Así como parte del Poder Judicial tuvo un comportamiento cómplice con los crímenes de la última dictadura militar, un grupo de empleados judiciales sufrió la persecución del terrorismo de Estado. En la madrugada del 1º de junio de 1976, una patota de la Superintendencia de Seguridad Federal llevó a cabo varios operativos en los que se detuvo ilegalmente a delegados de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, militantes del peronismo revolucionario. Entre ellos estaban el actual secretario general del gremio, Julio Piumato, y Germán Moldes, ahora fiscal ante la Cámara Federal. Por haber formado parte de los procedimientos realizados esa noche, el juez federal Daniel Rafecas procesó ayer a Juan Manuel Grosso, Rafael Oscar Romero, Fausto José Mingorance y Carlos Enrique Gallone.

Grosso y Romero están acusados por haber intervenido en el operativo llevado a cabo en el domicilio de Vicente Alberto Maydana Casco “El Indio”, delegado del fuero comercial.

Maydana Casco vivía en el piso 15 de un departamento de Belgrano. Estaba en su casa cuando entraron los policías. Según surge del acta elaborada por los mismos miembros de la patota, mientras revisaban sus cosas pidió ir a la cocina para encender un cigarrillo y tomar un poco de agua. Su mujer, Susana Lamberto, que había sido encerrada en el baño, escuchó a un hombre gritar: “Este tipo se escapó”. Al parecer, Maydana Casco había intentado huir por la cornisa. Se sabe que cayó al vacío y murió –según establece el fallo de Rafecas– “en circunstancias no esclarecidas hasta el momento”. Susana Lamberto fue llevada a Coordinación Federal en el piso de un automóvil esposada y con una capucha en la cabeza.

A Mingorance y Gallone se les imputó su participación en el operativo de detención de Piumato –entonces delegado general del fuero Civil– en su casa de la calle Lezica, donde estaba junto a sus compañeros Luis Olmos y Luis Alberto Galaso.

El policía Gallone, al que hizo famoso una histórica foto de 1983 en el que aparece con su uniforme abrazando a una Madre de Plaza de Mayo, intentó abrir a tiros la casa de Piumato. Cuando logró entrar vio cómo Piumato, Olmos y Galaso se trepaban a la ventana rumbo al terraplén del tren. Había un escape por los balcones y de allí a las vías del Sarmiento. Los policías fueron detrás, la persecución duró un buen rato. Finalmente los cazaron, los desnudaron, los ataron, los tabicaron y los tiraron en una pequeña camioneta. Después, saquearon lo que había en el monoambiente. A Olmos lo agarraron del pelo y lo golpearon varias veces contra el piso del auto. Sentía cómo su cara, su boca, su nariz y sus ojos chocaban contra algo duro. Mientras duró el viaje los iban quemando con una colilla de cigarrillo.

Esa misma madrugada, en la calle Río de Janeiro, Germán Moldes les abrió la puerta a quienes se identificaron como integrantes de “una comisión de la Policía Federal”, que le comunicaron que lo venían a detener. Estaba con su mujer, que tenía siete u ocho meses de embarazo. Se lo llevaron en un Falcon verde y aunque lo vendaron le resultó fácil reconocer luego el lugar, era un edificio que había visitado varias veces en su condición de secretario de un juzgado.

Todos los militantes de la UEJN detenidos ilegalmente el 1º de junio de 1976 fueron interrogados con violencia, muchos torturados. Estuvieron desaparecidos cerca de diez días, los blanquearon en la Alcaidía de Tribunales. Algunos recuperaron su libertad meses después, como Moldes, otros estuvieron años presos. Piumato salió en 1983.

Los miembros de la patota del centro clandestino Coordinación Federal querían saber dónde estaba Wenceslao Caballero, el responsable máximo de la JTP Judiciales, quien sería asesinado en un enfrentamiento mucho después, en marzo de 1977.

El arresto ilegal de Moldes y de Gustavo Alberto Galligo se investiga en esta causa, pero en la resolución firmada ayer no hay procesados por su caso, ya que los policías que participaron no pudieron ser identificados todavía. Este fallo de Rafecas responsabiliza a los represores sólo por las privaciones ilegales de libertad, las “detenciones” (los procesa sin prisión preventiva), pero no por la permanencia de las víctimas en el centro clandestino que funcionó en Coordinación Federal. Por estos hechos, ya fue procesado el ex ministro de Interior de la dictadura y responsable de la Policía Federal, Albano Harguindeguy.

“Las detenciones llevadas a cabo en la madrugada del día 1º de junio de 1976 fueron ilegales, a pesar de las actuaciones instruidas por el Departamento Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal”, señaló el juez. Fundamentó esa afirmación en la falta de orden de allanamiento y detención, la negativa a informarles el sitio en el cual se encontraban y a disposición de qué autoridades se hallaban detenidos, la brutalidad desplegada en los mismos la colocación sistemática de “tabiques” a los detenidos, la falta de conocimiento de sus familiares del lugar en que estaban alojados, la “legalización” de los operativos mediante decreto del Poder Ejecutivo. Para Rafecas, “todos estos elementos permiten encuadrar estos hechos dentro del plan de represión que se gestara con anterioridad al golpe de Estado. La descripción efectuada hasta el momento de las características que tuvieron los operativos realizados en los domicilios de las víctimas permite afirmar que dichos sucesos guardaron las notas propias de la desaparición forzada de personas que fueran sistematizadas por la Cámara Federal al momento de dictar sentencia en la Causa 13/84”.