La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados arrancó ayer el debate sobre siete proyectos de legisladores de diferentes partidos políticos para regular la protesta social, aunque el debate también giró a favor de la amnistía para unos cuatro mil procesados por esos mismos motivos. Las kirchneristas Diana Conti y Araceli Ferreyra propusieron una amnistía para procesados y condenados por participar en protestas callejeras, a la que se sumó el proyecto de Virginia Linares (GEN), que rescata la propuesta de Memoria, Verdad y Justicia con la adhesión de diputados de diversas bancadas. “Es una tema transversal que reúne la voluntad de legisladores de distintos partidos que quieren la libertad de los luchadores sociales”, sostuvo Conti, quien se comprometió a impulsar el tema en la Comisión de Legislación Penal. Otro kirchnerista, Juan Manuel Pedrini, insistió con la mediación para solucionar los conflictos callejeros. El macrismo presentó dos proyectos diferentes, aunque Pablo Tonelli cargó contra una posible amnistía. El massista Darío Giustozzi, en tanto, propuso que existan espacios públicos, a modo de protestódromo, para que los manifestantes desarrollen solo allí sus reclamos.

Al abrir la discusión, Conti, que preside la comisión, dejó en claro la opinión del kirchnerismo sobre su estrategia frente a la regulación de la protesta social. “Si no hay consenso, el oficialismo no va a insistir con esto”, lanzó la diputada, que propuso un debate “sin chicanas ni prejuicios” porque todos tenemos un piquetero y un ciudadano adentro” frente a las protestas. Propuso dos ejes: “la convivencia urbana y la amnistía” para quienes fueron procesados por participar en protestas. La propuesta no es impulsada por el Gobierno ni por todo el bloque oficialista.

Conti, junto a la aliada neuquina Alicia Comelli, rescató un viejo proyecto del ex diputado Ma-ssei que propone la creación de una comisión de mediación en los ámbitos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para intervenir en la solución de conflictos y movilizaciones que produzcan “cortes de ruta, la interrupción del tránsito terrestre, naval o aéreo, la toma de establecimientos públicos o privados”, en los que no podrán actuar las fuerzas de seguridad. La comisión también podría intervenir en conflictos de competencia provincial “si es requerido por las autoridades provinciales o municipales”. Además, declara la amnistía “de todas las personas incursas en delitos cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y políticas, producidas a partir del 10 de diciembre del año 2001 y hasta la sanción de la ley”.

La correntina Ferreyra, en tanto, propuso “garantizar el derecho a la protesta y manifestaciones pacíficas en todo el país” como “un derecho medular para la democracia”, además de la “exención de la responsabilidad penal” a quienes participen de ella. Pero dejó la mediación en manos de las autoridades judiciales en cada jurisdicción, supeditando la intervención de las fuerzas de seguridad y con ajustado protocolo de actuación. La iniciativa de la diputada oficialista también propone una amnistía para los procesados y condenados por protestas sociales, pero no los encuadra dentro de una determinada fecha como Conti y Comelli.

Linares y Nicolás del Caño (FIT-PTS) también fueron invitados a exponer sobre su proyecto de amnistía, aunque la iniciativa tiene cabecera en la Comisión de Legislación penal. El texto redactado por Memoria, Verdad y Justicia plantea “la extinción de la pena y la acción penal” contra todas las personas imputadas por participar en protestas vinculadas con “la reivindicación social, de derechos humanos, económica, política, laboral, sindical, gremial, estudiantil, ambiental”, entre varios otros ítems.

El chaqueño Pedrini se encargó de aclarar detalles de su proyecto, que abrió la polémica parlamentaria sobre la regulación de la protesta. Dijo que la notificación previa que requiere su iniciativa para los manifestantes “no significa un pedido de autorización” y que en el mismo no existen sanciones penales. Reconoció que existe un “vacío legal” en la Constitución sobre el derecho a manifestarse, a pesar de la adhesión argentina al pacto internacional sobre derechos políticos, citó el artículo 194 del Código Penal (de la época de Onganía) e insistió en una mediación civil en los conflictos y un protocolo para las fuerzas de seguridad. También adhirió a la iniciativa de Conti por la amnistía.

El massista Giustozzi dijo que “ordenar no es cercenar” y que de la misma forma que existen normas de tránsito también deben existir para protestar”. Para eso, propuso espacios públicos definidos con antelación para acotar las manifestaciones a las plazas, como una especie de protestódromo. Reclamó mecanismos de mediación y “evitar la judicialización de la protesta”, pero evitó pronunciarse sobre la amnistía.

La ex piquetera Ramona Pucheta también presentó su proyecto. Explicó que la protesta callejera es el último recurso de las organizaciones sociales y propuso una mayor intervención y mediación del Estado, ya que –afirmó– “antes del conflicto entre peticionar y circular existe un conflicto previo que desata la protesta”. Insistió en que las empresas prestadoras de servicios (como electricidad, gas y otras) deben tener guardias permanentes para dar solución a los reclamos vecinales, que sin respuestas también dan origen a las protestas.

Los macristas Federico Sturzenegger y Tonelli dividieron opiniones, aunque ambos apuntan a modificar el artículo 194 del Código Penal. El economista propuso que las protestas dejen la mitad de las calzadas libres para facilitar el tránsito y hasta valorizó las pérdidas económicas por piquetes y cortes de calle en “470 millones de peso al año”, se mostró en contra de la mediación porque es “difícil” implementarlo, pero se mostró en contra “de la represión o el uso de la fuerza” contra los manifestantes.

Tonelli, en tándem con Patricia Bullrich, también apuntaron a la mitad de las calzadas libres en cada manifestación o protesta “pacífica”, pero dejó librado al Código Penal las protestas de quienes marchen encapuchados y con palos porque –sentenció– “tienen como objetivo extorsionar, amedrentar y presionar” a alguien. A Tonelli también lo sedujo la propuesta massista de reducir la protesta a las veredas o plazas y se manifestó “en contra de la amnistía”.

El 10 de junio la comisión volverá a reunirse para seguir con el tema y escuchar opiniones de distintas organizaciones sociales y políticas. Serán convocadas Amnistía Internacional, el CELS, Memoria Verdad y Justicia, la CTA y Quebracho (que tiene un militante detenido con serios problemas de salud), además de especialistas. La iniciativa sobre la amnistía, en tanto, también será impulsada en la Comisión de Legislación Penal. Pero nadie apuesta a que ninguna de las dos propuestas avance sin dificultades en el Congreso.