La imagen más común de qué es y qué representa un fiscal se parece a la de las películas: alguien que acusa, o que persigue, distante, a veces incluso con algo de policía. Otra faceta, no siempre tan visible, es la que relaciona a los fiscales con denunciantes o víctimas, quienes a menudo carecen de acceso o noción siquiera de sus servicios de justicia. El problema del acceso es el que ha llevado a repensar el papel del Ministerio Público Fiscal en especial en territorios con población vulnerable y de alta conflictividad. La Procuración General busca “dar un giro” y alentar un nuevo modelo que piense a los fiscales como “agentes de prevención y promoción de derechos, no sólo como acusadores, y como quienes ejercen la potestad punitiva con conocimiento de los contextos donde actúan”. Así lo explica a Página/12 Julián Axat, quien comenzó a dirigir un programa comunitario que se desarrollará desde adentro de las villas y asentamientos de todo el país, con oficinas instaladas en esos barrios, que se llamarán Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia o Atajo (una sigla que refleja su significado).

La presencia de Axat no parece azarosa, ya que viene de trabajar como defensor público juvenil en La Plata, donde se ha ocupado de acercar el Poder Judicial a los sectores populares, en particular a niños, niñas y adolescentes, y donde ha tenido que lidiar con situaciones de alta criminalización y de violencia institucional. Ahora llevará esa experiencia al Programa de Acceso Comunitario al Ministerio Público Fiscal, que se arraigará en barrios de la ciudad de Buenos Aires primero y luego comenzará a afincarse en las provincias. Su oficina estará frente a la Casa de la Cultura en la llamada Villa 21, la más grande del área metropolitana. Las agencias (o Atajos hacia la Justicia) tendrán la función de recibir y canalizar denuncias, pero también asesorar y proveer información sobre derechos. Prestarán especial atención a las personas o colectivos sociales en situación de “vulnerabilidad” (quienes por razones de edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales tengan dificultades para ejercer plenamente sus derechos).

“En las villas se asocia al fiscal como policía de saco y corbata. Ingresar a los barrios y villas por medio de las fuerzas de seguridad es propio de la cultura del Ministerio Público”, señala Axat. “Estar dentro de los barrios, que la gente conozca sus derechos, mejorar la canalización institucional de los problemas, reduce el delito mucho más que haciéndolo por medio de la violencia legal. El compromiso con la prevención social, la promoción de derechos, no es incompatible con el ejercicio más fino y circunstanciado de la acción pública y la persecución de delitos”, explica. El Ministerio Público fiscal actual –dice– tiene sello francés, “con fuerte impronta monárquica y luego iluminista, en donde el ejercicio de la acción pública es la defensa de la legalidad”. Propone diseñar “otros modelos, de tipo comunitarista, como el modelo americano, o el de algunos países latinoamericanos (como Bolivia y Venezuela), en los que el ejercicio de la acción pública involucra los procesos sociales, y el espacio comunitario en los que se defenderá la legalidad”.

En la Villa 21, Axat ya comenzó a relevar los problemas específicos, locales, y a diseñar actividades para establecer lazos con sus habitantes. Los más ostensibles, vinculados con las condiciones de vivienda, son el hacinamiento habitacional, el riesgo eléctrico (por la precariedad de las instalaciones), la falta de desagües cloacales, la contaminación del Riachuelo; en otro plano, aparecen problemas de gran complejidad, como los enfrentamientos entre bandas narcos, el problema de las adicciones (como el consumo de paco) y el elevado índice de homicidios violentos (el más alto de la Capital). Los primeros han sido en parte tratados por la Justicia porteña, “pero el ministerio público fiscal no ha tenido participación y comenzará a incluirse”, dice Axat.

“En las cuestiones policiales no vamos a intervenir como acusadores, sino en la prevención –explica–. Nuestra tarea será acompañar a las víctimas de delitos violentos y empoderamiento en derechos. Habrá, aparte, fiscalías que hagan la investigación de instrucción. En temas específicos, como narcotráfico, actuaremos con la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad)”. En relación con el delito, Axat se apoya en un análisis “multicausal”, describe: “A veces el delito no es sólo consecuencia de necesidades básicas insatisfechas; los jóvenes, por ejemplo, necesitan información básica sobre las consecuencias penales de sus actos, y de eso vamos a ocuparnos”.

Desde que comenzó a ir al barrio, hace un mes, encontró todo tipo de situaciones que lo convocaron. La semana pasada un chico fue asesinado por un policía que le disparó por la espalda porque sospechó que estaba robando un auto. “Al estar ahí, nos enteramos rápido, podemos dar intervención enseguida a la Procuvin (procuraduría de violencia institucional), facilitar que se haga la autopsia con celeridad, ayudar a la familia, cosas que habitualmente no suceden”, señala Axat. Al contrario, es más común que las fuerzas de seguridad luego intenten silenciar al barrio. Las Atajos estarán para asistir y prevenir violencia de género, o familiar, o para que deje de ser algo normal que un cadáver esté tirado durante días en la calle tras un ajuste de cuentas.

El abanico de acción es enorme, porque también lo son los grupos vulnerables. El miércoles último, por ejemplo, en una actividad para la tercera edad a la que Axat asistió con el fiscal del PAMI, Pablo Pique, recibió pedidos de gente que llegó al país, la mayoría de Paraguay, desde 1950 en adelante: algunos no tienen aportes, ni jubilación, ni saben lo que es una obra social. Así, irán desarrollando talleres y las Atajo estarán disponibles en forma permanente. El sábado 14 de junio habrá una jornada especial en Barrio Mitre para jóvenes y adultos mayores, que incluirá desde talleres sobre derechos hasta recitales.

Cada agencia tendrá un abogado coordinador facultado para recibir denuncias, habrá otros profesionales que puedan orientar en el acceso a la Justicia (puede ser politólogo/a, sociólogo/a, abogado/a, antropólogo/a, trabajador/a social), dos profesionales de las ciencias sociales y dos administrativos. A su vez, en el caso de la Villa 21 Axat está organizando su tarea con el padre Toto y referentes de organizaciones sociales que viven allí. Como otra forma de afincarse y enlazarse con el territorio, las agencias prevén una suerte de “cupo villero” para poder ingresar a trabajar como parte del Ministerio Público, en cargos de auxiliares. En la Villa 21 se anotaron 60 personas, con el solo requisito de tener primaria completa, de las que entrarán tres. Es la puesta en práctica del famoso “ingreso igualitario” a la Justicia, que desde el año pasado es ley. “Yo no quiero ser un paracaidista en la villa, quiero trabajar con gente del lugar, que conozca el terreno y sus conflictividades. No quiero ser el que entra con la policía, quiero despolicializar. Los fiscales suelen actuar desde su oficina, la idea es que vengan, como parte de este proceso”, explica Axat. “Pienso en un servicio de justicia acorde con esas necesidades –proyecta– que ayude a restablecer vínculos comunitarios como parte de la construcción de la paz social, de la cultura de la tolerancia y de la legalidad entendida en modo democrático, y que a la vez sirva de insumo para los fiscales, programas y procuradurías, como también para reorientar y planificar la política criminal.”