El Senado continúa discutiendo la reforma del Código Procesal Penal, a la espera de que el Poder Ejecutivo envíe su propio proyecto al Parlamento. Ayer se realizó una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta en la que disertó el abogado y autor de la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, Julio Federik. “Cuando hablamos de inseguridad sabemos de la importancia de la inclusión social y de la inflación, pero también sabemos que los juristas no podemos dejar de atender con las herramientas con que contamos”, sostuvo Federik, quien pregonó por un procedimiento más ágil para resolver los casos.

Después de las 14, el presidente de la comisión, el senador entrerriano Pedro Guastavino, dio inicio al debate sobre las iniciativas que actualmente se encuentran en análisis en el Senado. Se trata de dos propuestas de reforma integral del código, presentadas por los radicales Ernesto Sanz y Eugenio “Nito” Artaza, una de Guastavino y otra del ex senador peronista Eduardo Benítez, que data de 1985, ya que las iniciativas de reformas de los códigos no caducan cada dos años como los proyectos de ley. Además, también hay en discusión otras doce iniciativas de reforma parcial de los códigos, cuatro propuestas por la oposición y ocho por el oficialismo.

Federik, invitado por Guastavino, citó ejemplos concretos de su provincia, Entre Ríos, en los que la reforma derivó en mayor celeridad para investigar casos de violaciones, homicidios y robos, entre otros delitos. El abogado aseguró que la acumulación de casos que no llegan siquiera a ser procesados utilizando el actual código genera “una impunidad sistémica”. “La cantidad de casos sin resolver genera impunidad provocada por el propio sistema porque no alcanza a revisarlos”, aseguró Federik.

El especialista consideró que deben multiplicarse el número de fiscalías en todo el país y en paralelo debe producirse una mayor especialización de los fiscales para “agilizar la resolución de causas”. Según Federik y a diferencia de lo hecho en la provincia de Buenos Aires no debe crearse una sino “de tres a cinco fiscalías por cada uno de los juzgados”.

Respecto del juicio por jurados, una de las cuestiones centrales a definir en la reforma, el jurista aseguró que debe implementarse pero “como opción y no como una imposición”.

Como abogado que intervino en la representación de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, Federik también se refirió a casos de extrema gravedad, como los ataques terroristas. Señaló que en esas situaciones, al igual que en los casos de crímenes de lesa humanidad, debe ser “la Procuración General la que asuma este tipo de investigaciones para poder contar con información clasificada”. En la causa AMIA, sostuvo, “había otra investigación que le ganaba a la del juez, que era la de los servicios de inteligencia”. Por eso, concluyó, tiene que haber “una oficina que tenga todas las posibilidades y además que tenga acceso a la información”.

A la próxima reunión de comisión está invitado Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), quien colaboró con la redacción de la iniciativa del senador Artaza. Fuentes kirchneristas adelantaron que esperan que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos envíe su proyecto “en los próximos días”.