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El juez federal Norberto Oyarbide fue apartado –por decisión de la Sala I de la Cámara Federal– de la causa en la que investiga la colaboración del ex fiscal Juan Martín Romero Victorica con el apropiador de la nieta recuperada Victoria Montenegro, el coronel fallecido Herman Tetzlaff, para que pudiera mejorar su situación en las investigaciones judiciales en su contra. En los tres años que lleva la causa, Oyarbide no citó nunca a indagatoria a Romero Victorica, pero recientemente sacó una resolución en la que se declaraba incompetente y decía que el expediente debía tramitar en los tribunales de San Isidro. Los camaristas le cuestionaron al juez haber tomado esa decisión en base a elementos que tenía desde el primer día, le endilgaron actos “caprichosos” y dijeron que la causa debe seguir en el fuero federal porteño. Por sorteo, seguirá con la pesquisa Marcelo Martínez de Giorgi.

El 25 de abril de 2011, Victoria Montenegro se sentó para dar su testimonio frente al Tribunal Oral Federal 6 en el juicio por apropiación de hijos de desaparecidos y contó que Romero Victorica no sólo era amigo del represor Tetzlaff, sino que directamente llamaba a su casa para pasarle información sobre la situación de las causas en su contra y hasta le buscó abogados. Aquella revelación le costó el cargo al fiscal que solía exaltar sin mucho disimulo el terrorismo de Estado. En rigor, renunció cuando la Procuración –entonces comandada por Esteban Righi– le inició un proceso de juicio político. Y se abrió también una causa penal, que hasta ayer tenía Oyarbide. Las escenas y hechos descriptos por Montenegro no estaban encuadrados en ningún delito, aunque los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo estimaban que podían ir desde el prevaricato (fallar a propósito contra Derecho) o la obstrucción de justicia hasta un encubrimiento.

Oyarbide tomó algunos testimonios en estos años y declaró incluso el ex juez Roberto Marquevich, quien tramitó causas sobre el papel de Tetzlaff en la última dictadura. La mayoría habló de que se cajoneaban causas sobre apropiaciones de niños. La situación del ex fiscal de Casación Penal nunca fue resuelta. Y lo llamativo es que Oyarbide, en la resolución de incompetencia, dice, por ejemplo, que no había sido creíble la declaración de Romero Victorica en el sumario de la Procuración General.

Cuando Oyarbide se declaró incompetente, Romero Victorica aprovechó para apelar y decir que ya había pasado mucho tiempo y se estaba violando el plazo razonable para juzgarlo. Algo similar sostuvo el fiscal federal Jorge Di Lello. Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, en cambio, dijeron que la causa debe seguir y que debe continuar en los tribunales porteños, pero que debe ocuparse otro juez. “Cabe destacar que la adopción de decisiones caprichosas por parte del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 (Oyarbide) ha sido evidenciada con anterioridad por este tribunal”, dijeron los jueces.

Oyarbide tiene otro expediente indefinido sobre complicidad judicial en la apropiación de niños durante la última dictadura, que empezó con la investigación sobre el ex juez de Casación Gustavo Mitchell y se extendió a otros posibles casos.