El juez federal Norberto Oyarbide y el subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi, comenzarán a ser investigados por el allanamiento a una financiera que el magistrado frenó luego de recibir un llamado del funcionario, en el que le avisó que los policías que estaban haciendo el procedimiento pedían coimas en su nombre. El fiscal federal Ramiro González impulsó una denuncia que presentaron diputados de la UCR por los delitos de prevaricato, omisión de persecución penal y encubrimiento. El fiscal le solicitó al juez Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa, entre ellas el organigrama de funcionarios de la Secretaría de Legal y Técnica y los teléfonos que cada uno tiene asignados.