Los docentes bonaerenses rechazaron el amparo judicial que les ordenó comenzar las clases y ratificaron el paro por tiempo indeterminado. Así lo resolvieron ayer el Suteba y la FEB: sus dirigentes aseguraron que la medida dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo Francisco Terrier es “inconstitucional” y acusaron al gobierno de Daniel Scioli de haber elegido al magistrado. De esta manera, mañana se cumplirán 14 días de huelga en las escuelas públicas de la provincia, sin que el conflicto tenga una salida a la vista.

Mirta Petrocini y Roberto Baradel, titulares del FEB y del Suteba, anunciaron la continuidad de las medidas de fuerza tras denunciar que el fallo “está viciado de irregularidades graves”.

“Aún no recibimos notificación legal del amparo”, aclararon en un comunicado de prensa enviado a los medios. De todas maneras, señalaron que “el equipo de asesores legales del Frente Gremial Docente presentará la apelación correspondiente y denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) esta flagrante violación del derecho a huelga y a la libertad sindical”.

También la Udocba, gremio docente nucleado en la CGT, decidió mantener el paro y anunció que mañana sus afiliados analizarán el dictamen judicial en asambleas por distrito. “No nos van a correr con una vaina, un juez no puede porque se le cante llevarse la Constitución a su casa y suspender todos los derechos”, sostuvo el titular del sindicato, Miguel Díaz.

Díaz aseguró que el amparo dictado por Terrier “da por tierra con el derecho a huelga de los trabajadores” y “es más restrictivo que si hubieran declarado servicio esencial” a la educación (como propone el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto). En esta línea, consideró que la orden de “seguir negociando con clases es lo que quería el Estado”, y concluyó: “Es un dictamen a la carta”.

El amparo fue dictado el sábado por el juez Terrier haciendo lugar a una presentación del defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto. El amparo ordenó a los sindicatos Suteba, FEB, Udocba, Sadop, UDA y AMET (aunque los tres últimos acataron la conciliación obligatoria y no están en paro) “el cese inmediato de la huelga mientras dure la negociación paritaria”.

Además, el juez ordenó al gobierno provincial “la continuidad de las negociaciones paritarias, a las que deberán concurrir obligatoriamente las partes en conflicto”, e indicó al Ejecutivo provincial que “no descuente a los docentes los días de huelga transcurridos, cualquiera sea su consideración jurídica –paro, suspensión de la relación laboral, presentismo, etc.–, hasta el agotamiento de la negociación y conciliación colectiva”.

El ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, apuntó que los maestros quedarán fuera de la ley si no acatan la medida judicial. “La pelota está del lado de los gremios”, apuntó ayer. Si bien aclaró que “en lo personal”, no puede “garantizar” que se cumpla con el inicio de las clases, sostuvo que si los sindicatos “no acatan el fallo de la Justicia estaremos en una seria crisis institucional” porque los docentes “incurrirían en el delito de desacato”.

A su vez, el autor del pedido de amparo, Bonicatto, consideró que mañana las clases “deben arrancar sí o sí”, más allá de que los docentes presenten una apelación. Para el ombudsman bonaerense, los gremios “pueden apelar, están en su derecho, pero eso no interrumpe la decisión del juez”. Los docentes y funcionarios del gobierno provincial se reunieron por última vez el jueves en una audiencia de mediación de la Defensoría, pero la negociación no logró destrabar el conflicto. En la reunión, el Ejecutivo mantuvo su oferta de un 30,9 por ciento de aumento anual, en dos cuotas, aunque adelantando –respecto de la oferta previa– dos puntos de la segunda cuota a la primera. Los sindicatos rechazaron la propuesta. Argumentaron que si bien los sueldos más bajos recibirían el 30,9, este porcentaje sólo alcanzaría a 2 de cada 10 docentes y que, en cambio, para más del 70 por ciento de los sueldos, el aumento será sólo de entre el 21 y el 23 por ciento.