Desde Rosario

Cinco policías juzgados por encubrir el homicidio de Claudio “Pocho” Lepratti, el militante social asesinado en Rosario por una patrulla durante el estallido social de diciembre de 2001, ahora vuelven a quedar bajo la lupa judicial. Habían sido condenados en 2009 a 2 años y 8 meses de prisión e inhabilitados para ejercer la función pública por el doble de ese tiempo, pero apelaron y consiguieron la absolución por el beneficio de la duda, en 2011. La fiscalía de Cámaras insistió y fue a la Corte Suprema de Santa Fe, que esta semana ordenó revisar aquella sentencia de primera instancia, con lo que la absolución posterior queda en suspenso.

La situación involucra a los suboficiales Marcelo Arrúa, Rubén Pérez, al entonces subcomisario Roberto de la Torre, al oficial Carlos de Souza y al ex jefe del Comando Radioeléctrico Daniel Braza, fallecido el año pasado. El fiscal de Cámaras, Guillermo Camporini, fue quien impulsó la revisión dispuesta por el máximo tribunal al apelar la absolución. Ayer dijo a la edición de Rosario de Página/12 que la pena de primera instancia será revisada por una sala distinta y podría terminar confirmando la pena de primera instancia. “Eso los inhabilitaría para el servicio”, dijo. El fiscal explicó que lo ordenado por la Corte “no es un nuevo juzgamiento, sino un nuevo análisis en base a los elementos de cargo que ya existían y en base a los lineamientos que dan”. Además, interpretó: “Da la sensación de que es muy posible que se confirme la condena, pero el fallo no obliga a ello”, sino que apunta a que “para tomar un camino distinto (la nueva sala de la Alzada) tendrá que fundar adecuadamente”.

Es que en el fallo, los ministros de la Corte plantearon que la resolución absolutoria tiene “imprecisión de fundamentos”, entre otras cuestiones.

Los policías habían llegado al banquillo de acusados bajo los cargos de haber “insertado constancias falsas en el Libro Memorándum de la subcomisaría 20º”, con respecto al suceso que terminó con la vida de Lepratti, en barrio Las Flores, en 2001. También los acusaron de “insertar circunstancias falaces en el acta de inspección ocular en el lugar del hecho” y de la “alteración de la parte exterior del móvil policial” que participó del suceso “prefabricando impactos de proyectiles”, para “distorsionar la real ocurrencia de los hechos”.

Por esos delitos (encubrimiento agravado y falsedad ideológica) fueron condenados en 2009, a la pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, y el doble de inhabilitación para el servicio en la fuerza. Sin embargo, en 2011, la Sala II de la Alzada los absolvió por el beneficio de la duda. Camporini insistió y fue con un recurso de inconstitucionalidad a la Corte.

Como adelantó ayer la edición de Rosario de Página/12, el máximo tribunal anuló la absolución y ordenó que una nueva sala de la Cámara revise la condena apelada por los abogados de los policías.

Con votos de los ministros Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez, el máximo tribunal provincial planteó que en la absolución, “si bien se expusieron argumentos en algunos casos razonables, ello se efectuó en modo vago y genérico, sin referirse a las concretas constancias de la causa, ni a la situación de cada acusado”. Y agrega que “la sala se desentendió de algunos testimonios”, e hizo “un análisis insuficiente”.

Lepratti tenía 34 años y era ayudante en el comedor escolar de barrio Las Flores, y también de otros establecimientos de barrio Ludueña. El 19 de diciembre de 2001 fue asesinado con un disparo de escopeta, mientras se encontraba en el techo del establecimiento de zona sur donde había asistido por sus tareas de ayuda social. El suceso ocurrió en medio de la represión policial de aquel año, que dejó nueve víctimas fatales en la provincia.

En 2004, el agente Esteban Velázquez fue condenado a 14 años por el crimen y el fallo fue confirmado en 2005. Aquel día, iba en el patrullero junto a otros uniformados por una calle que da a la parte trasera de la escuela donde estaba Lepratti. El patrullero se detuvo, el policía se bajó y abrió fuego. Uno de los perdigones le dio al militante social cuando salió a pedir que no tiraran hacia la escuela.