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Asignación de un subsidio a los menores para combatir la pobreza, fortalecimiento del presupuesto participativo y una sustancial modificación del aparato productivo, son algunas de las propuestas contempladas en la Propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaborada por los candidatos a diputado nacional, Claudio Lozano, y a legislador porteño, Martín Hourest.
En un trabajo preparado como aporte a Fuerza Porteña, los economistas de la CTA plantean que “nuestro objetivo de que no exista ningún hogar pobre en la Argentina encuentra en la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de dar un primer paso en su desarrollo”. Para ello, proponen la asignación de un subsidio de 30 pesos mensuales a todo menor de 18 años residente en la ciudad, “con la obligatoriedad de desarrollar estudios primarios o secundarios y realizar un chequeo sanitario”. Según los autores, “el ingreso ciudadano de los niños puede ser financiado en esta etapa e incrementado en el futuro (en un plan que lleve la asignación a 60 pesos por niño) sobre la base de las siguientes decisiones” en materia de recursos y gastos:
- Todo incremento de la recaudación propia o de las transferencias de la Nación será destinado a financiar el incremento del ingreso ciudadano a la niñez.
- Reformular el gasto en promoción y asistencia social (156 millones de pesos).
- Los ahorros que surjan del proceso de renegociación de la deuda de la ciudad tendrán el mismo destino.
- El producido de una reforma tributaria.
Otra aspiración planteada por Lozano y Hourest en el mismo plano es “reorganizar, reformular y centralizar toda la política social de la ciudad a través del Programa de Desarrollo Ciudadano”, estableciendo un registro único de prestaciones ciudadanas. La lucha por la Deserción Cero en la escuela primaria, escuela secundaria para todos, la lucha por la salud (“que es alimentación, educación, saneamiento, vivienda, esparcimiento y participación, y no el combate a la enfermedad) son los otros grandes ejes del denominado Ingreso Ciudadano.
En otro capítulo, la propuesta plantea “llevar adelante un proceso concreto de discusión sobre la organización político-institucional en comunas (...). Hay que incrementar las áreas, temas y recursos puestos a debate y decisión social mediante el presupuesto participativo”. En el mismo capítulo se propone la creación de la Ventanilla Ciudadana, por la cual se recibirán las preocupaciones e inquietudes que requieran un tratamiento inmediato de parte de los ciudadanos, organizaciones sociales y conjuntos de vecinos.
Con relación a la situación productiva de la ciudad, los economistas candidateados por Fuerza Porteña sostienen que “la crisis que atraviesa el modelo de producción y distribución de la ciudad puede resumirse en:
- Alta participación del sector servicios (inmobiliario y financiero) y baja participación de los sectores productores de bienes transables.
- Aumento de la marginalidad urbana (villas, casas tomadas, pensiones y hoteles), de la pauperización de los sectores medios, y del deterioro y fragmentación del campo urbano.
- Superposición de estrategias de valorización del suelo sobre la base de la especulación inmobiliaria.
“Se necesita encarar una política de reindustrialización y redistribución de ingresos que dote de viabilidad estructural a la estrategia de profundizar la ciudadanía (mayor espacio público, menores desigualdades materiales y simbólicas, mayores canales de participación popular)”. Para ello, plantean cuatro ejes:
- Recuperar el suelo de la ciudad para la producción y para el esparcimiento público.
- Hacer de Buenos Aires una plaza que cree, difunda y socialice el progreso tecnológico.
- Producir más y mejores bienes, asociando la fabricación estatal con emprendimientos junto con el sector privado.
- Poner al Estado de la Ciudad a tejer redes productivas y armar distritos de creación de valor en concurrencia con el sector privado.
Por último, la propuesta le dedica un capítulo a la articulación en el Mercosur, el cual “presenta la oportunidad de avanzar en un modelo inédito de integración, que concurra a sostener estrategias de diversificación productiva, fortalecimiento de los espacios de decisión públicos, disciplinamiento de los capitales especulativos y los grupos económicos más concentrados, y enunciación de una práctica que no encuentre a las condiciones de ciudadanía como saldo subordinado sino como principio articulador”, sostienen Lozano y Hourest. Los autores afirman, finalmente, que “el Mercosur es una herramienta política y a la vez un capital simbólico que puede y debe ser reapropiado por los sectores que auspician una reducción de las desigualdades”.