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La declaración que el abogado Fabián Carozzo Donatiello debía prestar ayer por teleconferencia con el juez federal Ariel Lijo, en la causa por la quiebra de la ex imprenta Ciccone Calcográfica y que involucra al vicepresidente Amado Boudou, se suspendió por un recurso interpuesto por el propio testigo. Carozzo Donatiello presentó un escrito ante los tribunales españoles –país donde reside actualmente– que dejó sin efecto y sin fecha su declaración ante la Justicia argentina.

El testigo se presentó ayer ante la jueza española Sonia Agudo Torrijo, del juzgado de Colmenar Viejo, en las afueras de Madrid, y dejó un escrito por el cual la magistrada suspendió la declaración que debía realizar cuatro horas después, por teleconferencia, ante Lijo. Ahora Lijo debe esperar que su par de España le envíe, vía exhorto, la presentación de Caro-zzo Donatiello y los trámites de la causa para luego resolver cómo continúa la situación del testigo.

El juez Federal citó a declarar a Carozzo Donatiello porque quería saber si él había firmado un contrato de alquiler con Boudou y, en caso de que hubiera sido así, le diera una copia de lo acordado. El testigo aparece como el inquilino del departamento de Boudou de la calle Juana Manso 740, en el piso 25, en Puerto Madero, en el que aparecieron facturas por expensas y servicio de TV por cable a nombre de Alejandro Vandenbroele, dueño de The Old Fund, el fondo de inversión que accedió al rescate de la ex Ciccone Calcográfica.

Boudou aseguró ante la Justicia que no conoce a Vandenbroele ni a Donatiello, y que sólo firmó el contrato de alquiler “en ausencia” por una gestión que hizo su amigo el empresario José María Núñez Carmona. “Todas estas gestiones fueron llevadas a cabo por el señor Núñez Carmona atento la relación que me vincula con éste, y con la firme intención de ayudar a resolver este tipo de cuestiones menores, a quien para entonces debía concentrar su tiempo en ocuparse de las importantes funciones ministeriales que se encontraban a su cargo”, señaló en su escrito.

Lijo investiga si Boudou, entonces ministro de Economía, habría incurrido en el supuesto delito de intentar beneficiarse a través de un grupo de allegados o amigos para controlar a la quebrada Ciccone (la única imprenta con capacidad para fabricar billetes, por fuera de la Casa de Moneda), ahora estatizada.