Debería ser ridículo que los políticos se nieguen a ejercer su propio papel como legisladores para los que los han votado”, sostuvo la titular de la Cámara de Casación Penal y del colectivo judicial Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori. “Estamos en un contexto enrarecido. La sociedad civil reclama que generemos un espacio para un debate adecuado y serio”, sentenció Garrido. “Confío en que el Ejecutivo envíe el proyecto este año al Congreso. No sé si tendremos nuevo Código Penal este año, pero el proyecto está instalado”, señaló la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Diana Conti.

El documento advierte sobre el “despliegue de argumentos autoritarios, tanto en su perspectiva penal como en su desprecio por las instancias de debate institucionales.” “Problemáticas complejas, como el narcotráfico, son usadas como coartada de modo irresponsable para justificar y extremar recetas autoritarias. Pero sabemos que la violencia no se resuelve con la guerra, ni dejándose seducir por atajos que consolidan la discriminación social y empujan la agenda de seguridad hacia la militarización”, agregó Cañón en su lectura, acompañado en la mesa que presidía el acto por los diputados kirchneristas Horacio Pietragala y Leonardo Grosso, el radical Garrido, Garrigós de Rébori, el legislador porteño y ex canciller Jorge Taiana y Verbitsky.

“Estamos dispuestos a dar el debate, a llevarlo a todos los extremos que sean necesarios llevarlo, porque estamos seguros de que el objetivo de pacificar la sociedad argentina no se consigue incrementando los niveles de violencia, y no se consigue torpedeando los acuerdos transversales de distintas fuerzas políticas, que paradójicamente son el reclamo constante de los mismos que cuando se producen, los denuncian y sabotean”, sostuvo Verbitsky, antes de señalar que “hay capacidad de respuesta a estos arrebatos protofascistas” que “se quieren llevar por delante esta construcción democrática que ya lleva 30 años”. “Son episodios de violencia conceptual que prenuncian episodios de violencia física”, cerró el presidente del CELS.

A la defensiva

Convencidos de que serían el blanco de las críticas en la convocatoria de la ASD, los massistas llamaron rápidamente a una rueda de prensa minutos después de concluido el acto en el Senado para lanzar su réplica. Sin Massa –“está en Bahía Blanca”, se justificaron–, Giustozzi y Graciela Camaño tomaron la bandera del Frente Renovador.

“Los tres ejes centrales” de la conferencia de prensa fueron anunciar que pedirían a la presidencia de la Cámara baja el tratamiento “urgente”, “con o sin dictamen de comisión”, de su proyecto de “endurecimiento de todas las penas por narcotráfico en todas las escalas”. Además de presentar otro proyecto sobre “una nueva ley de ejecución penal” y ratificar que “no tenemos ningún temor a debatir con los ciudadanos y los vecinos el contenido del proyecto del Código Penal”.

Luego, Giustozzi blanqueó el motivo de su convocatoria: “Responder a los agravios” de los que habían sido objeto en el encuentro de ASD. “Se trata de una demagogia garantista que esconde un espíritu abolicionista de las penas en la Argentina”, argumentó Giustozzi. Insistió en que el nuevo Código “baja las penas de casi todos los delitos más peligrosos” e hizo propias las palabras de Massa: “El que las hace, las paga”.

“Nosotros pensamos que hay que penalizar el consumo”, dijo Camaño a la hora de definir su proyecto sobre “narcotráfico”, y metió una piedra en el zapato renovador. “La droga mata”, la defendió el diputado Alberto Asseff. “Lo importante son las penas mayores para el narcotráfico y no si una diputada piensa que hay que penalizar el consumo”, se desmarcó Giustozzi ante el silencio de Camaño. Alguien desempolvó la acordada de la Corte que no penaliza el consumo y sostiene la asistencia del Estado al adicto, y Giustozzi y Camaño volvieron a coincidir: “Nosotros pensamos lo mismo”, dijeron con la satisfacción de haber logrado salir del atolladero.