La muerte del ex capellán Aldo Vara en su refugio paraguayo termina de blindar la impunidad de los sacerdotes que participaron y consintieron con su silencio el terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Sin embargo, la decisión consensuada entre dos diócesis de la Argentina y Paraguay para esconderlo en una parroquia de Ciudad del Este, donde el obispo lo calificó el jueves como un perseguido político, vuelve a poner a la Iglesia Católica en la mira de la Justicia, ya no por secuestros o torturas sino por encubrir a un prófugo. Una instrucción judicial a paso cansino permitió que el arzobispado de Bahía Blanca y el apoderado de Vara tuvieran tiempo de seleccionar papeles antes de los allanamientos. Pero los datos que surgen de la investigación para dar con el prófugo más los aportes de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, que ante el primer indicio de complicidad fueron a la Curia y lograron la confirmación por parte de su administrador, acotan el margen de maniobra de quienes buscan evitar que el arzobispo Guillermo Garlatti sea citado a indagatoria. La decisión está en manos del juez subrogante Santiago Martínez, quien se ha distinguido por su obstinación en frustrar el avance de las causas de lesa humanidad con imputados civiles y por estos días disfruta de las Rutas del Vino de España junto a entrañables amigos de la cofradía judicial de Bahía Blanca.

Ex capellán del Batallón de Comunicaciones 181 con el grado de capitán, con funciones definidas por el Reglamento de Operaciones Sicológicas del Ejército, Vara fue el único sacerdote compañero de andanzas de Vilas, Azpitarte & Cía., que antes de morir llegó a estar imputado por los crímenes del Cuerpo V. El arzobispo bahiense era entonces Jorge Mayer, que en 1977 condecoró a cinco militares “que se destacaron en la lucha contra la subversión” y fustigó a “una guerrilla terrorista que ha violado constantemente la más elemental convivencia humana”. Dos de los cinco condecorados fueron condenados, dos están prófugos y el quinto era el fallecido Julián “Laucha” Corres, que administraba la picana en el centro clandestino La Escuelita, a 200 metros de donde Mayer bendecía las medallas. Su vicario general era Emilio Ogñenovich, que en los ‘80 militaría contra la Ley de Divorcio y en los ‘90 celebraría el desguace del Estado a cambio de subsidios para su diócesis. “Los profetas de una moral sin Dios están recogiendo las consecuencias lógicas”, predicaba en 1976, mientras se burlaba de madres de desaparecidos: “A su hijo en este momento lo están haciendo cantar”. “La sociedad está cansada de inútiles declaraciones sobre derechos humanos”, rezongó en 1977. El capellán del comando era Dante Vega, quien durante la dictadura admitió ante madres de secuestrados que sus hijos estaban en La Escuelita (“No me nombren porque me comprometen, pero insistan”, aconsejó) y en 1983 juró por la Biblia no conocerlas.

El arzobispado de Bahía Blanca, que nunca manifestó arrepentimiento ni pidió perdón por avalar el terrorismo de Estado, está desde 2003 a cargo de Garlatti, quien por medio de su abogado intentó tomar distancia de Vara con un escrito en el que dijo estar “espiritual e ideológicamente en las antípodas” del ex capellán. El problema del arzobispo, más allá del espíritu o las ideas, pasa por hechos y pruebas. De la investigación para encontrar a Vara surge que salió del país el 15 de agosto de 2011, un mes y medio después del comienzo del primer juicio a represores bahienses, donde se repetirían los testimonios que lo incriminaban, que podían costarle su inmediata detención. El obispo que le dio cobijo en Ciudad del Este, Rogelio Livieres Plano, confesó luego de que Interpol descubriera el escondite que Vara “fue recibido a pedido de su obispo”, léase Garlatti. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, blanqueó el motivo el párroco Ecar Rolón para justificar el encubrimiento consensuado por ambas diócesis. Ante los requerimientos del juez federal Alvaro Coleffi, tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y los arzobispados de Mendoza, San Rafael, La Plata y Bahía Blanca dijeron desconocer el paradero de Vara. Garlatti agregó un dato sugestivo, que destacó el periodista Diego Kenis en la agencia Paco Urondo: dijo que Vara no había elevado ninguna solicitud para trasladarse al exterior. Omitió, en cambio, aportar la información que habría acelerado la captura y que su administrador Bruno Cuchetti admitió ante la súbita aparición de Nebbia y Palazzani: que un apoderado cobraba todos los meses, incluso los ocho en que estuvo prófugo, el “Fondo de Solidaridad (Fides)” que la CEA paga a curas mayores de 68 años. Mientras el pedido de captura era público y el Estado ofrecía una recompensa a cambio de información, Garlatti firmaba mes a mes la misma papeleta en la que el empresario Leopoldo Bochile, apoderado de Vara, hacía constar el cobro para el amigo en desgracia.

A favor del arzobispo y del empresario juega la escasa vocación del Poder Judicial cuando los acusados no son morochos pobres y la buena vida de sus señorías. Nebbia y Palazzani presentaron la denuncia el martes 29 de abril, un día después de la captura de Vara. El 30, el fiscal Antonio Castaño pidió el allanamiento del arzobispado. El eterno subrogante Martínez lo rechazó y dejó pasar una semana, hasta el miércoles 7, cuando le delegó la investigación. Castaño reiteró el pedido y el allanamiento se concretó el 9, cuando la denuncia por encubrimiento ya había recorrido el mundo y la Curia había tenido diez días para elegir los papeles que sobrevivirían. De los cuatro sobres que se llevó la Policía Federal sólo trascendió que contenían el poder de Vara a Bochile & Sra., firmado en 2001, y las planillas con las firmas de los recibos por los pagos del Fides.

Ante la licencia de Castaño, de viaje por España, lo reemplazó el fiscal general Alejandro Cantaro, a quien organismos de derechos humanos de Bahía Blanca repudiaron en marzo por dar un reportaje al diario La Nueva Provincia días antes de que su director Vicente Massot debiera prestar declaración indagatoria y por “poner en duda la validez de las imputaciones” contra el ex secretario judicial Hugo Sierra, con quien escribió un libro de derecho penal y a quien acusan por delitos de lesa humanidad los mismos fiscales a quienes Cantaro dice valorar. Luego de escuchar la declaración de tres miembros de organismos para confirmar la veracidad de una respuesta del arzobispado que llevaba meses circulando por redes sociales, el fiscal general pidió el allanamiento a la casa de Bochile, que se concretó el 27 de mayo, tres semanas después de que Página/12 publicara su nombre como encubridor del prófugo. Cantaro reiteró los pedidos de indagatoria pero la respuesta deberá esperar cuanto menos hasta que el juez Martínez y un selecto grupo de enófilos de la familia judicial bahiense, incluido el propio fiscal, retornen de su paseo por el País Vasco.

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