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Los vaivenes de la causa judicial por los fondos buitre no sólo plantean inquietudes respecto de sus posibles consecuencias económicas. Para la oposición se ve también como un jeroglífico difícil de descifrar acerca de cómo deben posicionarse frente a la estrategia que lleva adelante el Gobierno. Tanto que se pueden observar distintas posturas entre dirigentes de la misma fuerza y hasta a veces en los mismos dirigentes, según cómo vengan las noticias del día. La idea que prevalece, sobre todo en quienes muestran ambiciones presidenciales, es repartir apoyos y críticas. “Toman posiciones más políticas que económicas, apuntan a diferenciarse del Gobierno para sacar algún tipo de ventaja de esta situación. Dicen que hay errores y que debió hacerse de otra manera, pero generalmente no explican cómo”, analiza el sociólogo Roberto Bacman, de la consultora CEOP.

Los cambios de Massa

Un caso es el del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien, siempre que pudo, evitó referirse al conflicto judicial que se dirime en Estados Unidos. “Mientras discutimos al juez Griesa, los precios se siguen disparando”, tiró la semana pasada, con el afán de no apartarse de la agenda de temas que le interesan “a la gente”. Así como esa semana batió el parche con la inflación, en la que pasó centró su mensaje en contra del Impuesto a las Ganancias. Pero no le quedó otra que salir a expresar su posición en el juicio de los holdouts luego de que su gurú económico, el ex ministro Roberto Lavagna, sacara una columna en Clarín advirtiendo sobre los peligros de pagar a los buitres y disparar la temida cláusula RUFO. Lavagna reclamó privilegiar al 93 por ciento de los bonistas que adhirieron al canje, igual que lo plantea el Gobierno.

“Todo lo que Argentina puede hacer para evitar el default lo tiene que hacer”, dijo entonces, no muy jugado, Massa. El candidato propuso “caminos intermedios para resolver esta situación en enero, y mientras tanto seguir cumpliendo las obligaciones con el resto de los bonistas”. En el Frente Renovador argumentaban que la prioridad que se marcó la fuerza fue plantear que más allá de lo que estaba sucediendo con la causa de los holdouts, “hay un parate importante en la economía argentina”. Pero que “después también se salió a explicar claramente que la cláusula RUFO no se puede disparar porque las consecuencias serían muy graves”, añadió un dirigente cercano a Massa. “Lo que ocurre es que Lavagna está relacionado con el canje 2005, que fue el que introdujo la cláusula RUFO”, recuerda Bacman. Recién el fin de semana, Massa vio un costado que podía aprovechar y se alejó de Lavagna hacia las posiciones de Martín Redrado. “La Argentina en default es un retroceso de diez años; la Argentina en default significa tirar a la basura el proceso de desendeudamiento de diez años y eso no es sano para la Argentina”, subrayó el diputado.

“La postura de Massa es la más difusa y especulativa. Describe la situación como delicada, pero no toma postura clara. Habla de negociar pero ha sido enfático en que no hay que caer en default porque representaría un grave retroceso. Esto se denomina valence issues o valencias: son temas en los que todos están de acuerdo por arriba hasta que haya que hacer operativo y específico su debate o implementación. Ahí Massa no ha dado muestra alguna. Es una postura típicamente electoral. De hecho, el término se lo asocia al estudio de las posturas generalistas en campaña”, explica Mario Riorda, consultor en estrategia y comunicación política.

Macri paga

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, mostró una postura diferente de la del resto de los candidatos presidenciales. Cuando todavía estaba fresca la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos de no tomar el caso, salió resuelto a decir que había que cumplir con el fallo de Griesa y pagar. Lo curioso es que días antes uno de sus principales referentes económicos, el diputado Federico Sturzenegger, había acompañado a una misión legislativa a Washington en donde se había expresado en duros términos contras las aspiraciones de los holdouts. En el entorno de Macri aseguran que la postura del jefe de Gobierno fue conversada de antemano con sus economistas y que no hubo contradicciones. Que primero acompañó la estrategia argentina, pero que una vez que salió el fallo judicial sólo queda acatarlo. “Lo importante es no castigar a los argentinos y al país con un problema de incumplimiento”, reiteró Macri en la última semana. Los problemas que podrían derivarse del pago a los buitres no entran en su análisis. “Si apelamos hasta la Corte Suprema era porque esperábamos un fallo favorable. ¿Si sale en contra entonces no lo acatamos?”, razonan cerca del líder del PRO.

El consultor Enrique Zuleta Puceiro, de OPSM, ve un objetivo preciso en la posición de Macri. “Luego del fallo, notamos que hay una mayoría del electorado que considera que hay que pagar y que el país está en condiciones de hacerlo. Macri apela a ese sector de la opinión pública que reclama ‘clarifiquemos esto, paguemos’”, argumenta. “La gente no cree que esté en juego el futuro de la Argentina. Pero, ojo, no piensa que haya que pagar a cualquier costo”, agrega. Mario Riorda le da otra vuelta. “El PRO sostiene un eufemismo muy interesante: no dice que haya que pagar, afirma que hay cumplir el fallo. Lo interesante es que desde lo judicial es el más tajante en la implicancia directa de su postura: pagar”, sostiene.

Muchos Unen

Una vez más, el sector que mostró mayor diversidad de opiniones fue el Frente Amplio Unen, casi tantas como voces intervinieron. Con matices, los precandidatos radicales Julio Cobos y Ernesto Sanz se inclinaron por acatar el fallo y pagar. “Hay que cumplir con la sentencia de Griesa”, remarcó Sanz. “Yo depositaría el 30 por ciento, como teniendo un gesto para que entiendan nuestro interés en pagar. No tenemos que entrar en default técnico”, apostó su coprovinciano Cobos. El socialista Hermes Binner es otro de los que no opina mucho sobre el caso, pero cuando lo hace opta por criticar “la improvisación” del Gobierno. Elisa Carrió se inclinó por la opción de depositar una garantía mientras se negocia y lo avaló con una extraña declaración. “No poner una garantía es como ir al default por una Louis Vuitton”, dijo, en supuesta ironía por la marca de carteras con la que alguna vez relacionaron a la presidenta Cristina Kirchner. Fernando “Pino” Solanas, como recuerda el sociólogo Manuel Mora y Araujo, es el que plantea “una posición diferente de la de todos los candidatos”, cuando dice que hay que revisar la deuda, una posibilidad que parece haber quedado muy atrás. Y si se quiere sumar otra voz está la del ex ministro Marín Lousteau, otro de los integrantes de aquella comitiva de legisladores que viajó a la capital del Estados Unidos, quien acusó a Griesa de tomar decisiones “incompatibles con el sentido común” y advirtió a los buitres que, “si la Argentina entra en default, cada vez tienen menos posibilidades de cobrar”. Ni hablar de Ricardo Alfonsín, quien respaldó la postura argentina y también criticó al juez Griesa en su negativa a reponer la medida cautelar que permita pagar a los bonistas del canje.

“El armado FA-Unen tiene problemas en su anclaje ideológico”, remarca Bacman. “Hay un FA-Unen cercano al PRO que dice que hay que pagar. Hay otro FA-Unen, de centroizquierda y más afín con las posiciones del gobierno nacional, más comprensivo de la situación que está atravesando”, agrega. “Los que dicen que hay que pagar ya plantean posibles acuerdos por Vaca Muerta, con lo que se volvería a políticas como la de los noventa”, argumenta. Zuleta Puceiro coincide en que en estas diferencias reside el problema central del FA-Unen. “En las encuestas sale que el 24 por ciento de la gente está dispuesto a votarlo, la cuestión es que cuando se inclina a la derecha o hacia la izquierda pierde a una porción de esos electores. El tema de los fondos buitre los obliga a definirse y ahí reaparecen las diferencias”, explica.

Zuleta Puceiro subraya que el Gobierno siempre supo sacar provecho de los momentos de polarización de la opinión pública y, en ese sentido, el caso de los fondos buitre no es una excepción. Sus últimos sondeos muestran un ascenso en la imagen de la Presidenta y del ministro de Economía, Axel Kicillof, cara visible de la estrategia negociadora. “Al Gobierno le sirve para recuperar sustento y la Presidenta obtiene rédito político. Esto obliga a los candidatos opositores a definirse. Hay quienes dicen que hay que pagar y están los que no quieren dejarle la bandera de ‘lo nacional’ al Gobierno”, concluye.

Riorda agrega que “la postura sobre el pago o no pago a los fondos buitre está enmarcada claramente en las posturas ideológicas de los diferentes actores políticos y hay bastante coherencia entre la ubicación ideológica y las afirmaciones sostenidas. Ello no implica desconocer que también hay condicionantes que se hacen presentes y que tienen que ver con el pragmatismo para gobernar, con una postura mayoritaria de rechazo a los fondos buitre, con el temor ciudadano que genera la palabra default, y con las implicancias electorales que tiene cada afirmación”.