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El documento de los obispos conocido ayer reúne un largo listado de quejas y denuncias que, en términos generales, son las mismas que ha recitado en los últimos tiempos tanto la oposición política como el frente de la oposición mediática. Los jerarcas de la Iglesia –que tienen todo el derecho como ciudadanos y como dirigentes a pronunciarse sobre la vida social y política del país– decidieron sin más dar por cierta esa letanía de lamentos, muchos de los cuales toman la forma de veladas acusaciones hacia el Gobierno. No es una novedad en el estilo episcopal.

Si se les reclama que además de denuncias hagan propuestas, la respuesta será, palabra más o menos, que “no somos técnicos”, con lo cual se preservan de toda crítica. Es verdad en todos los sentidos. Que los obispos no son técnicos queda en evidencia por el tratamiento que le otorgan a ciertos temas. Pero lo grave no es eso, sino que reclamando ellos mismos “objetividad” y “compromiso con la verdad” no se esmeren algo más en ahondar en el diagnóstico, trabajando las causas y, sobre todo, recurriendo a quienes, desde miradas plurales, pueden inspirarle aportes a la situación. Contribuciones estas que seguramente serían bienvenidas, no sólo por los fieles católicos, sino por una parte importante de la sociedad que aún escucha con respeto las palabras episcopales.

De más está decir que pronunciarse a modo de queja sobre la situación actual de la Argentina usando y haciendo suyos sólo los argumentos de una parte de la sociedad, no constituye una buena contribución de los obispos que ponderan a quienes “trabajan por la paz”.

Pero, sumando a lo anterior, sería también oportuno que la jerarquía eclesiástica mire un poco más hacia sus propias filas y, en busca de mayor coherencia que reafirme su credibilidad ante quienes aún se la dispensan o le devuelva el crédito ante aquellos que se muestran escépticos frente a sus declaraciones, se pronuncie también sobre otros temas que directamente le afectan. Sólo a modo de recordatorio habría sido sumamente interesante escuchar a los obispos dando explicaciones sobre la forma como la Iglesia afronta la situación del cura Aldo Vara, acusado por delitos de lesa humanidad y encubierto por la propia institución. O que, como se lo han pedido reiteradamente las Abuelas de Plaza de Mayo, digan qué están haciendo para aportar documentación que está en poder de la Iglesia y que podría ser sumamente útil para clarificar la suerte de desaparecidos y niños nacidos en cautiverio. Y que a todo ello agregaran, en un acto de justicia interna, pero también ciudadana, el reconocimiento de la condición martirial de muchos cristianos que murieron en la Argentina defendiendo sus ideas de justicia social, comenzando por el cura Carlos Mugica y el obispo Enrique Angelelli. Esto último también sería una forma de dar respuesta a múltiples reclamos que provienen de las propias filas católicas.

Los obispos, sin ninguna duda, cumplen su misión haciendo los llamados de atención que crean necesarios, convencidos de que con ello ayudan a la paz social. Están en su derecho. Pero no estaría de más que, también en vista de la integralidad de su servicio pastoral, abran su mirada para recibir otras perspectivas, atiendan la integralidad y la complejidad de los problemas y, al mismo tiempo, miren hacia adentro para contemplar también cómo estamos por casa.