La iniciativa es ambiciosa pero necesaria. El diputado nacional Juan Carlos Junio (Frente Nuevo Encuentro) presentará un proyecto de ley de su autoría que prevé la creación de un instituto de la memoria dentro de la Guarnición del Ejército de Campo de Mayo, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. Será hoy, a las 18, en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), donde el legislador estará acompañado por Gustavo Ruggiero, secretario general de la universidad, y Antonio Fernández, de la Comisión Campo de Mayo. “No hay un lugar así que refleje la dimensión que tuvo el genocidio en esta zona del país”, dijo Junio a Página/12. La otra particularidad consiste en que sería el único sitio de memoria ubicado en un destacamento militar en funcionamiento activo.

La propuesta parlamentaria apunta a la creación del Instituto para la Preservación y Recuperación de la Memoria Campo de Mayo (Imcam) y también cuenta con la firma del diputado nacional Carlos Heller, de la misma agrupación política. Entre sus objetivos figuran “la preservación, el resguardo y la transmisión de la memoria de las violaciones a los derechos humanos, del terrorismo de Estado y de las consecuencias de la interrupción del estado de derecho en nuestro país”, tal como figura en sus fundamentos. El diputado Junio presentó el proyecto en abril y, tras el acto de hoy, el borrador comenzará su recorrido por las comisiones de la Cámara baja, en principio por las de Derechos Humanos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda. “A nivel local tiene un gran consenso, fueron una docena de reuniones con casi treinta organizaciones, y espero que tenga la misma adhesión a nivel nacional ahora”, apunta el legislador sobre el proyecto que se enmarca en la legislación nacional sobre los sitios de memoria y cuyos fondos serían aportados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Según está pensado, el Imcam tendrá su domicilio en la Puerta 6 bis de la Guarnición Militar Campo de Mayo, ubicada en la ruta 23, partido de San Miguel. Para su sede definitiva se afectará, de manera exclusiva, una superficie de cuatro hectáreas. Además, también quedarán bajo la órbita exclusiva del Imcam todos los inmuebles que se utilizaron como centros clandestinos de detención (CCD) radicados dentro de su zona de influencia. El proyecto de ley detalla que el Imcam tendrá como funciones “promover la profundización del sistema democrático; consolidar una cultura de protección de los derechos humanos, fortalecer los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana; fomentar el intercambio interinstitucional entre diversos sectores y actores de la comunidad; fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por la vigencia plena de los derechos humanos y sus implicancias en los planos normativo, ético, político e institucional; y promover el uso de los espacios de memoria para actividades académicas, formativas y recreativas en beneficio de la comunidad”.

Página/12 le preguntó a Junio sobre el origen de la iniciativa. “Es una antigua idea que nació en 2007, por parte de muchos militantes de derechos humanos de la zona oeste y norte, y tomó más fuerza en 2011, cuando la UNGS empezó a jugar un papel importante. En términos políticos lo lleva adelante un grupo de diputados, pero es la expresión acabada de un colectivo social que consensuó el proyecto”, respondió. “Es un proyecto ambicioso porque Campo de Mayo fue un centro clandestino de detención de los más grandes, y así como en Capital está el sitio de la ex ESMA, ellos insistían en que en esa zona no tenían un lugar así”, apuntó. Consultado sobre la “convivencia” con el Ejército, el diputado prefirió hablar de “coexistencia” en un espacio cercano. Y comentó que el proyecto contaba con el aval del anterior ministro de Defensa, a la vez que descontó que el actual titular de la cartera, Agustín Rossi, también lo apoyaría.

En los fundamentos del proyecto, Junio destaca que “con una clara decisión, en el marco de una política de Estado, desde el 25 de mayo del 2003, el gobierno nacional, encabezado por el entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, inició una política de derechos humanos que continúa hasta nuestros días y que tiene como eje no sólo la reanudación de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, sino también la difusión de la memoria histórica sobre el terrorismo de Estado en la bicentenaria historia argentina”. En la propuesta se recomienda que la UNGS se involucre activamente en el diseño institucional del espacio de memoria, en acuerdo con los distintos organismos nacionales y provinciales en la materia, como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.