El conflicto docente está a punto de llegar a Tribunales. Al cierre de esta edición, el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonica-tto, daba las puntadas finales al escrito con el que pedirá a la Justicia ordinaria una acción de amparo para que “empiecen las clases”, a pesar del paro docente. El funcionario argumentará que el conflicto de los maestros y maestras se trata de “una colisión de derechos”, en el marco de los doce días de huelga sin inicio del año lectivo en las escuelas públicas. Bonicatto intentó mediar entre las partes, pero los sindicatos docentes rechazaron la última oferta salarial del gobierno bonaerense, efectuada en la Defensoría.

“El amparo que llevaré a la Justicia requiere a los magistrados que se expidan por el derecho de los niños a la educación, además de tratar de reinstalar el funcionamiento del sistema educativo en la provincia y la paz social”, dijo Bonicatto a Página/12. El juzgado donde recaiga la presentación debería expedirse en forma inmediata y, en tal sentido, el defensor pedirá “habilitación de días y horas” inhábiles para que la resolución sea cumplida, aunque se trate de un día feriado. Convertido en actor de este conflicto, el funcionario lamentó “mucho que no haya un acuerdo” y no desestimó “la continuidad de la mesa de negociación”. Sin embargo, explicó que la Defensoría del Pueblo “tiene una responsabilidad distinta del gobierno, es una figura constitucional autónoma que defiende los intereses individuales y colectivos de la provincia, en base a la legislación nacional e internacional, y de los derechos del niño a aprender y a tener un bagaje cultural y tener educación en forma permanente”.

En ese sentido, Bonicatto dijo que, una vez iniciado el conflicto, el interés de la Defensoría es “cómo resolver el problema de los chicos sin considerar negativamente el derecho al paro”, pero evaluó que hay una “colisión de derechos y, dada la naturaleza propia de una Defensoría del Pueblo, teníamos que intervenir”. Ante el fracaso del primer intento de juntar a las partes, el organismo determinó que la afectación de derechos se seguía cometiendo y, por eso, emprendió “una acción autónoma, judicial, que no era nuestro propósito inicial”. Ahora será esa instancia la que decidirá sobre “los reclamos de los padres, porque están afectados tanto los derechos de sus niños” como “el derecho de los trabajadores a ejercer sus reclamos”. Bonicatto fue tajante al decir que “hoy no tenemos educación en la provincia”. Por otra parte, el defensor del Pueblo bonaerense desestimó que el reclamo docente tuviera intenciones políticas y destacó que “lo que piden no es que no sea correcto; los maestros tienen una tarea muy importante”. Al mismo tiempo aclaró que “los padres no denuestan la actividad de los docentes, pero lo que quieren es que los chicos vayan a la escuela”.

El equipo legal que redactaba anoche el pedido de amparo encontró dos antecedentes jurisprudenciales, un caso en Tierra del Fuego y otro en Río Negro, en 2009. En situaciones similares a las que vive la provincia de Buenos Aires, sendos magistrados ordenaron levantar el paro a los docentes, y a las provincias les exigieron continuar con la negociación paritaria. “Son ejemplos interesantes desde el análisis de la colisión de derechos, donde hay que darle preminencia a uno, en los que el juez tiene en consideración el derecho de los niños como preminente respecto del otro, pero no les quita que reclamen, por eso suponemos que en este caso la Justicia podría decir que se inicien las clases en virtud de la paz social”, indicó Bonicatto. En los antecedentes mencionados los maestros tuvieron que acatar la decisión judicial y volver a las aulas.

Expertos en derecho constitucional coinciden en que la huelga y la protesta, sin ser derechos absolutos, ranquean muy alto al momento de establecer armonía en una colisión de esta naturaleza. En el ámbito docente especulaban con que el juez que tenga que resolver el planteo de la Defensoría, en lugar de anteponer el derecho a la educación al de protesta, podría considerar que la medida de fuerza no va en contra de ese derecho, sino a favor de su más pleno ejercicio. Y recordaban al profesor en derecho a la educación Hugo Aboites (UAM), cuando escribió que “el derecho de niños y jóvenes a la educación se invoca reiteradamente como argumento para descalificar las protestas de los maestros, no porque se quiera fortalecer su cumplimiento, sino porque resulta políticamente útil contra el prolongado movimiento de protesta. Son dos derechos válidos y de ejercicio limitado que conviven dentro del marco legal, pero es responsabilidad del Estado evitar su colisión”.