La Cámara Federal de Casación Penal conformó ayer el tribunal que deberá resolver la recusación contra el juez Rodrigo Giménez Uriburu, planteada por las defensas de los acusados en el juicio oral por las 5 muertes y las 117 personas heridas que dejó como saldo la represión estatal del 20 de diciembre de 2001. Por sorteo, las juezas María del Carmen Roqueta y Adriana Palliotti deberán decidir sobre la situación de Giménez Uriburu junto con José Martínez Sobrino, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6, que lleva a cabo el debate oral que por el pedido de recusación permanece suspendido. El escándalo sucedió en la última audiencia del debate oral, el viernes, cuando el juez Javier Anzoátegui hizo público su deseo de ser excusado por “discrepancias éticas irreconciliables” con Giménez Uriburu. Aunque éste y Martínez Sobrino lo rechazaron, el pedido de Anzoátegui, y sobre todo sus razones, que fueron expresadas de manera escueta y sin dar detalles, abonaron el terreno para que las defensas de los acusados, entre los que figuran el ex secretario de Seguridad de Fernando de la Rúa Enrique Mathov y los jefes policiales de entonces, Rubén Santos, Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, comenzaran el circo. Por “temor de parcialidad”, un motivo que no está del todo claro en el marco del Código Procesal Penal para presentar queja, recusaron al presunto autor de “faltas éticas” durante el incipiente juicio y lograron retrasar aún más su comienzo: el debate comenzó el pasado 24 de febrero sin que aún, a más de un mes, se haya escuchado un solo testimonio.